Cuando viajé recientemente a Áncash, tuve que trasladarme a un centro poblado ubicado a ocho horas en camioneta desde la ciudad. Durante el recorrido, los paisajes me recordaban la belleza del país que tenemos y me hacían sentir orgullosa. Sin embargo, en medio de esa reflexión, surgió una pregunta que cambió mi manera de mirar el camino: ¿qué pasaría si viviera en una comunidad tan alejada y fuera víctima de violencia por parte de mi pareja? ¿A dónde acudiría? ¿Cómo accedería a la justicia?
Lo primero que pensé fue en la justicia comunal, pero inmediatamente surgió otra pregunta: ¿qué tan efectiva es para proteger a las mujeres? Porque una cosa es que existan autoridades a las que acudir y otra muy distinta es que una mujer pueda encontrar en ellas una respuesta oportuna y adecuada frente a la violencia.
Actualmente, el gobierno ha solicitado facultades legislativas para atender distintos problemas, entre ellos la seguridad ciudadana. También se han incluido otros temas, como el empleo juvenil, el sistema financiero y la simplificación administrativa, que han sido objeto de discusión política. Sin embargo, en medio de esta lista de prioridades, hay algo que me llama la atención, aunque no me sorprende: la ausencia de una respuesta frente a la violencia de género, especialmente aquella que enfrentan las mujeres en las zonas rurales.
Según el INEI, hacia 2024, el 52 % de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su esposo o compañero, mientras que solo 47 de cada 100 buscó ayuda en una institución estatal. La diferencia entre quienes sufren violencia y quienes acuden al Estado evidencia una brecha que no podemos seguir ignorando. Y es que acceder a la justicia no depende únicamente de que exista una institución en el territorio, también importa cuánto tiempo toma llegar a ella, qué autoridades intervienen y si realmente pueden ofrecer una respuesta.
Hace una década, la investigadora Mercedes Crisóstomo Meza documentó, a través de su trabajo etnográfico en Anchonga (Huancavelica) e Iguaín (Ayacucho), las dificultades que enfrentaban las mujeres rurales para denunciar situaciones de violencia. El recorrido podía comenzar en la autoridad comunal, continuar en el juzgado de paz, pasar por la gobernación y la DEMUNA, y llegar recién después a la policía, la fiscalía y el juzgado provincial. Un proceso que podía tomar entre ocho y doce meses, durante el cual muchas mujeres terminaban abandonando la denuncia e incluso, las que completaban todo el proceso, nuevamente seguían siendo víctimas de sus esposos.
¿Cómo podemos hablar de un Estado que protege a las mujeres si, para acceder a la justicia, ellas deben atravesar un camino tan largo y difícil? Lo interesante es que existen alternativas. Desde 2025, el PNUD, en alianza con el Poder Judicial, viene impulsando, a través de Sumaq Justicia, rutas de justicia con enfoque territorial en distritos de Junín, Huancavelica y Lima Este. La iniciativa busca articular a jueces de paz, comisarías, CEM, centros de salud y gobiernos locales para responder a las barreras que enfrentan las mujeres, porque no basta con diseñar políticas desde Lima; es necesario reconocer las particularidades de cada territorio.
Sin embargo, ¿qué ocurre cuando cambian las autoridades y estos esfuerzos pierden continuidad? Una ruta de atención puede estar aprobada, pero sin recursos ni personal estable, difícilmente se traducirá en una respuesta efectiva. La experiencia documentada por Crisóstomo en Anchonga e Iguaín ya evidenciaba estas dificultades: DEMUNAS cuyos responsables cambiaban con cada gestión, presupuestos que no llegaban y actas de conciliación que terminaban convertidas en letra muerta.
La seguridad ciudadana requiere respuestas, pero también es necesario preguntarnos qué lugar ocupa la protección de las mujeres rurales en las decisiones del gobierno. No basta con reconocer que existe violencia; necesitamos que las instituciones puedan responder cuando una mujer decide denunciar, incluso si vive a varias horas de la ciudad.
Por eso, las elecciones de octubre representan también una oportunidad para poner esta problemática sobre la mesa, las nuevas autoridades tendrán que decidir si las rutas de justicia y los compromisos asumidos se traducen en acciones concretas o si vuelven a quedar relegados. Porque, al final, la pregunta es sencilla: ¿de qué sirve que una mujer se atreva a denunciar si el Estado no está en condiciones de protegerla?
