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sábado, diciembre 3, 2022

Muerte e impunidad en la Amazonía

Por Manuel Silva

Cuatro defensores de pueblos indígenas asesinados en lo que va del 2021
Mario Marcos López Huanca de 34 años se sumó a la lamentable lista de líderes indígenas asesinados por grupos delictivos vinculados a las economías ilegales, el líder asháninka y secretario de EcoSira (comunidad de conservación de la biodiversidad de la Reserva Comunal “El Sira”) fue internado de gravedad en el Hospital Regional de Pucallpa por un disparo en la cabeza el pasado 28 de junio.
Según el médico Juan José Aranibar Gutiérrez, quien conversó con Ojo Público, el líder se encontraba hospitalizado en el área de trauma shock, del área de Emergencias del nosocomio. “Hay un daño severo e irrecuperable. Estamos por descartar muerte cerebral. En la mañana el neurólogo nos confirmará eso”, afirmó Aranibar.
Según los indígenas de su comunidad, los sectores aledaños a la Reserva Comunal El Sira, donde laboraba Huanca, son acechados hace años por el narcotráfico y la tala ilegal, por lo que presumen que estas organizaciones criminales son las responsables del acto.
López Huanca dejó de existir el pasado 1 de julio; Norma López Huanca, hermana de Mario, contó a Ojo Público que él vivía solo en la comunidad de Shirarin y que recibía constantes amenazas. “Queremos saber qué pasó, quién hizo este daño a mi hermano, él siempre ha estado luchando por el bienestar de la comunidad. ¿Por qué quisieran hacerle daño?”, exhortó.
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú (PNUD Perú) lamentaron el fallecimiento del líder asháninka. “Rechazamos cualquier tipo de violencia contra los defensores ambientales. El asesinato del líder Mario López, con quien trabajamos en Reserva Comunal El Sira, debe ser investigado. Pedimos que se haga justicia y expresamos nuestras sentidas condolencias al pueblo asháninka”.
En febrero del presente año se registraron dos fallecimientos de líderes indígenas Herasmo García y Yenes Ríos, de las comunidades de Sinchi Roca (Ucayali) y Puerto Nuevo (Ucayali) respectivamente.
Al respecto, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) mediante su presidente Berlín Diques, refirieron que desde Sinchi Roca sus representantes venían por largo tiempo solicitando a la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali la georreferenciación del territorio comunal, así como la actualización de títulos. Sin embargo, el tiempo continuaba pasando sin interés por parte de las autoridades en dar protección a la zona y, mientras tanto, las actividades ilegales principalmente asociadas al narcotráfico y la extracción ilegal de madera han seguido avanzando.

De igual manera, en marzo la defensora ambiental Estela Casanto Mauricio de 55 años, parte de la comunidad nativa Shankivironi (valle del Perené en Chanchamayo) fue asesinada en Junín. La Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec) y la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC), dieron a conocer el suceso, estas organizaciones ya habían advertido en repetidas veces sobre las amenazas de muerte de las mafias que quieren hacerse de la zona para explotar sus recursos.

El informe Forst, el último pedido de Arbildo Meléndez

A inicios del 2020, Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad Unipacuyacu del pueblo kakataibo, junto a otros dirigentes indígenas preocupados por las amenazas e intimidaciones de los grupos criminales que asechaban la zona, informaron al Relator Especial de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, Michel Forst ( actual ex relator) la situación que vivía su localidad.
Forst realizó una misión oficial que tuvo lugar del 21 de enero al 3 de febrero con el objetivo de evaluar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si en Perú existe un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de derechos humanos. La visita pretendía responder a la pregunta de si las personas defensoras de derechos humanos se sienten seguras y empoderadas en todo el país. Sin embargo, en abril del mismo año, quien le pidió al entonces relator visitar su localidad, Arbildo Meléndez, fue asesinado y su cuerpo encontrado en un bosque cercano a la comunidad.
“Me han conmovido profundamente todos los testimonios recibidos de los defensores y defensoras de derechos humanos, y especialmente de los pueblos indígenas, las comunidades locales y campesinos quienes me contaron que suelen ser objeto de amenazas, hostigamiento, intimidación, criminalización y ataques físicos. En muchos casos, señalaron que se les calificaba de «enemigos del Estado», «antigubernamentales» o «contra el desarrollo» si se oponían a los proyectos de desarrollo. También me preocupa el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar a las personas defensoras del país”, relata Forst en su declaración.
El entonces relator, detectó una serie de tendencias negativas en esta problemática:
Falta de reconocimiento, estigmatización y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos: Las defensoras y defensores, y en particular las personas defensoras de los derechos del medio ambiente y de los pueblos indígenas, son estigmatizadas como delincuentes por los medios de comunicación y otros agentes no estatales. A los pueblos indígenas y las comunidades campesinas se les criminaliza por ejercer su propia jurisdicción, de conformidad con la Constitución (rondas campesinas) o por defender sus derechos humanos y el medio ambiente. También se criminaliza a los y las que defienden el derecho a la tierra
Obstáculos al disfrute del derecho a la protesta y a la libertad de expresión de las personas defensoras de los derechos humanos: Los defensores y defensoras reciben amenazas serias cuando, al defender sus derechos, interrumpen las actividades extractivas de las empresas privadas, en particular impidiendo el tránsito. Para las comunidades indígenas, un grupo históricamente privado de sus derechos y asentados en las zonas donde se encuentran proyectos extractivos de minería, gas y petrolea, éste es en la práctica el único medio por el que sienten que pueden hacer oír su voz ante las autoridades.
Respuesta ineficiente de las autoridades ante las violaciones de derechos humanos:
En vez de archivar los casos en los que las pruebas son insustanciales para condenar, la fiscalía formula denuncia y apela las sentencias que absuelven a los acusados, dando lugar a procedimientos judiciales innecesariamente largos. “He comprobado el efecto escalofriante que esta práctica tiene en el trabajo de defensa de derechos humanos, así como el costo financiero y desgaste emocional para las personas defensoras y sus familias”, señala.

“Hay una falta de voluntad política”
Conversamos sobre el trasfondo de las muertes de los líderes indígenas con dos miembros del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Pueblos Indígenas y Cruz Silva, coordinadora de Justicia Viva. Para Ruiz, existe un problema en donde radica el motivo por lo que existen en estas zonas una “puerta abierta al narcotráfico”: los títulos del territorio. “Existe una inseguridad jurídica en la zona, hay más de 700 comunidades en las que faltan titular sus territorios, esto provoca que los sectores ilegales presionen en estos espacios”.
Asimismo, el coordinador del IDL alerta que “los gobiernos regionales demoran demasiado en titularlos, esta demora en el titulo muchas veces no es casual, les conviene a quienes quieren explotar los recursos naturales. Esta afectación es el motivo por lo que los líderes indígenas están defendiendo su territorio, si tu titulas estos territorios, no se va a solucionar todo, pero sí se pueden reducir los casos”.
Al respecto del avance de la fiscalía en el proceso de los casos de asesinato a los líderes indígenas, Cruz Silva nos señaló que: “Creo que el Ministerio Público tiene una serie de deficiencias estructurales que no les permite dar un plan específico a nivel tiempo y dinero. La cantidad fiscal de estos casos relacionados a crimen organizado necesitan una coordinación alta de seguridad, en los espacios donde suceden estos asesinatos la fiscalía llega tarde, no hay un trabajo previo, no hay estructura real apegada a la justica para estos territorios”.
“Las fiscalías comentan que no tienen recursos, no hay efectivos policiales, logística, el Estado tiene una débil presencia. En términos generales la presencia es muy débil y hay casos de corrupción en la demora de la titulación; una falta de voluntad política”, señala Carlos Ruiz.
Para la coordinadora de Justicia Viva, todos estos reportes de asesinatos a líderes indígenas responderían a una serie de “casos sistemáticos”. Los propios líderes indígenas lo han señalado, lo que suelen decir en sus denuncias es revelar un modus operandi: se acercan a quienes son los líderes, van invadiendo, amenazan, ven que el estado no responde y así comienzan a escalar las amenazas y agresiones. El problema radica en que no se tiene la suficiente coordinación ni la presencia del Estado para previamente resguardarlos”.
La Coordinadora Indígenas de la Cuenca Amazónica pide la declaratoria de Emergencia de Derechos Humanos de las defensoras y defensores indígenas de la Amazonía
La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus organizaciones miembros de los nueve países de la cuenca amazónica presentaron en un comunicado en abril del presente año el pedido de declarar la emergencia de derechos humanos de las defensoras y defensores indígenas de la Amazonía tras registrarse 263 asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos en América Latina, de los cuales 202 de ellos sucedieron en países de la cuenca amazónica (Colombia, Brasil, Perú y Bolivia), representando el 77% de los casos
Asimismo, señalaron que solo en el primer trimestre de 2021, se registran 193 asesinatos de miembros indígenas (Colombia y Perú), quienes defendían los derechos de los pueblos indígenas y la madre naturaleza.
En ese sentido exigieron a los gobiernos de la cuenca amazónica adoptar una política efectiva de protección de los derechos humanos de las defensoras y defensores indígenas de la Amazonía, realizar acciones urgentes de investigación en coordinación con los diferentes niveles de gobierno y las autoridades indígenas respectivas, de las actividades extractivistas ilegales reportadas en territorios indígenas, para su efectiva erradicación; garantizar la titulación de los territorios de los pueblos indígenas, incluyendo delimitación, demarcación y saneamiento; respetar los procesos de autonomía y autogobierno territorial de los pueblos indígenas y ratificar y priorizar la implementación del Acuerdo de Escazú.

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