El comportamiento de un sector electoral de Lima, debería ser motivo urgente de un estudio de psicología social o de antropología. Brota en cada elección de los últimos tiempos, un orden invisible de una perversa y peligrosa racionalidad, a la cual no le importa que se violen normas legales o que un candidato mienta, insulte, sea homofóbico o realice ilícitamente una millonaria campaña electoral para ganar una elección. A ese elector lo que le importa es que su candidato gane, a como dé lugar y siga haciendo obras o responda a sus intereses particulares inmediatos y hasta religiosos.
En la base de este comportamiento opera de manera fáctica y mundana un sistema clientelar, de corrupción, de clanes familiares que atraviesa a todos los partidos que han ocupado los cuatro primeros lugares, en las elecciones del domingo pasado. La verdad es que todos ellos son transgresores, en mayor o menor medida. No se trata no solo de un perfil de ciudadanía del votante promedio, sino de un modelo de ciudad que en las últimas décadas se ha consolidado en la Lima, de hecho, la ciudad más informal y conservadora de Latinoamérica. Por ejemplo, los resultados electorales en el distrito de Ate, ubicado en Lima Este de la ciudad, es una muestra emblemática de esta mescolanza, entre el bien y el mal. Una inusitada mayoría del 54% votó por el candidato, Manuel Vidal de Avanza País, en respaldo a la buena gestión de su hijo, Alvaro Vidal, que fuera elegido como alcalde para el periodo 2023-2026. Este último, ocupa la plaza de primer regidor; es decir padre e hijo ocuparan los dos primeros lugares del nuevo Concejo Municipal elegido, en un cogobierno patriarcal familiar, que contradice abiertamente la ética y la probidad.
En el distrito de La Molina, todo parece indicar que será elegida, Lizzi Sueldo, por Renovación Popular, esposa del actual alcalde, Diego Uceda y, por si fuera poco, este último será el primer regidor y el segundo puesto lo ocupara la prima de la probable alcaldesa. Ósea, ¡Todo quedara en familia! En Los Olivos, Felipe Castillo, padre del actual alcalde con licencia, pugna por el primer lugar, por el partido Avanza País, mientras el hijo salió derrotado al haber participado con otra opción política, pero es evidente que el clan familiar seguirá en el poder, si logran ganar la elección. Hay otras situaciones aberrantes, como el caso de San Juan de Lurigancho, donde un 47% de ciudadanos votaron creyendo que Jesús Maldonado, de Somos Perú era el candidato a la alcaldía, cuando formalmente era el candidato a primer regidor. En el caso de Puente Piedra, la población rechazo la reelección familiar encubierta del clan familiar Renan Espinoza, donde el padre pretendía remplazar al hijo, con mandato de alcalde vigente. Como los expuestos, existen por lo menos 20 casos similares, con diversas modalidades de reelección encubierta, algunas triunfantes y otras derrotadas.
Mucho de esto no hubiera ocurrido si el JNE no hubiera tenido un comportamiento nefasto en este proceso electoral y si las reglas electorales hubieran sido modificadas a tiempo para evitar diversas anomalías que no se condicen con un proceso electoral igual para todos. En la creación de este escenario confuso y taimado, también han contribuido varios medios de comunicación y las propias encuestadoras, con medias verdades o validando los intentos de reelección encubierta. La reacción ciudadana frente a la candidatura de Renovación Popular, ocurrida en días previos a la elección del 4 de octubre, generando un empate técnico entre Renovación Popular y Avanza País, demuestra que otro panorama se hubiera dado si la elección hubiera sido pareja y con el oportuno pronunciamiento del JNE, en cumplimiento del artículo 194 de la Constitución.
En este contexto, surge entonces la siguiente pregunta inevitable: ¿Cuál será el pronunciamiento final del JNE respecto de aquellos candidatos a primer regidor que a la vez fueron elegidos como alcaldes en el mandato que aún no termina? Solo una alta presión ciudadana y de la opinión pública podrá torcer la manifiesta actitud prevaricadora de ese ente y hacer prevalecer el artículo 194 de la Constitución. De no ser así, Burneo se dará maña para elucubrar con otros magistrados del JNE, una resolución que le de luz verde a López Aliaga para recibir la credencial de alcalde. Y no hay que ser muy enterado en los quehaceres mundanos de la política peruana para saber que el líder de Renovación Popular apelara entre bambalinas a Keiko Fujimori, para que ambos influyan en el JNE, en la decisión final a favor de Porky. En ese sentido, los votos que Renovación Popular tiene en la cámara de senadores, serán la carísima moneda de cambio para ese objetivo.
Como colofón podríamos decir, como lección aprendida, la necesidad de retomar la reforma constitucional que permita la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales, por un solo periodo adicional. No obstante, esa reforma tendría que ser integral y a la vez muy acotada, para neutralizar, prohibir o regular toda pretensión reeleccionista para utilizar los recursos municipales o regionales para una competencia desigual con otros adversarios electorales. Una reforma de este tipo tendría que convencer a esa enorme mayoría que desconfía de un sistema clientelar y corrupto, al que hemos aludido. Pero, también debería responder al derecho de los ciudadanos de darle una nueva oportunidad a las buenas autoridades que merecen un periodo adicional para cumplir su plan de gobierno, tal como ha ocurrido en Ate, San Juan de Lurigancho y otros lugares. 06
