Durante mucho tiempo, determinados sectores conservadores han conseguido apropiarse de una palabra poderosa: familia. Se presentan como sus defensores y han construido una narrativa según la cual existiría una única forma legítima de familia, permanentemente amenazada por los cambios sociales, los derechos de las mujeres, la educación sexual o el reconocimiento de la diversidad.
Esta apropiación apela a uno de nuestros vínculos más íntimos y moviliza emociones profundas de amor, pertenencia y protección. Pero también reduce la enorme diversidad de las familias a un único modelo y, sobre todo, sostiene determinados roles, estereotipos y jerarquías y, con ellos, formas de disciplinamiento y control.
En consecuencia, la familia se convierte en un campo profundamente político: allí también se disputa cómo debe organizarse la sociedad, qué cambios son aceptables y quién tiene autoridad para decidirlos.
Pero las familias siempre han cambiado.
No hace mucho tiempo, los derechos de una hija o un hijo podían depender de si había nacido dentro o fuera del matrimonio. Recién la Constitución de 1979 estableció expresamente la igualdad de derechos de todos los hijos. Y hasta noviembre de 2023 nuestro ordenamiento todavía admitía excepciones para el matrimonio de menores de edad. La Ley 31945 terminó con ellas.
También han cambiado las familias reales: tenemos familias encabezadas por mujeres —como las de mis dos abuelas—, familias extensas donde abuelas, tías y hermanos son fundamentales para la crianza, familias reorganizadas por la migración, las separaciones o la muerte por crimen o accidentes, hechos tan comunes en el país. En 2024, los hogares unipersonales representaban ya el 15,1 % del total en el Perú. La realidad es bastante más diversa que el modelo que algunos pretenden defender como único.
Pero en los últimos años ocurrió algo adicional: los movimientos conservadores consiguieron construir al Estado como una amenaza para la familia.
#ConMisHijosNoTeMetas fue probablemente una de las expresiones más exitosas de esta estrategia. El Estado dejó de aparecer como garante del derecho a la educación y empezó a ser presentado como un agente que interfería indebidamente en la crianza: ¿quién decide lo que niñas, niños y adolescentes deben aprender sobre sexualidad, género y familia, los padres o el Estado?
Luego se le atribuyó una intención “ideologizadora” a los avances que habíamos logrado, especialmente en el campo de la igualdad entre hombres y mujeres. Ya no éramos sólo las feministas, también estaban maestros y maestras, académicos, profesionales y defensores de derechos. El enfoque de género dejó de ser presentado como una herramienta para promover igualdad y pasó a llamarse “ideología de género”, añadiendo y tergiversando conceptos y contenidos. Durante la campaña contra el Currículo Nacional se afirmó, inclusive, que el Estado pretendía enseñar a los niños que podían elegir o cambiar de sexo o género o incluso “homosexualizar” algo que el Currículo no establecía.
Así se construyó la figura del niño amenazado. “Con mis hijos no te metas” resume perfectamente esa inversión: el Estado ya no protege al niño; el niño debe ser protegido del Estado.
Esta narrativa abrió oportunidades electorales a nuevos actores político-religiosos que, una vez instalados en el poder, su acción principal se redujo a reproducir leyes antigenero. Un ejemplo es la Ley 31498, impulsada por el congresista Esdras Medina, sobre materiales y recursos educativos. La norma estableció la participación de organizaciones de padres, obviamente vinculados a su sector, -pues serían los únicos organizados-, en la elaboración y evaluación de materiales educativos. Su impulsor había sostenido que la educación no debía promover “ningún tipo de ideología social o política”. La Defensoría del Pueblo de ese entonces, advirtió que la propuesta podría afectar contenidos relacionados con el enfoque de género y la Educación Sexual Integral.
Detrás de ello aparece algo muy peligroso para cualquier sistema educativo: que los padres son los únicos capaces de determinar no solo qué necesitan sus hijos, sino también qué deben aprender. Paradójicamente, las encuestas mostraban que madres y padres sí querían educación sexual para sus hijos. Frente a ello, estos sectores comenzaron a hablar de una supuesta “educación sexual científica y biológica”, sin un modelo pedagógico reconocible, a diferencia de la Educación Sexual Integral, que cuenta con contenidos, objetivos y estándares desarrollados internacionalmente.
Quizá los sectores progresistas cometimos el error de ceder demasiado fácilmente la palabra familia. Dimos por sentado que nadie lo discutiría, pues todos entendíamos que madres y padres quieren lo mejor para sus hijos y que convocarlos para la defensa educativa no era lo central. Sin embargo hay algo que no fue lo suficientemente valorado, querer lo mejor para nuestros hijos no siempre significa cómo protegerlos ni disponer de todas las herramientas para hacerlo.
La historia se vuelve a repetir de alguna manera con los recientes hechos de violencia protagonizados por escolares del Liceo Naval y nuevamente surgen las explicaciones simplistas: faltó disciplina, faltó autoridad, sin tomar en cuenta que las familias también pueden reproducir desigualdad, machismo, discriminación, abuso y violencia.
Es por ello precisamente que necesitamos un Estado que eduque y familias que no sean abandonadas a su suerte, sino acompañadas para transformar aquello que también necesitan cambiar.
Defender a las familias es contribuir a que sean espacios de amor, cuidado, pertenencia y respeto, donde cada integrante sea reconocido como sujeto de derechos. Significa construir relaciones más igualitarias y democráticas, no preservar jerarquías y muchos que se conviertan en espacios de abuso, maltrato y discrimacion.
Por eso, proclamarse “pro familia” no convierte a estos sectores como sus representantes y menos aún, aquellos que con sus discursos y acciones, las han precarizado. Defender a las familias no es proteger un modelo. Es proteger a las personas que las integran.
