El Congreso ha traído novedades, con su nueva estructura de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, por la que se dejó de lado la estructura unicameral que regía desde que entró en vigencia la Constitución de 1993. En la elección, observamos una gran fragmentación de partidos políticos participantes (37) luego del cambio de reglas que abrió el sistema de inscripción de partidos sin filtros intermedios para condicionar la participación (como hubieran sido las elecciones primarias)[1].
Sin embargo, en el resultado, se tuvo solo 6 partidos que obtuvieron escaños[2], tanto en la Cámara de Senadores[3] como en la Cámara de Diputados[4].
Con esas conformaciones, una primera valoración importante es quién ha comenzado a dirigir cada una de estas cámaras: la presidencia del Senado, pese a una alianza divergente, fue ganada por un voto, por el partido que se encuentra también gobierno (y así preside también el Congreso), mientras que la presidencia de la Cámara de Diputados fue obtenida por una mesa liderada por la oposición.
Ha sido también ahí -entre diputados/as- en que estas fuerzas políticas han obtenido la dirección de comisiones en torno a temas centrales como Constitución, Justicia o Educación, mientras que estos órganos han recaído en el oficialismo o en agrupaciones afines en el Senado.
Aún es temprano para apreciar con claridad el panorama total de las alianzas de los grupos parlamentarios. Es verdad que se van dilucidando las prioridades en la agenda de algunos/as diputados/as (quienes tienen iniciativa de presentar proyectos de ley), pero aún cuesta ver la de todos los grupos como tales y, sobre todo, si realmente se podrá hablar de proyectos colectivos, o si se manejarán más bien como una suma no siempre coordinada o coherente de iniciativas individuales.
Luego también se podrá constatar con mayor certeza cuando se realice el seguimiento de por dónde van sus pedidos de interpelación, intervenciones y votaciones en comisiones o en el pleno en ambas Cámaras. Aún el panorama tiene pendiente de aclaración.
De otro lado, con la reciente instalación de la mayor parte de las comisiones, aún se está empezando a aplicar los cambios planteados por esta bicameralidad en el ejercicio de las funciones parlamentarias, como el trámite de leyes o el control político. Ver cómo se tramitará de ahora en adelante las leyes o la delegación de facultades -como una que estaría por venir- y la presentación de política de gobierno de los nuevos gabinetes -en los que ya no hay votación, sino solo exposición, como se vio recientemente.
En el Gobierno, esta falta de claridad puede ser más preocupante. Y lo es porque la función intrínseca del Poder Ejecutivo es diseñar políticas públicas y adoptar líneas de acción frente a problemas públicos que se le presenten. La inseguridad ciudadana, el Fenómeno de El Niño, el aumento de las lluvias o el anuncio del paro de transportistas, exigen acción. Algunos demanda acciones más inmediatas y otros de mediano o largo plazo. Es verdad que el país no se soluciona en un mes, pero en un mes sí se puede brindar la sensación de planificación, de estrategia, de conocer el país y tener un diagnóstico para, desde ahí, construir.
Hasta ahora se tiene el discurso de la presidenta -el de 28 de julio- que no ha terminado de alinear con el de su presidente del Consejo de Ministros y que, día de por medio, discrepa con el de alguno de sus ministros, mientras parece más preocupada por un rol de influencer que por rendir cuentas.
Hasta hoy, no queda claro qué dirá el proyecto de delegación de facultades y qué tan diferente será realmente de la versión filtrada. Por otro lado, congresistas de su bancada contradicen abiertamente sus llamados a la “reconciliación” o la independencia de poderes, mientras denuncian jueces ante órganos disciplinarios, a magistrados que no hacen otra cosa que hacer prevalecer la Constitución y/o los derechos humanos, siguiendo compromisos internacionales de los que el Perú es parte.
En suma, un Congreso que aún no podemos terminar de entender y un Gobierno con contradicciones a un mes de sus inicios.
¿Qué deberíamos exigir? Al Congreso, no renunciar a su rol de límite y contrapeso, y al Ejecutivo, mayor efectividad y brindarnos señales concretas de que realmente se tiene estrategia para gobernar, para responder y para enfrentar lo que el país exige.
[1] En la reforma aprobada, se flexibilizaron los requisitos para inscribir partidos políticos y, en paralelo, se eliminó la exigencia de que solo participaran en elección general los partidos inscritos que superaran cierto porcentaje de ciudadanía que votara por ellos en elecciones primarias.
[2] Se calcula según quienes superaron el porcentaje mínimo de votación y de escaños exigido por ley para ingresar a esta distribución. Ley Orgánica de Elecciones, artículo 20.
[3] 22 escaños para Fuerza Popular, 14 para Juntos por el Perú, 8 para Renovación Popular, 7 para el Partido del Buen Gobierno, 5 para el Partido Cívico Obras y 4 para Ahora Nación.
[4] 41 escaños para Fuerza Popular, 32 para Juntos por el Perú, 18 para el Partido del Buen Gobierno, 15 para Renovación Popular, 14 para el Partido Cívico Obras y 10 para Ahora Nación.
