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viernes, mayo 17, 2024

Vivir sin corrupción en el Perú: Un derecho humano a conquistar

Por Manuel Ato

A un año y meses del inicio de su mandato, los indicios de alta corrupción del gobierno de Pedro Castillo son contundentes. Las investigaciones periodísticas y fiscales dan cuenta de un círculo amplio de familiares, asesores y colaboradores muy cercanos al presidente involucrados junto con él en presuntos actos de colusión y tráfico de influencias. Aunque, más que una sofisticada organización criminal como la Fiscal de la Nación ha pretendido presentar, pareceríamos estar ante una desorganización criminal, un torpe asalto a las arcas públicas si lo comparamos, por ejemplo, con la mega corrupción de la dictadura fujimorista, o las acusaciones semejantes por las que no terminaron de responder aún ante la justicia los ex presidentes Toledo y García y sus allegados.

Ahora bien, contundente también es la protección que el artículo 117 de la Constitución le otorga al presidente Castillo ante la posibilidad de ser acusado por corrupción durante su gestión. Frente a ello, la Fiscal de la Nación ha optado por solicitarle al Congreso acusar al presidente interpretando que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita por el Perú en el 2004, es un tratado de derechos humanos que permite adecuar nuestra Constitución a su normativa.

Esta sería entonces la primera vez que un presidente peruano pasaría a ser juzgado durante su mandato por delitos de corrupción. Antes, otros fueron acusados recién luego de dejar el poder. Y para que aquello ocurra, un sector mayoritario del Congreso tendría que coincidir con la tesis de algunos constitucionalistas que sostiene que la mencionada convención obliga al Estado peruano con la fuerza de un tratado de derechos humanos. ¿Es eso posible?

Desde el punto de vista legal el tema es, por cierto, debatible pudiendo citarse distintas fuentes. La propia convención (2003), por ejemplo, señala claramente en el primer párrafo de su prefacio que la corrupción “da pie a violaciones de los derechos humanos”. Asimismo, en el prólogo al libro El Impacto de la Corrupción en los Derechos Humanos (2018), Luis Almagro, secretario general de la OEA, afirma que la corrupción ejercida por funcionarios públicos implica una violación a los derechos humanos “en tanto lesiona los principios básicos de una democracia de igualdad de oportunidades”. En constituciones como la de Ecuador (2008), en su artículo 3 se consagra el derecho fundamental a “vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”. En Cortes Supremas como la de la India (2012), se reconoce que la corrupción sistemática es en sí misma una violación de derechos humanos, “en tanto que conduce a crímenes económicos sistemáticos”. Y en nuestro medio, organizaciones como el Instituto de Derechos Humanos de la PUCP sostiene en su Proyecto Anticorrupción (2010) que el fenómeno de la corrupción “incide en la calidad y extensión de la satisfacción de los derechos fundamentales, sobre todo de los sectores más pobres de nuestro país”.

Si leemos en conjunto estos y otros referentes jurídicos de las últimas décadas, podemos identificar una tendencia favorable a concebir la alta corrupción como una violación de los derechos humanos. Y ello es congruente precisamente con el principio de progresividad, conforme al cual estos no pueden disminuir; al contrario, su interpretación debe progresar gradualmente, ampliando su ámbito de protección. Así, desde una visión progresista de los derechos humanos, bien debiera entenderse a la alta corrupción como una transgresión de los mismos. Ciertamente, sería ideal contar con un desarrollo legislativo interno que
profundice en este campo. Pero la ausencia de este no implica que la Convención de Naciones Unidas no pueda aplicarse desde ya vía ‘control de convencionalidad’ del Congreso.

Finalmente, ya desde el punto de vista político, ¿estará el Congreso en condiciones de llevar adelante el alturado debate que la coyuntura requiere? Difícilmente. Ya ha demostrado una mayoría significativa de este poder del Estado su preferencia por agendas de grupo antes que las del país. Como también ha demostrado el Ministerio Público que sus funcionarios son capaces de excederse a veces indebidamente en sus atribuciones. No se identifica, pues, un ámbito de lo público donde no haya serios cuestionamientos. Así como el presidente Castillo y su círculo deben responder por sus indicios de corrupción, La Fiscal de la Nación debe hacer lo propio respecto a la denuncia que la acusa de abusar de su posición para favorecer a su hermana. Y por supuesto, el Congreso debe responder también por sus ‘niños’ y demás congresistas de distintas bancadas que habrían traficado influencias.

En tal sentido, la oportunidad de que se haga justicia en todos estos estamentos, va a depender de que la sociedad civil asuma nuevamente un rol protagónico e histórico ante la crisis política. La historia demuestra que los derechos humanos se conquistan, y ese también es el caso del derecho a vivir sin corrupción en el Perú. Así, la lucha anticorrupción requiere hoy, entre muchos otros factores, que exijamos que proceda en el Congreso la acusación contra el presidente Castillo. Pero también, que demandemos del Congreso un conjunto de reformas políticas que nos conduzcan hacia el adelanto de elecciones presidenciales y congresales que la mayoría de la población ya reclama, en condiciones que mejoren sustancialmente nuestra democracia representativa.

El Congreso debe saber que, el suspender al presidente Castillo no solucionará por sí solo la crisis política, cuya responsabilidad es compartida por ambos poderes deslegitimados. Cuando la vicepresidenta Dina Boluarte o el presidente del Congreso sucedan a Pedro Castillo, debe ser sólo para convocar a nuevas elecciones previa reforma política y electoral como lo demanda la ciudadanía.

Fuentes:
– Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (2013).
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Con
vencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf

– Impacto de la Corrupción en los Derechos Humanos (2018). Carlos Tablante y Mariela
Morales Antoniazzi (editores).
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37786.pdf

– Constitución de la República del Ecuador (2008).
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

– Corte Suprema de India (2012). Estado de Maharashtra. Criminal Appellate Jurisdiction.
Criminal Appeal NO.1648 of 2012. Anti Corruption Branch, Mumbai.
https://indiankanoon.org/doc/92963982/

– IDEHPUCP. Proyecto Anticorrupción (2010).
https://idehpucp.pucp.edu.pe/proyectos/proyecto-anticorrupcion/sobre-el-proyecto/

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