Muchos esperaban gestos desde el nuevo gobierno nacional hacia el Macro Sur, en el discurso de investidura presidencial o en la visita del primer ministro a la cámara de Diputados; era un tiempo para acercar posiciones a un territorio contestatario frente a posiciones centralistas en los últimos tiempos.
Sin embargo, hay dos temas sensibles que pueden abrir mayores distancias con el estrenado Gobierno Nacional: el silencio frente a una demanda para la culminación del Gasoducto Sur Peruano y el reciente recorte del presupuesto a los gobiernos regionales y municipales.
Del silencio frente al gasoducto Sur Peruano y el ajuste a los gobiernos regionales y municipales queda una primera conclusión y evidencia: que el gobierno Fujimori II no tiene en su agenda de gobierno ninguna reforma económica y productiva, que el viejo modelo implantado desde Fujimori I seguirá y que a estas alturas necesitaba aunque fuese un pequeño cambio ante su agotamiento y los retos del reacomodo continental y universal.
Sin decirlo abiertamente, el viejo modelo extractivista y monopólico seguirá en curso, a pesar de sus limitaciones y cuestionamientos programáticos; los principales países, incluidos los EEUU, han vuelto a priorizar la reconstrucción de su industria nacional, frenando su ciclo globalista, con una política proteccionista que linda en el chantaje, como son las políticas arancelarias de Donald Trump a sus propios aliados y competidores.
Hay un consenso avanzado en la Agenda del Macro Sur, internalizado por sectores sociales, colegios profesionales, universidades, sectores empresariales, pequeños propietarios y productores, que es la agenda del desarrollo productivo a partir de una plataforma energética que es el gas de Camisea y la electricidad.
La culminación del gasoducto y la construcción de las centrales térmicas son las únicas condiciones y vías que tiene el Macro Sur para construir industria productiva en las regiones y pasar del extractivismo minero a sociedades productivas y en desarrollo.
Por otro lado, el surgimiento masivo de miles de pequeños mineros artesanales e informales en todo el Macro Sur es la revolución del mercado o la ruptura de los pequeños propietarios con la minería monopólica; esa tendencia no se resolverán con medidas administrativas que prolonguen u obliguen a formalizaciones forzadas como relatan desde el gobierno o desde las consultorías centralistas por desconocimiento y dogmatismo neoliberal.
El mercado negro o ilegal hace rato está instalado no solo en el VRAEM con el narcotráfico, también en extensos territorios de asentamientos en la minería del oro en la Amazonía sureña (Cusco, Madre de Dios y Puno), proceso que se viene extendiendo hacia otras explotaciones mineras en las zonas altoandinas del Macro Sur.
Si a ello agregamos el efecto de combustión del ajuste fiscal que, con el argumento de hacer caja fiscal para encarar el fenómeno del Niño, se lleva de un plumazo 334 millones de soles de la Provincia de La Convención, 18 millones de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco y así otros tantos millones en regiones, provincias y distritos, recursos provenientes del canon gasífero y las regalías mineras, nos encontramos frente a una provocación por cuanto quedan paralizadas obras e inversiones, llegan los despidos masivos, rompen la lógica del presupuesto multianual y por resultados del que tanto pregonan en el MEF.
Este silencio contra el gasoducto y el recorte del canon y regalías desde el gobierno nacional en plenas elecciones regionales y municipales es un insumo para el debate y el descontento. En este escenario cualquier candidato ligado al oficialismo tiene escazas posibilidades de algún resultado regular.
Tal vez Fujimori II piensa resolver esta contradicción por la vía de la represión, como ejecutó Dina Boluarte por mandato de los poderes fácticos dominados por el fujimorismo económico y político.
