Exactamente 1 semana después de que por insistencia el Congreso aprobara la ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural (CAD) y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana, la Comisión de Defensa emitió un comunicado indicando que realizarán cambios a dicha normativa.
Los cuestionamientos llegaron de todos lados. En la previa el ministro de Defensa, José Gavidia, había indicado que el Ejecutivo se estaba encargando de presentar un acción de inconstitucionalidad contra el Tribunal Constitucional ya que la “norma es peligrosa debido a que el liderazgo de estos grupos podrían caer en manos de personas indiscriminadas”.
José Williams, presidente de dicha comisión, señaló que se aprobó esta ley en reconocimiento a la valiosa participación de los comités de autodefensa, en la lucha contra el terrorismo por más de 30 años en el logro de la pacificación nacional.
«La Comisión de Defensa Nacional presentará las modificaciones legislativas pertinentes, con el objeto de evitar interpretaciones sobre posibles riesgos a la seguridad nacional y dar tranquilidad a la ciudadanía y a los integrantes de los comités de autodefensa”, se lee en el comunicado.
Añadió que el objeto de esta normativa es incorporar a dichas organizaciones en el sistema de seguridad ciudadana, en apoyo a la Policía Nacional y a sus gobiernos locales; así como la posibilidad de constituirse como núcleos ejecutores para el desarrollo y bienestar de sus comunidades.
Las críticas también llegaron por parte de Nuria Esparch, exministra de Defensa. Vía Twitter evidenció lo riesgoso sería que exista la posibilidad de que estos grupos se formen a nivel nacional pese a que no estén en zonas de emergencia.
“Riesgoso que haya enfrentamientos con la PNP y FFAA si los comités de autodefensa deciden respaldar algún tipo de actividad que está fuera de la ley. O peor aún, si hay una disputa entre pueblos que cuentan con CADs», escribió.
Incluso, el rechazo también vino desde la Federación de Rondas Campesinas de Piura. Pidieron al presidente de la República, Pedro Castillo, la derogación de la ley ya que representa una amenaza a la paz social.
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