La inteligencia artificial está cambiando quién elabora, selecciona y transmite los mensajes políticos que reciben los ciudadanos. Los periodistas y los medios tradicionales han ido compartiendo ese papel con las redes sociales y sus algoritmos. Ahora, la IA puede incluso crear mensajes distintos para cada persona, sin que sepamos necesariamente quién los controla ni con qué propósito. Este es el primero de una serie de artículos en los que analizaremos, uno por uno, los cambios y riesgos aquí planteados, sus consecuencias para la relación entre los ciudadanos y el poder político y lo que está en juego para nuestra democracia.
La forma en que la política le habla a la gente está cambiando más rápido de lo que alcanzamos a entender. Cada plataforma nueva mueve las fichas: quién habla, quién escucha y quién decide de qué se habla. Y lo hace sin seguir ningún patrón. Los cambios llegan de golpe, se instalan sin pedir permiso y nos dejan con varias dudas. ¿A quién le llega de verdad el mensaje político? ¿Qué sectores ganan voz y cuáles se quedan callados? ¿Cuánto de todo esto termina en votos?
Y ahora entra en escena un actor que no se parece a ninguno de los anteriores. La inteligencia artificial puede ordenar ideas, escribir mensajes y ajustarlos a cada público por su cuenta, a una velocidad que ningún comando de campaña puede igualar. Es una herramienta muy potente, y lo que haga dependerá de las manos en que caiga.
El riesgo existe. Podríamos terminar con una política manejada por algoritmos o, peor todavía, por gente que desde la sombra aprenda a sacarle provecho a una tecnología que mejora mes a mes. En este artículo repasamos cómo llegamos hasta aquí y qué nos estamos jugando.
En pocos años cambió quién se pone entre la política y el ciudadano. Antes eran el periodista y los grandes medios los que decidían qué llegaba al público. Después ese papel lo empezaron a compartir los influencers, y el algoritmo de las redes pasó a filtrar lo que cada uno ve. Con la inteligencia artificial empieza otra etapa, que todavía tiene más preguntas que respuestas. No sabemos con qué criterios los asistentes de IA van a resumir la información política, quién va a responder cuando se equivoquen ni cuánto va a cambiar la forma en que la gente arma su opinión. Lo que sí está claro es que el esquema que conocíamos ya no alcanza para entender lo que se viene.
La diferencia con lo anterior es grande. El algoritmo de una red social ordena lo que escribió otro; el chatbot de la IA, en cambio, escribe la respuesta él mismo. Y no es algo lejano: en el Perú, el 11% de las personas ya usa uno cada semana para informarse, en un momento en que apenas el 32% confía en las noticias.
Para las campañas, la IA abarata la producción de contenidos y permite mandar mensajes hechos a la medida de cada persona. Eso ayuda a que candidatos con poca plata puedan competir, pero también rompe el espacio común. Si cada votante recibe una versión distinta del candidato, nadie puede comparar lo que dice ni pedirle coherencia.
Hay además problemas de fondo. Uno es lo que algunos llaman el «dividendo del mentiroso»: cuando cualquier cosa puede ser falsa, una prueba verdadera se puede descartar diciendo que «la hizo una IA». Otro es que el poder de enmarcar la discusión pública vuelva a concentrarse, esta vez en unas cuantas empresas extranjeras que no le rinden cuentas a nadie aquí. Y está el riesgo de que la gente deje de pensar por su cuenta y le encargue el juicio a una máquina.
No todo es negativo. La IA también puede acercar los planes de gobierno al votante de a pie. Muy pocos leen un documento de decenas de páginas, pero cualquiera puede preguntarle a un asistente qué propone un candidato sobre lo que le importa.
Riesgos para la democracia y el estado de derecho
Si no se regula y se vigila con cuidado, la IA puede debilitar las reglas básicas de la democracia. Estos son los principales peligros, que vamos a analizar uno por uno en próximas publicaciones:
- La desigualdad en la competencia electoral. Quien tiene más datos y mejores herramientas puede producir mensajes a una escala que los demás no pueden alcanzar, y ese gasto puede pasar por debajo del radar de la ONPE.
- La propaganda invisible. Si cada ciudadano recibe un mensaje distinto por canales privados, la propaganda deja de verse. Y lo que no se ve, no se puede fiscalizar.
- La falta de responsables. Si un sistema genera un mensaje falso o difamatorio, no queda claro quién responde: el partido que lo usó, la empresa que lo desarrolló o el operador anónimo que lo puso a funcionar.
- El uso indebido de datos personales. La Ley 29733 (Ley de Protección de Datos Personales), no se pensó para sistemas capaces de deducir las opiniones políticas de alguien a partir de su rastro digital, sin que esa persona lo sepa ni lo haya autorizado.
- La erosión de la prueba y de la verdad pública. Si cualquier documento o audio puede fabricarse, o ser tachado de falso, pierden fuerza el periodismo, el control ciudadano y la justicia.
- La concentración de poder fuera del alcance del Estado. Unas pocas empresas extranjeras, que no tienen que rendir cuentas en el país, podrían terminar controlando parte de cómo se discute la política nacional.
- La tentación del propio Estado. Un gobierno podría usar estas herramientas para vigilar a sus opositores, inflar su propaganda o tomar decisiones sin respetar el debido proceso.
La Ley 31814 (Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país) fija algunos principios generales, pero el país todavía no tiene reglas electorales específicas sobre IA. Y ese vacío es, quizás, el peligro más grande.
El Perú llega a este escenario en mala posición: partidos débiles, una oferta electoral fragmentada y mucha desconfianza. Por eso conviene cambiar la pregunta. Importa menos quién publica y mucho más quién redacta las respuestas, y con qué criterios.
