Al término del 2021, el Poder Ejecutivo hizo oficial a través de la Ley N 31388 la ampliación de la vigencia del proceso de formalización de la mineras informarles hasta el 31 de diciembre del 2024.
El objetivo de esta normativa es coadyuvar a la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que vienen cumpliendo sus compromisos y obligaciones en el marco de este proceso.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ya había hecho un pedido especial para que esta norma se vuelva a observar. Esta solicitud tras considerar las posibles consecuencias que esto tendría para el medio ambiente y los derechos humanos de mujeres que participan en la trata de personas.
La República entrevistó a la adjunta la Defensoría del Pueblo en Medio Ambiente, Lissette Vásquez, que enfatizó que esta leyocasionaría un clima de impunidad en la defensa y fiscalización del respeto a la naturaleza.
“Reiteramos nuestra postura de que esta norma implica un retroceso frente a la minería informal e ilegal. Solicitamos al Ejecutivo que la observe. Este es un proyecto de ley que, como señalamos, propone prorrogar el plazo y postergar el plazo para la elaboración de una política multisectorial, lo cual es algo negativo. Esto genera problemas al ambiente, la minería ilegal está asociada a otras vulneraciones”, exclamó.
Asimismo, la primera ministra, Mirtha Vásquez, enfatizó que a los mineros informales se les exhorta a tener instrumentos de gestión ambiental.
“Pero muchos no cumplen los estándares y esto es muy necesario. Una actividad minera que no cumple estándares ambientales genera impactos graves a la vida y la salud de las personas. Es una actividad que genera riesgos a la vida y a la salud de las personas”, subrayó.
“El estar en un proceso de formalización implica que frente a estas actividades, que son consideradas ilegales, la Fiscalía no pueda actuar. Y tenemos gobiernos regionales que requieren fortalecer sus actividades de fiscalización, pero estos mineros siguen operando”, añadió.
Finalmente, en entrevista para Perú21, el exministro del Interior, Rubén Vargas, comentó que entre el Legislativo y el Ejecutivo han cedido ante la economía ilegal del oro.
También, fue crítico al señalar que el dar una prórroga en el tiempo de formalización de estas mineras ilegales, “por enésima vez”, solo causaría “enormes daños ambientales, explotación sexual y laboral en niños y niñas adolescentes y corrupción en gobierno regionales y nacionales”.
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