Tres gremios de transporte urbano de Lima y Callao suscribieron un acta de acuerdos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para levantar el paro iniciado el lunes. El documento fue firmado por los dirigentes Ricardo Pareja, de la Cámara de Transporte Urbano; Martín Valeriano, de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra); y Emeterio Valdiviezo, de la Asociación de Empresas de Transportes del Callao (Asetraca). Sin embargo, queda pendiente el gremio de transporte multimodal representado por Geovani Diez.
En el acta se menciona lo siguiente: la devolución temporal del 70 % del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicable al combustible diésel, el pago del 40% del monto de los peajes durante cuatro meses, la lucha contra la informalidad, el refinanciamiento de deudas, estabilidad jurídica y transición energética.
Según el vocero del gremio de transportistas, Ricardo Pareja, a diferencia de anteriores negociaciones, en esta se han establecido mesas de diálogo y tres semanas de plazo para elaborar un diagnóstico de las necesidades del transporte urbano, así como para establecer soluciones.
Opiniones
Para el exviceministro de Transportes Gustavo Guerra García, todas las propuestas son viables; sin embargo, se deben incluir en una ley. Esto es en el caso del ISC, el subsidio y la transformación enérgica. “Es la primera vez que el transporte urbano logra este beneficio que ya lo tenían los interprovinciales”, señaló.
Asimismo, sobre la demanda del refinanciamiento de deudas, señala que es un tema técnico complejo, sobre todo para definir qué empresas deben acceder a este beneficio. “Muchos han tenido refinanciaciones y están en rojo en el estado financiero”, precisó.
En tanto, para el experto en transporte, Luis Quispe Candia, ninguno de los ofrecimientos son totalmente viables. “Son (medidas) fáciles de prometer, pero difíciles de cumplir”, expresó.
En relación a los peajes, indicó que todos los concesionarios de Lima son privados, por lo que ve difícil cumplir con esta medida. “No tiene ningún sentido si no han consultado con las empresas”, cuestionó.
En cuanto a la estabilidad jurídica, alertó que es una oferta muy peligrosa, ya que podría retrasar la creación del sistema integrado de transporte. “Esta ley no debería ser aprobada en el Congreso”, finalizó.