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sábado, diciembre 3, 2022

Inversión Pública post elecciones regionales y municipales

Por Karla Gaviño

Son diversos los retos que las nuevas autoridades regionales y municipales tendrán que afrontar en materia de gestión pública, incluyendo el desarrollo de inversiones públicas de calidad. Sobre esta materia, al inicio de la gestión podrían presentarse ciertas lentitudes propias de los procesos de aprendizaje y toma de conocimiento sobre la cartera de inversiones que se recibe, con obras en distintos niveles de avance, algunas de ellas paralizadas o con atrasos respecto de los tiempos 40previstos para su ejecución.

Asimismo, las nuevas autoridades pueden encontrar una presión pública y mediática por conocer más sobre las nuevas obras que anunció durante la campaña, incluyendo interrogantes sobre su inicio, los tiempos previstos de ejecución, formas de financiamiento, entre otros.

Ante ello, tan importante como contar con nuevas ideas que permitan modernizar los servicios a cargo de los Gobiernos Regionales y de las Municipalidades, incluyendo la ampliación de su cobertura y calidad en favor de la población, será brindar continuidad a las principales obras en desarrollo, sea que se encuentren en funcionamiento, en ejecución o en el análisis técnico previo. Parte de la clave para proveer servicios a la ciudadanía, partirá porque las nuevas autoridades no caigan en el discurso de “la obra no es mía, la heredé”, para pasar a una comprensión del rol que ejercen como autoridades elegidas y como funcionarios públicos, en un marco de continuidad de servicios, que lejos de significar la inercia, implique la posibilidad de mejora sin generar vacíos en las prestaciones. La obra no es de una autoridad ni de otra, es de la Entidad Pública para la población, y puede trascender gestiones desde que se conceptualiza como idea, hasta que se prestan los servicios. Saber garantizar esa continuidad es parte de las virtudes que necesitamos para lograr obras públicas que nos acerquen al desarrollo territorial.

En términos concretos se traducirá, por ejemplo, en la previsión de los gastos de operación y mantenimiento para obras en funcionamiento, en la continuidad de los contratos correctamente suscritos, en saber reconocer buenas inversiones públicas implementadas (o avanzadas) por gestiones previas para continuarlas y/o mejorarlas.

Mantener equipos técnicos con criterios de meritocracia, reconocer el valor de la experiencia y del conocimiento en los proyectos que se viene desarrollando, capacitando y actualizando al personal, será parte de las virtudes que se requieren para poder desarrollar buenas inversiones públicas. No menos importante, será la capacidad de las nuevas autoridades electas para poder articular con los distintos niveles de gobierno. Recordemos que a nivel territorial, se tienen competencias exclusivas pero también competencias compartidas entre Municipalidades y Regiones, así como entre los distritos y las provincias. Asimismo, la capacidad de articulación y de lograr trabajos conjuntos con las entidades del Gobierno Nacional, puede en muchos casos determinar el éxito en la gestión de las inversiones públicas y de las propias promesas de campaña.

Por ejemplo, en materias como la seguridad ciudadana, donde las acciones de apoyo principalmente a través de los serenazgos municipales, requieren una estrecha coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior, entre otros.

A ello, se suma el importante reto de la valoración e inclusión de la población en las inversiones públicas, por ejemplo en la capacidad de interacción y fomento de la participación ciudadana, lo cual va de la mano con una debida rendición de cuentas que transparente la gestión y fomente una ciudadanía activa e informada respecto de las obras que realizan las autoridades subnacionales para la provisión de los servicios básicos a su cargo.

Pero no todo puede ser dejado en manos de los nuevos Gobernadores Regionales, Alcaldes y sus equipos, esperando que tengan a bien solicitar capacitación o apoyo técnico para el adecuado manejo de la cartera de inversiones públicas de la región o del municipio. El Poder Ejecutivo, tiene en los próximos meses un reto importante y su acción o inacción será clave para la inversión pública subnacional en el 2023, pues de él dependen las rectorías de los principales sistemas administrativos que junto con la inversión pública, confluyen a lo largo de todo el ciclo de las inversiones públicas, de forma poco armoniosa y con dificultades en su aplicación.

En ese sentido, sería recomendable que el Poder Ejecutivo desarrolle una estrategia tomando la iniciativa de acercarse a los Gobernadores Regionales y Alcaldes electos, pudiendo priorizar por ejemplo a aquellos que tendrán a su cargo la continuidad o desarrollo de grandes proyectos o que reciben mayor cantidad de recursos, como en el caso del canon minero.

Adicionalmente, la estrategia debe romper con los esquemas tradicionales de capacitación de los rectores de los sistemas administrativos, consistentes en capacitar de forma separada en materias de inversión pública, presupuesto público, tesoro público, abastecimiento (que incluye las contrataciones del Estado), entre otros, para migrar a un esquema articulado de capacitaciones conjuntas, con ejemplos prácticos reales que sean resueltos en conjunto por los rectores de dichos sistemas, cada uno aportando desde su materia. Este cambio en la estrategia de capacitación es de suma importancia, porque los retos que asumirán las nuevas autoridades y sus funcionarios, no se presentarán de forma desagregada con escenarios donde solo corresponde aplicar los procesos de un sistema puntual, cual clase teórica. Por el contrario, continuarán presentándose de forma superpuesta y en simultáneo las reglas de los distintos sistemas del estado, a lo largo de las distintas fases o etapas que atraviesa una inversión pública.

Para una gestión subnacional entrante, afrontar estos procesos, sin una explicación integradora y conjunta por parte de los rectores llamados a capacitarlos, supone un espacio de aprendizaje y una serie de errores que podrían reducirse en gran medida, con un Poder Ejecutivo que se anticipe y prevenga estos escenarios. Asimismo, consideramos recomendable la proactividad para difundir y brindar apoyo técnico para implementar PMO’s (Project Management Office) o Gerencias de Proyectos, para las principales carteras de proyectos subnacionales.

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