Dos casos de violación sexual se evidenciaron la última semana. El primero se dio en Chiclayo luego de que Juan Enríquez García secuestrara y violara a una niña de tres años. El siguiente y lamentable hecho tuvo como epicentro a Loreto. Ahí un niño de un año fue encontrado ultrajado y sin vida.
Ante esta situación y al estilo de otros países, el mandatario Pedro Castillo aseveró que su Gobierno evalúa medidas como la castración química obligatoria para los violadores.
“Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad”, indicó en un comunicado.
En dicho pronunciamiento el jefe de Estado indicó que la viabilidad de esta medida deberá ser incluida en el Código Penal y que se necesitará de la aprobación del Congreso de la República para su legalidad
Controversia
Pese a que el titular del Ministerio de Justicia, Félix Chero, indicó a Exitosa que el proyecto de ley sobre la castración química está listo y que se evaluaría en el próximo Consejo de Ministros, hay diferentes puntos de vistas que indican que esta medida no solucionaría los índices de abuso sexual.
En entrevista con RPP, la letrada Romy Chang, rechazó la iniciativa del Ejecutivo ya que es una medida difícil de aplicar
«Es un intento por tranquilizar a la población frente a un problema que es dramático y que no se soluciona. (La medida) no ha sido estudiada ni pensada con el detenimiento que se debe«, comentó.
La abogada penalista añadió que este tratamiento requiere voluntad por parte del procesado porque implica el suministro constante de químicos, con lo cual es muy difícil que se llegue a aplicar y, aún menos, sostener en el tiempo.
En esa línea se pronunció la Defensoría del Pueblo que afirmó que la castración química es “ineficiente”. La abogada adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña, dio su punto de vista.
“Es una medida ineficiente como método preventivo contra los delitos contra la libertad sexual. Ya tenemos las máximas penas en el Perú (…) Tenemos cadena perpetua como pena. ¿Esto ha disuadido a los agresores? ¿Esto ha ayudado a reducir la violencia hacia la niñez y la adolescencia?”, dijo a RPP.
Desde el Congreso
Una vez conocida la lamentable noticia de la violación a una menor de edad en Lambayeque, desde el Congreso rechazaron y lamentaron a través de un comunicado el abuso sexual en todas su formas.
«Exigimos celeridad al Poder Judicial para que se imponga la máxima sanción al responsable de tan execrable delito”, precisaron.
Asimismo, la presidenta de la Comisión de la Mujer del Parlamento, Elizabeth Medina, manifestó estar de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo.
“Personalmente, yo apoyo ese proyecto, porque ya se tienen que tomar medidas drásticas frente a estos hechos que vienen ocurriendo en nuestro país”, dijo a Andina.
Agregó que sería “irresponsable” plantear la pena de muerte para estos casos, pues eso significaría que Perú se tendría que retirar del Pacto de San José.
El dato
En lo que va de 2022, en el Perú se han registrado 10,522 casos de mujeres víctimas de diversas formas de violencia, alertó la jueza suprema Janet Tello Gilardi en el seminario ‘Derechos de la Mujer y Acceso a la Justicia’.
La magistrada dijo también que en 2021 hubo 22,456 mujeres víctimas de violencia sexual, de las cuales 14,507 fueron niñas y adolescentes.
Además, de acuerdo con cifras del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo, en 2021 un total de 1,699 niñas de 12 a 17 años se convirtieron en madres, entre ellas 584 menores de 14 años.
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