El panorama es preocupante. La decisión del jefe de Estado, Pedro Castillo, de decretar la inmovilización obligatoria todo este martes ha causado ruido político ante lo que sería una medida inconstitucional.
De este modo, la Defensoría del Pueblo, se pronunció en su cumplimiento de su mandato constitucional de protección de derechos fundamentales y supervisión de la buena marcha de la administración pública,
«La medida adoptada por el Poder Ejecutivo es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao«, se manifestaron.
El órgano constitucional autónomo creado por la Constitución Política del Perú enfatizó en su comunicado que el Tribunal Constitucional «en reiterada jurisprudencia» ha señalado que los estados de emergencia y las medidas que se imponen a su amparo deben responder de forma inexcusable a los criterios de proporcionalidad y necesidad.
«Estas exigencias no se cumplen en el presente caso, pues no se ha expresado, razón alguna que justifique una inmovilización social tan estricta ni se ha señalado de qué forma la misma contribuirá a preservar el orden social«, agregaron.
Afectan a los trabajadores
Pese a que para el ministro de Justicia, Félix Chero, piensa que las personas “no se quedarán sin comer por que es un día”, la Defensoría indicó que la orden de inamovilidad no toma en cuenta los «severos impactos» que causarán a las trabajadoras y los trabajadores del país.
«La mayoría de los cuales laboran en condiciones de informalidad, razón por la que su derecho al trabajo se verá afectado lo mismo que otros derechos como a la alimentación, salud, educación», precisaron.
Asimismo, precisaron que esta medida tendrá consecuencias que serán aún más dañinas y generarán alarma en la población en unas circunstancias en las que se necesita calma y serenidad para resolver el conflicto generado a raíz de las demandas de los transportistas y los agricultores.
Finalmente, la Defensoría recordó que los estados de emergencia no son mecanismos que se usen para gestionar conflictos sociales, «para eso están los procesos de diálogo que el propio gobierno ha propiciado y cuyo compromiso de reunirse con los gremios en conflicto está aún pendiente».
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— Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) April 5, 2022
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