La muerte de Abimael Guzmán, el mayor criminal de nuestra historia, vuelve la mirada hacia la necesidad de una adecuada meditación en torno a los años de violencia que vivió el país en las últimas dos décadas del siglo XX. Y quizás sea una oportunidad para plantear algunos puntos clave sobre los que, en torno a dicha época de nuestra historia, podamos profundizar más como sociedad, tanto por quienes lo vivimos como por aquellas generaciones que, afortunadamente, no tuvieron que lidiar con el terror.
Una primera cuestión es manifestar nuestra empatía con las víctimas del conflicto armado interno. Toda reflexión sobre el periodo de violencia supone que el centro de esta se encuentre en quienes han sido vulnerados en su dignidad humana. Más aún, cuando el perfil de quienes fueron impactados en mayor medida por lo prolongado y sangriento de este periodo fueron las personas pertenecientes a los sectores más excluidos y pobres de nuestro país.
En segundo término, es importante cuestionarnos sobre cómo un mediocre profesor de filosofía, basado en un maoísmo fundamentalista de manual, pudo conseguir adeptos para su causa capaces de generar tanto miedo y muerte en la sociedad peruana. Este grupo pudo avanzar en sus fines durante un momento histórico en el cual la discusión ideológica era mucho más dogmática y el sistema educativo se basaba más en el paporreteo y menos en la reflexión crítica, así como buscando aprovechar procesos de modernización inacabados, así como las fallas estructurales de un país basado en la discriminación y la exclusión. Estas falencias en nuestra forma de discusión pública y la búsqueda de salvadores con un proyecto fundamentalista bajo el brazo aún no se han superado.
Una tercera cuestión para discutir es el rol de los actores políticos para enfrentar este problema. De un lado, todos los partidos tuvieron víctimas entre sus filas, lo que generó que por lo menos una generación se haya alejado de la política, por miedo a ser asesinados. De otro lado, es importante ver el comportamiento errático que se tuvo en varias partes del periodo de violencia y como varias de sus réplicas siguen hasta hoy. Algunos ejemplos: no creer que un grupo de militantes de izquierda pueda generar daño a quienes decían defender, considerar que toda izquierda es per se violenta y debe ser desterrada, aprovechar el dolor y miedo generados por el conflicto para generar un autoritarismo de nuevo cuño y, por cierto, no hacer una reflexión adecuada sobre lo hecho tanto durante los tres gobiernos que les tocó combatir al terror como desde la representación parlamentaria.
Como cuarto punto, resulta importante combatir toda forma de negacionismo y relativización de lo ocurrido. En las últimas semanas, con justa razón, se ha reclamado a algunos personajes del gobierno tomar una posición mucho más clara frente a Sendero Luminoso, dadas declaraciones y conductas pasadas bastante tolerantes, por decir lo menos, con la agrupación terrorista. Pero también hay que ser claros en afirmar que los negacionistas de actos deleznables cometidos por miembros de las fuerzas del orden han sido quienes más han contribuido a que no tengamos un debate nacional centrado y suficiente sobre los años de violencia. El terruqueo y la satanización del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se deben a quienes siguen considerando que hechos como Cayara, Accomarca, Barrios Altos, Los Cabitos y La Cantuta eran “meros costos a pagar por la pacificación”.
Finalmente, también es importante resaltar que la mayor parte de la sociedad peruana ha expresado, tanto durante el periodo de violencia como concluido el mismo, su rotundo rechazo a métodos terroristas inaceptables en la política peruana. Este rechazo debe continuar siendo un consenso nacional. El mejor homenaje a quienes sufrieron el terror es seguir recordando y garantizando que nuestras nuevas generaciones no se inclinen por salidas armadas. Lo opuesto a la política es la violencia.