Por Juan De la Puente
Se forma en el Perú un nuevo escenario que reclama la presencia de nuevos actores. El escenario anterior ha concluido por colapso. Se inició cuando en julio se impuso una nueva mayoría más claramente destituyente, y terminó con la difusión de los audios de César Acuña-APP el 2 de setiembre. Este impulso ya había sido contenido cuando el 18 de agosto acudió el premier Anibal Torres al Congreso, del que salió airoso, y cuando se publicaron las encuestas con Castillo subiendo en aprobación, en una de ellas, la de IEP, 10 puntos porcentuales en un mes.
Los audios Acuña-APP difundidos por Epicentro.TV tienen una excepcional importancia. Explican, precisamente, el colapso de esa última ofensiva contra Castillo y el deterioro del llamado bloque democrático. Según los audios, al Congreso le faltan votos para la vacancia y una estrategia común y en cambio, buena parte de sus miembros tienen el temor de que una decisión disruptiva suya sea rechazada activamente por la opinión pública.
Los audios revelan un estado de cosas parlamentario de tipo estructural, con las siguientes claves: 1) en julio hubo un pacto destituyente que fue parte de las negociaciones para elegir a la mesa directiva, un acuerdo del que algunos se desentienden; 2) el bloque democrático no acepta el adelanto electoral y buena parte de él cree poder sobrevivir a la caída de Castillo; 3) la mayoría se encuentra emplazada contra Castillo, pero adolece de una dirección política; en el viejo lenguaje, carecen de táctica; 4) a pesar de los números, a esa mayoría le falta capacidad operativa en cuestiones básicas de la actividad parlamentaria, como tener una agenda legislativa; y 5) la bancada de Fuerza Popular está en desacuerdo con Keiko Fujimori sobre el adelanto electoral.
Los audios revelan que la crisis del Congreso es más severa de lo que se pensaba. Salvo Fuerza Popular y en menor medida Perú Libre, una tendencia centrífuga ha separado a las bancadas e internamente a la mayoría de ellas, y ha diluido el centro de su actividad, lanzando al desgaire prioridades disímiles. La confesión de Lady Camones sobre que 50 de los 100 dictámenes se refieren a leyes declarativas resume la intensidad de esa política centrífuga, menuda y primariamente inútil.
La crisis del Gobierno ha contagiado al Congreso. Es una crisis compartida y así lo siente el país. No es una novedad. Los “niños”, “topos” díscolos, pícaros, políticos itinerantes y buscavidas bien podrían ser mayoría o la primera minoría, una mesa parlamentaria pragmática cuyo principal propósito es llegar al 2026. Sacar a Castillo del poder podría dejar de ser su prioridad.
“Es mejor que todos se queden hasta el 2026” es una alternativa que ha empezado a escucharse en los pasillos del poder. Se alude al temor de que luego de Castillo venga otro “realmente” más peligroso como Antauro Humala (AH), convertido en pocos días en el comodín de la baraja.
El comodín ha empezado a funcionar. Desde el Gobierno se envía el mensaje de que si destituyen a Castillo y Boluarte, el resultado electoral podría ser peor, con A. Humala en el poder. Desde los poderes económicos se ensaya el discurso de que es preferible que Castillo culmine su mandato en 2026, considerando que tampoco ha hecho realidad su programa radical. Desde los grupos radicalizados de la sociedad, AH resume la presión contra un Castillo “tibio” que debe cumplir su promesa de convocar una asamblea constituyente. Y desde un sector parecido y concurrente, AH es la expresión pura del “que se vayan todos”, sin pacto y sin reformas, una liberación caótica de fuerzas identitarias.
Humala es consciente de su papel de comodín y por eso reelabora su discurso nacional populista y restrictor de derechos de corte bufón, con un relato que calza con las necesidades de los intereses contrarios a cualquier cambio. El fascista está a gusto en ese papel y mucho más a gusto porque ha engañado a una parte de la izquierda, a la facción infantil.
Demasiado nerviosismo. Asustar a los empresarios y a los dueños de los medios de comunicación tradicionales, es un oficio inescrupuloso muy en boga en estos meses. Del susto por las inminentes expropiaciones de Castillo en 2021 (“hay que irse del país”) se pasó al susto de la asamblea constituyente (“recogeremos firmas para que no haya una constituyente”), la recesión de la economía y la inflación galopante en 2022, los impuestos confiscatorios y, ahora, el andahuaylazo nacional. Nunca había visto un uso tan retorcido de categorías analíticas de lo político. Si la paranoia progresa -agárrense- Castillo podría pasar de factor de división a factor de unidad nacional.
El nuevo escenario se inicia con demasiados temores, especulaciones y presunciones conspirativas, un rito petulante en el que las fuerzas ya conocidas se asumen poderosas y decisivas. No lo son. Son tendencias precarias, tuertas y de triste desempeño que operan en base al ensayo y error, y sobre todo al reiterado error.
Los análisis que se centran en la falta de capacidades del Gobierno, lo que es cierto, deben reconocer lo que obviaron: que la crisis estructural del Congreso es un límite en su lucha contra Castillo. Su fragmentación es real y carece de liderazgo, pero el Congreso no es una tropa de jóvenes pelucones que buscan un sargento que les ordene hacer sentadillas y marchar derechos.
La implosión/fragmentación del Congreso parece no tener retorno. La repetición del colapso es una opción. La elección del nuevo presidente del Parlamento indica una agónica recomposición de la coalición destituyente. Su luna de miel será muy corta. Su crisis interna derivará en más deserciones y encono interno en lugar de que revierta una inestabilidad muy aguda. Quizás se reagrupe bajo un impulso externo -¿Cuál? ¿Quién podrá defenderlo?- o si su nuevo presidente se aleja de la vacancia para acercarse al adelanto electoral.
Finalmente, hay elementos a considerar en el escenario que se gesta. La élite belicosa y capitalina ya no permea a la sociedad. Es cierto que ingresamos a un momento populista e identitario de trámite riesgoso en el mediano plazo, aunque ahora mismo la orientación del Gobierno es una mezcla difusa populista y pragmática que opera a la defensiva, con decisiones de muy corto plazo y alta capacidad de daño institucional.
El país lo sabe, pero recibe con tolerancia los inflamados anuncios de las salidas disruptivas. Sabe que si estas salidas se concretan, su trámite es impredecible y que estas decisiones pueden significar una etapa de alta incertidumbre legal e internacional y arrastrar en el peor de los casos a la sucesión de gobiernos cortos o presidencias precarias que dependan de decisiones judiciales. El pequeño país belicoso también lo sabe, pero prefiere callar sobre eso.
En el escenario en formación, los riesgos de corto plazo se ubican más en las instituciones y menos en la sociedad. El debate institucional ha perdido peso y el nudo de la gobernabilidad sigue siendo las relaciones Gobierno/Congreso y sus propias inestabilidades, frente a una sociedad más resiliente, distante e incrédula. Frente a la élite polarizada hay un país fragmentado que sigue trabajando y demandando derechos (la Defensoría reporta 337 acciones de protesta en agosto, 63 más que el mes anterior), más plural y menos volcado a favor de alguna de las opciones explosivas. El mapa institucional y el mapa social representan por ahora dos mundos que apenas se tocan.