Resulta interesante el debate abierto sobre la forma de comunicar de la presidenta Keiko Fujimori. Y digo interesante porque es la primera vez que juzgamos, a favor o en contra, una práctica fundamental que debería tener cualquier gobernante: el uso de la comunicación como herramienta de su gestión pública. Sin embargo, el problema radica en entender qué concibe Keiko por comunicar.
Porque la cuestión de fondo no es la comunicación en sí, sino su propósito: para qué y por qué se realiza, y cuál es la estrategia que la sustenta. Sin un propósito claro, la comunicación pierde todo su valor estratégico.
No está mal que la presidenta dedique parte de su domingo a conectarse a TikTok; el problema es el contenido. Tampoco está mal que utilice momentos de su descanso para transmitir; el problema es si logra conectar con las demandas reales de la población. No está mal, en definitiva, que nos cuente su semana laboral; el problema radica en su distanciamiento de los medios de comunicación tradicionales.
“Gobernar significa también comunicar”, ha dicho la presidenta. No podemos estar más de acuerdo con ella. Es más, la felicitamos por haber creado la Oficina de la Presidenta Electa, una iniciativa habitual en Estados Unidos, Chile o Argentina. Desde la perspectiva comunicacional, se trató de un paso acertado que favoreció una transición ordenada y aportó transparencia a las primeras reuniones y anuncios oficiales. Esta medida generó esperanza de que, por fin, un Gobierno reconociera la importancia de la comunicación en la gestión gubernamental. Sin embargo, ese entusiasmo se desplomó tan pronto como llegó oficialmente a Palacio.
Gobernar también significa utilizar la comunicación para alinear esfuerzos y anticipar crisis que puedan desestabilizar al Ejecutivo. El nombramiento de un Gabinete con algunos figuras cuestionadas o recicladas abrió un primer flanco de críticas innecesario. Tan innecesario como la defensa ejercida por los propios impugnados: Sheput, Beingolea, Álvarez o Belaunde tuvieron que salir a defender su posición laboral antes que a exponer su plan de trabajo.
Pocos días después apareció un segundo flanco: un documento filtrado a la prensa revelaba detalles del pedido de facultades legislativas, lo que provocó que el debate se centrara en la reforma laboral y los feriados. El Gobierno reaccionó a las críticas, retrocedió y dejó su primer rastro de debilidad y falta de autoridad, revelando además falta de control interno, carencia de inteligencia política e improvisación en las explicaciones.
Ambos flancos, autoinfligidos y evitables, representaron un desgaste prematuro en la construcción de la reputación gubernamental y presidencial. Porque comunicar también significa mapear riesgos y establecer mecanismos de prevención.
Pasemos ahora a la primera paradoja comunicacional de Fujimori: mientras ella intenta proyectar una imagen de ejecutiva, rápida y eficaz, su equipo de gobierno dispara «fuego amigo» al mostrar contradicciones en temas como el Museo de la Memoria, el tren Lima-Chosica o los impactos del fenómeno El Niño, agravados por las desafortunadas declaraciones del ministro de Economía.
Cuando el discurso oficial promete orden pero cuenta con ministros que se contradicen, la confianza se quiebra. En estos casos, no existe varita mágica que podamos agitar para evitar el caos. La comunicación no corrige el desorden ni la incapacidad de gestión; apenas ayuda al control de daños y, en el mejor de los escenarios, a anticipar riesgos reputacionales.
La comunicación jamás podrá reemplazar la falta de planificación, aunque sí puede ayudar a estructurar los mensajes oficiales y a preparar a voceros calificados, pero pierde su valor si interviene a posteriori.
Una segunda paradoja aparece cuando la presidenta habla de autoridad y, sin embargo, le cuesta prescindir del comandante general de la Policía. Esa contradicción puede resultar más dañina que una buena intención comunicativa, porque un nombramiento es también un mensaje de comunicación política. Al resistirse al cambio, el Gobierno emite la señal de que prioriza la continuidad y premia la ineficiencia. Lo mismo se puede decir de la reciente decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de anular las multas de tránsito, cediendo así a las presiones de los transportistas infractores.
Las primeras acciones de un Ejecutivo son especialmente relevantes para trazar su agenda futura y construir su identidad política y de gestión. Es ahí donde aparece la principal debilidad comunicacional del Gobierno: su incapacidad para trazar ese rumbo ordenado que el país requiere y su ineptitud para emprender y comunmicar las reformas profundas que se esperan en el Estado.
La cercanía en redes sociales ayuda a construir la imagen de una presidenta accesible y conectada con la ciudadanía. Pero existe un riesgo: que se acostumbre a esa proximidad digital sin intermediarios y a una comunicación unidireccional. Un live o un like no equivalen a transparencia ni a rendición de cuentas, ni bastan para generar confianza en un país que llega dividido. El problema no reside en usar las redes, sino en asumirlas como un sustituto del escrutinio periodístico. El episodio controvertido de Damián Valenzuela Mayer (caso Tomyko) refuerza la necesidad de transparencia y de esclarecer el alcance de esas relaciones o cercanía.
Por tanto, el desafío comunicacional de Keiko Fujimori sigue pendiente. Estos primeros desencuentros deberían servir para encauzar una comunicación que también carece de orden, coherencia y profundidad. En política no basta con comunicar más: hay que comunicar mejor.
