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viernes, mayo 24, 2024

Las modificaciones que plantea el Ejecutivo en manos del Congreso

El Gobierno solicitó el pasado miércoles al Congreso de la República la delegación de facultades extraordinarias por 120 días, para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Según el Ejecutivo, estas reformas adjuntas en el proyecto N° 583/2021- PE, se dan para impulsar el crecimiento y contribuir al cierre de brechas sociales mediante el acceso a programas y servicios que brinda el Estado.

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, sostuvo que la reforma tributaria, incluida en el paquete de delegación de facultades, permitirá emitir un conjunto de normas para fortalecer la política fiscal y tributaria; aumentar la competencia en el sistema financiero; y, apoyar el proceso de reactivación económica impulsando la inversión pública y privada, asegurando la competitividad del país.

“Estamos proponiendo medidas de administración y política tributaria. Nuestro sistema tributario tiene elevados niveles de incumplimiento, lo cual se traduce en una baja recaudación. La presión tributaria en el 2020 ascendió a 13% del PBI, nivel que requerimos aumentar buscando llegar, en un mediano plazo, al promedio de los países de la región”, refirió el titular del MEF en conferencia de prensa.

Las medidas

Reforma tributaria

Desde el Ejecutivo se están manejando propuestas para enfrentar la poca presión tributaria que existe en nuestro país. Según pudimos revisar en la exposición de motivos del Ejecutivo incluido en el proyecto de ley N°583/2021-PE, el Perú tiene una presión tributaria baja explicada por factores estructurales como es la informalidad, las falencias en la administración tributaria, y el propio diseño de los tributos (gastos tributarios, complejidad del sistema tributario, oportunidades de arbitraje, entre otros).

En el 2019, el incumplimiento en el Impuesto a la Renta (IR) de tercera categoría fue de 49,5% y el incumplimiento en el IGV ascendió a 34,4%; mientras que, los gastos tributarios potenciales ascenderían a S/.17 622 millones en el 2022 (2,04% del FBI)

Uno de los principales cambios que se propone es la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta (IR). En este punto se busca modificar las reglas sobre la deducción de gastos y costos para determinar el Impuesto a la Renta; así como erradicar la posibilidad de deducir impuestos de dinero que vengan de delitos como el cohecho.

Además, se plantea cambios en la tasa de impuesto para los trabajadores de primera y segunda categoría. En este grupo se encuentran las personas que reciben ingresos por alquileres, cesión de bienes y predios (primera categoría); y venta de inmuebles, cesión de patentes, socios de cooperativas, rentas, regalías y dividendos (segunda categoría).

Una medida enfocada en las grandes ganancias

Para el MEF, este cambio en el impuesto da una carga adicional a las personas con ingresos más altos a fin de mejorar la equidad. “Con la finalidad de aumentar la recaudación y mejorar la equidad incrementando la carga de las personas de más altos ingresos, se plantea incrementar la tasa del impuesto a la renta de las rentas de primera y segunda categoría, y modificar las tasas del impuesto a la renta aplicable a las personas naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas no domiciliadas en el país por sus rentas de fuente peruana”, se lee en el proyecto del Ejecutivo.

Asimismo, a fin de impulsar la formalización de las micro y pequeñas empresas dada su importancia en el tejido empresarial, ya que son generadoras de casi el 50% de los empleos en el país, el gobierno propone medidas para mejorar y simplificar la política tributaria para estas empresas, así se focalizaría las políticas tributarias según el tamaño de las empresas, se reducirían los costos de cumplimiento, utilizando herramientas tecnológicas e incentivando la formalización laboral. “Junto a la recuperación de la economía requerimos promover la generación de más y mejores puestos de trabajo”, destacó el ministro Francke en conferencia de prensa.

Para ello se ha propuesto crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño, que incentive la declaración de costos y gastos por medio de sus deducciones, mediante el empleo de libros y registros contables, así como comprobantes de pago electrónicos; lo que incluye modificar la Ley del Nuevo Régimen Único Simplificado, suprimir el Régimen Especial del Impuesto a la Renta y el Régimen MYPE Tributario.

Este es un primer punto enfocado en la formalización a fin de recoger mayores impuestos, una idea que comparte el economista Luis Arias Minaya, así como otras opciones en pro de la formalidad.

“Para reducir la evasión tributaria se requiere transitar hacia un país formal. Esto implica para empezar un catastro nacional de predios y una #CuentaDNi para todos. Luego declaración anual de ingresos para todo el Perú urbano al menos. Además, SUNAT con un concepto diferente”, compartió en sus redes personales.

El cobro del IGV a los servicios digitales

Días antes de presentar el proyecto, el propio ministro Francke ya había presentado la idea de obtener tributos de los servicios digitales o servicios de streaming, “a los cuales no se les cobra el IGV”, indicó en entrevista para el canal oficial del Estado.

Lo que, es más, según información de la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú), las plataformas digitales que brindan servicios de video y música, pueden generar impuestos por 44 millones de dólares.

Desde el 2003 se grava la renta por servicios digitales obtenida por empresas no domiciliadas en el país, el problema es que, en teoría, los servicios digitales son gravados, pero en la práctica, los mecanismos para la recaudación no han sido bien definidos. Comex compartió que se estaría dejando de percibir entre 25 millones y 44 millones de dólares. Por tanto, el cobro de un impuesto de este tipo generaría una mayor recaudación y un sistema de competencia más equitativo entre las empresas del rubro.

Esta idea es la que se incluye en el proyecto de ley del Ejecutivo, la cual se enfoca en establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas por aquellas operaciones realizadas con sujetos no domiciliados en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del Impuesto.

Así, se busca modificar la normativa del Impuesto General a las Ventas adaptándola a la implementación que se requiera para contar con un mecanismo que permita una adecuada tributación de estos nuevos modelos de negocio, eliminando cualquier tratamiento asimétrico que pudiera generar su falta de regulación, específicamente cuando se trata de un consumidor final que tiene la naturaleza de persona natural.

Pedro Francke sostuvo que dicha medida no supone generar un nuevo impuesto para los servicios digitales, sino establecer un mecanismo para que paguen el IGV como corresponde. Agregó que en otros países de la región ya se aplica un sistema de cobros tributarios a estos espacios.

“En el caso del IGV no se está añadiendo tasa, ni se están incorporando nuevos sectores. El problema es que cuando tenemos un servicio de streaming ellos, según la ley, deberían pagar IGV, pero no tenemos como cobrarles porque están en el exterior”, detalló Francke.

Asimismo, modificar la Ley de Regalía Minera, la ley que crea el Impuesto Especial a la Minería y la ley que establece el gravamen especial a la Minería, a fin de reflejar de manera más adecuada los beneficios de la actividad minera y la revisión del monto efectivamente pagado por regalía minera, impuesto especial a la minería y gravamen especial a la minería para efectos del IR, esto en respuesta al alza del precio internacional de los recursos minerales, los cuales se harán del siguiente modo:

Es necesaria una reforma, pero no es el momento. En balance, el economista Renzo Vidal comparte que, si bien desde campaña muchos candidatos habían barajeado ideas de reforma tributaria, hoy no es el momento preciso para hacerlas. “Muchas de las propuestas de los candidatos presidenciales estaban relacionadas a la reforma tributaria, algo que está bien. Somos uno de los países que menos recaudan a nivel Latinoamérica, tenemos una baja presión tributaria. Sin embargo, una reforma no es correcta en estos momentos. Hay señales en contradictoria al respecto de la inversión privada, si estas señales se siguen dando, nadie va a invertir; de hecho, eso se extrapola en el consumidor, van a buscar ahorrar en lugar de consumir. Si se quiere hacer una reforma tributaria se supone que debe haber más ingresos, si no los hay o son ahuyentados por el mismo Estado, ¿de dónde se va a recaudar? El presupuesto no tendría un sustento si el próximo año la inversión está en incertidumbre”, alerta el economista.

Por su parte, Luis Arias Minaya compartió que la delegación de facultades debería poner el énfasis en combate a la evasión tributaria, racionalización de exoneraciones y mejoras institucionales. “Si hay que subir un par de tasas debe ser preciso y focalizado en sectores de muy altos ingresos”.

Materia financiera

En materia financiera el proyecto, el Ejecutivo indica que se tomarán medidas para fortalecer y ampliar las funciones del Banco de la Nación; sin embargo, no se precisó los detalles adicionales que cubrirá.

Además, incrementar el tope máximo de multas que puede imponer la SBS, modificando la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, con el objeto de que esta aplicación de sanciones sea disuasiva y suficiente para evitar la comisión de conductas infractoras por parte de las entidades que están bajo supervisión o con sanciones.

Asimismo, se intentará fomentar mayor competencia de entidades que están bajo supervisión de la SBS y optimización de procesos, modificando la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Esto se haría mediante la simplificación en los trámites para las empresas que no realizan captación de depósitos, permitiendo su salida del mercado bancario mediante el retiro de licencia, con lo cual se reducen los costos de resolución. Asimismo, se abriría la posibilidad de permitir la apertura y llegada de entidades u oficinas 100 % digitales en el sistema financiero.

Reactivación económica

En el área de reactivación económica, se pide facultades para promover la inversión privada facilitando la tramitación de procedimientos a cargo de entidades del Estado; modificar el marco legal del mecanismo obras por impuestos y mejorar los criterios y reglas aplicables a las modalidades de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. Asimismo, disposiciones especiales para la tramitación o prórroga de licencias, permisos y autorizaciones, y medidas para el fortalecimiento de la administración financiera del sector público.

Además de mejorar y consolidar las reglas, criterios, alcances, fuentes y mecanismos de financiamiento, funciones, competencias y procesos aplicables a las modalidades de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos con la finalidad de promover y proteger las inversiones desarrolladas en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.

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