Por Enrique Fernández-Maldonado
No queda duda que, en materia laboral, el actual gobierno ha avanzado como ningún otro en este siglo. En su primer año aumentó el salario mínimo, modificó la regulación sobre tercerización, introdujo cambios en el reglamento de relaciones colectivas, reinstaló la negociación colectiva económica en el sector público. Presentó, además, una propuesta de Código de Trabajo, antigua demanda de los trabajadores peruanos. La orientación hasta el momento ha sido pro-trabajador; y contra lo que opinan sus detractores, los cambios realizados se ajustan a las recomendaciones hechas por los órganos de control y comités de expertos de la OIT a la legislación vigente.
Se trata de acciones importantes, que contribuyen a mejorar las condiciones laborales del sector asalariado, compuesto por poco más del 50% de la PEA. Pero no alcanzan a la otra mitad, conformada por trabajadores autónomos, independientes o familiares no remunerados, cuya situación está marcada –mayoritariamente– por la falta de oportunidades y su subsistencia como autoempleados en condiciones de “informalidad”, lo que en realidad significa su exclusión de los sistemas de protección social. ¿Qué ha hecho el gobierno de Castillo para mejorar el empleo en estos sectores?
Resulta claro que el gran pendiente sigue siendo la implementación de políticas enfocadas en la generación de empleo productivo y de calidad. La economía peruana no genera suficientes oportunidades de empleo en los sectores modernos, dinámicos y formales, por lo que millones de peruanos se ven en la necesidad de inventarse sus fuentes de ingresos para sobrevivir. Esta dramática situación responde a las contradicciones sistémicas del modelo aplicado las últimas tres décadas, una de las cuales es su débil impacto en la generación de empleo productivo sostenible. ¿Cómo salir de ese entrampamiento? El consenso no ortodoxo apunta a diversificar la estructura productiva para potenciar los sectores intensivos en mano de obra; particularmente aquellos que incorporen valor agregado a los servicios y bienes producidos (manufactura, agroindustria, etc.).
Actualmente están vigentes dos políticas que enmarcan la acción del Estado en materia económica. Por un lado, la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) aprobada el 2019, y por otro, la Política Nacional de Empleo Decente (PNED), del 2021. Más allá de los déficits de origen (aprobadas sin diálogo social), y del diagnóstico errado del que parten (la informalidad como resultado de los “sobre costos” laborales), ambas políticas delinean una serie de acciones estratégicas que exigen de los sectores gubernamentales competentes, una actitud proactiva y articulada (así como una fuerte inyección de recursos). Por ejemplo, en materia de formación y capacitación de personal, las partidas presupuestales asignadas apenas alcanzan a un pequeñísimo segmento de la población con dificultades para integrarse a los mercados de trabajo.
Encaminarse hacia la solución de los principales problemas de empleo va requerir, por un lado, de una estrategia integral que apueste por la diversificación productiva y el fortalecimiento del mercado interno vía de la demanda agregada. Y por otro, del potenciamiento de los servicios públicos de asistencia técnica, formación, acceso a financiamiento, a la tecnología y mercados para los sectores laborales y micro empresas que constituyen el 80% de la PEA. Aspiraciones que requieren no solo financiamiento (y en serio), sino sobre todo voluntad política.