Por Neptalí Carpio
Varios factores concurrieron en la creación de un escenario desfavorable para la aprobación del nuevo texto de constitución elaborado por la Convención Constitucional Chilena. La percepción ciudadana de que la propuesta de un Estado Plurinacional era en realidad una propuesta ideológica que generaría más enfrentamiento entre los chilenos, rompiendo con ciertas tradiciones; el derecho a la interrupción del embarazo, la reelección presidencial, la anulación del senado, el sistema de justicia propuesto y una intensa campaña de desinformación, fueron las tres causas que desembocaron en un amplio rechazo al texto constitucional propuesto.
Como trasfondo, el rechazo al proyecto ha capitalizado también el desgaste inicial de la gestión del presidente Boric y un pronunciado proceso de desaceleración económica.
Quisiera detenerme en el primero de los factores relacionado a la propuesta de creación de un estado plurinacional y reivindicación extensiva de los derechos indígenas, una propuesta que cruza transversalmente los 388 artículos y 57 disposiciones transitorias, de hecho uno de los textos de mayor articulado en comparación con otras constituciones latinoamericanas. Para amplios sectores de la sociedad este enfoque apareció como maximalista y sospechoso de un intento confuso de predominio ideológico que rompía con diversas tradiciones de Chile. Contradictoriamente, el proyecto no solo no formula un régimen económico, sino que tiene un desprecio por el rol de la empresa privada y el mercado en el desarrollo del país sureño.
En otros ámbitos, el proyecto era vanguardista y de avanzada, superior a casi todas las constituciones a nivel global, sobre todo, en el ámbito de los derechos civiles de última generación y a nivel ecológico. Pero para determinados sectores, por una falta de explicación de sus actores promotores, ha terminado por despertar más sospechas que certezas. A manera ilustrativa citaremos dos párrafos del artículo 6, relativo a los derechos y el carácter del Estado: “El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres”. Para algunos este artículo o no es bien entendido o despierta sospechas, sobre todo en los sectores conservadores de la sociedad chilena.
A mi juicio y recogiendo diversos puntos de vista, incluso de sectores de centro izquierda en ese país, a la base de esta propuesta maximalista de un Estado plurinacional existe una vertiente radical de izquierda en Latinoamérica que cree unilateralmente que es la norma legal la vía exclusiva para modificar una realidad que se presume injusta o excluyente. Es lo que en el derecho se conoce como la alienación de la norma. Se cree que cuantos más derechos se incluyen en una carta magna o en una ley, tanto más garantía habrá para cambiar las estructuras de una sociedad. Si leemos el texto del proyecto de constitución chilena que la gran mayoría de la ciudadanía ha rechazado nos daremos cuenta de una inflación de derechos pero ausencia de deberes. La gran mayoría de esos derechos reflejados también, en gran medida, en la parte orgánica del proyecto constitucional responden a una ideología de un sector de la izquierda o grupos indigenistas. Es eso lo que ha rechazado la mayoría ciudadana.
Curiosamente y a despecho de los propios izquierdistas chilenos y peruanos, fue el propio Marx un fuerte crítico de este modo de pensar excesivamente contractualista y formalista. Como el fundamento es la alienación del ser social por medio de la forma jurídica, la idea es tergiversar el carácter social del ser humano, identificando forma social con la forma jurídica (subsumen la sociedad en el Estado) vía contrato social. En la opinión de Marx el proceso de alienación social en la forma mercancía tiene su contraparte en el proceso de alienación propio del contrato político. De esa manera es que se puede explicar la naturalización (ideológica) tanto de las relaciones mercantiles como de las relaciones políticas. Superando este enfoque, teóricos como Max Weber señala que la ciencia política debe saber combinar el valor de la democracia formal con la fuerza de la legitimidad social, el papel de la opinión pública, de la “legitimidad de origen” y “legitimidad de desempeño”. Por tanto, la nueva carta magna chilena que se proponía, si bien tuvo los votos en la convención no había ganado la guerra informativa y cultural, para alcanzar la legitimidad necesaria.
Si una constitución expresa los fundamentos de un contrato social, esta no puede reflejar solo la ideología o los intereses corporativos de un sector de la sociedad, aun cuando estos hayan estado marginados hasta el momento previo de la Constitución que se quiere desechar. Debe reflejar los consensos básicos para generar una gobernabilidad duradera y garantizar las oportunidades para que las minorías excluidas ejerzan esos derechos y su realización social y cultural. Pero, distinto es pretender construir institucionalmente una hegemonía con el sainete de la plurinacionalidad para excluir a otros sectores. Dicho de otro modo, la izquierda chilena y diversos grupos indigenistas y ecologistas han hecho lo mismo de lo que dicen criticar del llamado “modelo neoliberal” que es predominante en la Carta Magna generada en la era del dictador Pinochet. Han querido remplazar el predominio de los intereses privados de los grandes grupos de poder económico por los intereses corporativos de minorías sociales y sectores de la izquierda radical. Del enfoque unidimensional neoliberal han querido pasar a la visión igualmente unidimensional de un estado plurinacional, como si Chile fuera igual que Bolivia o Ecuador, países que si tienen un extendido movimiento indígena en todo su territorio. Y no cabe duda que la forma de elección de la Convención Constituyente, con claros rasgos corporativos y predominio de grupos independientes se prestó para ello. La mayoría de los integrantes de la convención constituyente no entendieron que una nueva Carta Magna para ser duradera y generar gobernabilidad, en un contexto de alta polarización prolongada, no puede ser una constitución ideológica, sino, ésta debe ser plural y pactada.
Históricamente, desde la amplia gama de tipo de constituciones son aquellas rígidas y flexibles, así como las otorgadas, pactadas y democráticas, las que han tenido mayor trascendencia. El reto de la Convención Constitucional Chilena era optar por una carta magna pactada y democrática a fin de superar el largo enfrentamiento que proviene desde la constitución aprobada en el régimen de Pinochet, cerrando un ciclo de enfrentamiento. Y es precisamente esto lo que no ha logrado por ahora el proceso constitucional chileno. En lugar de crear un amplio consenso o una amplia mayoría a favor de una nueva Carta Magna, al día siguiente de la consulta chilena del fin de semana reciente, Chile amaneció con una sociedad igualmente polarizada. Todo parece indicar que amplios sectores de la sociedad chilena habría dejado un mensaje claro: “Si estamos de acuerdo con una nueva constitución, pero no con esta”
Es en este contexto donde el reinicio del proceso constitucional chileno como lo ha dejado entrever recientemente el presidente Boric, debería optar por una vía pactada o transaccional. Este proceso tendría los siguientes pasos: Primero, la designación de una comisión plural de alto nivel que consensue un texto constitucional en un plazo determinado. Segundo, la instalación de una nueva Convención Constitucional que revise ese texto elaborado por expertos y, Tercero, la convocatoria a un nuevo plebiscito que le dé una alta legitimidad a la nueva Carta Magna.
Diversos especialistas chilenos han señalado que esta sería la única vía para cerrar de manera exitosa y menos traumática este momento constituyente. Esos expertos señalan, incluso, que varios aspectos innovadores del texto rechazado podrían ser rescatados, pero en un marco de confianza y moderación de los diversos actores políticos, sociales y económicos.