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viernes, diciembre 13, 2024

Michelle Bachelet (ONU): Hay una agenta ‘antiderechos’ en el país

La alta comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó ayer, en conferencia de prensa, que en el Perú existe un movimiento y una agenda legislativa antiderechos humanos.

“La polarización se ha profundizado en los últimos meses y hay indicios preocupantes de que los movimientos antiderechos están ganando terreno. Me preocupa que el discurso de odio contra adversarios, migrantes y otros y la discriminación y la violencia puedan exacerbarse durante las elecciones locales y regionales que se celebrarán en octubre”, señaló la exmandataria.

Cuando la prensa le consultó, expresó su preocupación contra el proyecto de ley que apunta a cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia.

“Alguien podría decir qué importa, es un cambio de nombre, pero lo que está detrás es también cómo uno mira la situación de la mujer en el Perú, cómo uno no se hace cargo de las mujeres, que son un sector más marginalizado y discriminado. Son iniciativas que parecieran menores, pero hay de trasfondo una agenda antiderechos que me preocupa”, sostuvo Bachelet.

En su visita a Perú, la alta comisionada se reunió con diversos movimientos que velan por los derechos humanos y también con deudos de las personas que padecieron la violencia entre la década de los 80 y 90, como, por ejemplo, con las esterilizaciones forzadas, y la represión del gobierno de Manuel Merino en 2020.

“Los lugares como el Ojo que Llora en Lima o la Hoyada en Ayacucho honran a las víctimas y ayudan a superar el pasado. Las víctimas de las protestas de noviembre de 2020 también han mostrado una fuerza similar en la búsqueda de justicia. Un joven que encontré en una de mis reuniones lo dijo claramente: mi generación está harta de la impunidad”, recalcó Bachelet.

Finalmente, en su reunión con representantes del Congreso, estos le prometieron que revisarán si aprueban el Acuerdo de Escazú. Asimismo, Bachelet demandó que la elección del nuevo Defensor del Pueblo respete los estándares de transparencia.

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