El resultado electoral es un reflejo del personalismo que existe a nivel nacional, pues ningún partido político ha presentado candidatos/as que provengan de las bases de sus respectivas organizaciones políticas, más han sido “vientres de alquiler” de las distintas personalidades regionales y locales para alcanzar sus objetivos de lograr el poder.
Esto no ocurre únicamente a nivel subnacional, la representación política, tanto nacional como subnacional, continúa dependiendo más de las personas que de los partidos y de los proyectos políticos que estos deberían representar. Aunque las dinámicas electorales son distintas, existe un punto en común: llegar a un cargo de elección popular no necesariamente supone haber construido una organización política desde sus bases. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, el fujimorismo, que para bien o para mal, tiene una estructura para elecciones a nivel nacional, aunque limitada a nivel subnacional, lo cual se refleja en el resultado actual. Otra es la victoria de Verónika Mendoza, producto de un trabajo con las bases en la región Cusco; sin embargo, el partido con el que ganó, VENCEREMOS, ha perdido la inscripción y desaparecerá el próximo año, al igual que otros partidos.
Y aquí aparece el problema de fondo, más allá de la crisis de partidos que arrastramos desde hace años, esta situación tiene consecuencias para la calidad de nuestra democracia. O’Donnell (2004) sostiene que la accountability vertical electoral, la posibilidad de premiar o castigar a los gobernantes mediante el voto en una siguiente elección, constituye una base fundamental del funcionamiento democrático. Sin embargo, advierte que en América Latina este mecanismo funciona de manera deficiente, entre otras razones, por las características de los sistemas de partidos y de la legislación electoral (p. 24).
¿Qué ocurre cuando el partido es únicamente un vehículo electoral? Si una candidatura utiliza una determinada sigla para llegar al poder, pero esa organización cambia, desaparece o pierde su inscripción, ¿a quién le exige cuentas el ciudadano en la siguiente elección?
El problema no es solamente que los partidos sean débiles, también es que, cuando las organizaciones políticas no tienen continuidad, se rompe uno de los vínculos que debería existir entre el elector y quien ejerce el poder. El voto termina reduciéndose a la elección de una persona, sin que exista necesariamente una organización política que pueda ser evaluada por su trayectoria, sus decisiones o sus resultados.
El caso cusqueño muestra el problema desde otro ángulo, allí puede existir trabajo con las bases y una forma de organización social que permite construir respaldo electoral; esto se relaciona con lo que O’Donnell, retomando a Smulovitz y Peruzzotti, denomina accountability societal: la capacidad de la sociedad de ejercer control sobre quienes gobiernan. Pero si ese esfuerzo no logra sostenerse en una organización política con continuidad, también queda debilitado el vínculo institucional que debería darle permanencia.
Esto también permite preguntarnos por qué seguimos eligiendo candidatos con antecedentes negativos de gestión e, incluso, con cuestionamientos sobre sus principios. O’Donnell (2004) recuerda que las agencias de control —como las contralorías, fiscalías y auditorías— no solo tienen la función de investigar o sancionar irregularidades, la información que producen también puede llegar a la ciudadanía y ser utilizada por los electores al momento de decidir su voto (p. 27). Si esos antecedentes eran conocidos y, aun así, determinadas candidaturas obtuvieron respaldo electoral, entonces la pregunta es inevitable: ¿la información no llegó a la ciudadanía?, ¿no se difundió lo suficiente?, ¿o simplemente dejó de tener consecuencias al momento de votar?
Los resultados de estas elecciones nos obligan a pensar qué estamos entendiendo por representación política y qué esperamos de nuestra democracia. La política no es algo ajeno a nuestra vida cotidiana, las decisiones que toman quienes elegimos tienen consecuencias sobre nuestros servicios públicos, nuestras ciudades, nuestras regiones y nuestras oportunidades. Sin embargo, seguimos repitiendo patrones: elegimos personas, cambiamos de partido y volvemos a empezar. Como recuerdan Manin, Przeworski y Stokes (citados en O’Donnell, 2004, p. 25), el voto es apenas un instrumento para controlar miles de decisiones que toman los gobiernos. Por eso, las elecciones, por sí solas, no son suficientes, la salida tampoco pasa únicamente por tener partidos más fuertes, necesitamos organizaciones políticas con mayor arraigo y continuidad, pero también instituciones de control que funcionen y una ciudadanía capaz de fiscalizar a sus autoridades entre una elección y otra.
Porque una democracia no se fortalece solamente cuando votamos, también cuando podemos saber qué hacen quienes elegimos, exigirles cuentas y, llegado el momento, tener realmente la posibilidad de premiarlos o castigarlos. De lo contrario, seguiremos eligiendo personas y no proyectos, cambiando de sigla sin cambiar las prácticas y llegando a cada elección sin memoria política.
