Hay quienes sostienen que conservadurismo y progresismo se alternan como un péndulo. En materia de derechos sexuales y reproductivos tengo mis dudas. Lo que estamos viendo no parece un simple movimiento de ida y vuelta, sino la acumulación de mecanismos cada vez más sofisticados para limitar derechos, particularmente los sexuales y reproductivos.
Y con el segundo gobierno de Donald Trump estamos entrando en una nueva etapa.
El antecedente más conocido es la Política de Ciudad de México, la llamada “regla de la mordaza”, mundialmente conocida como Global Gag Rule, instaurada por Ronald Reagan en 1984. Durante décadas, el ritual fue predecible: los gobiernos republicanos la reinstalaban y los demócratas la levantaban. Esta política condicionaba la cooperación estadounidense destinada a organizaciones extranjeras —es decir, las nuestras— en función de sus actividades relacionadas con el aborto, aun cuando las leyes de sus propios países las permitieran.
Trump ha ido bastante más lejos.
Ya no estamos hablando únicamente del aborto, componente clave de la autonomía reproductiva, ni de una política específica de cooperación. Empieza a configurarse una arquitectura que articula derechos sexuales y reproductivos, género, familia, cooperación internacional y política exterior.
Una primera pieza es la Declaración del Consenso de Ginebra, creada en 2020 durante el primer gobierno de Trump. Estados Unidos volvió a incorporarse en 2025 y posteriormente reasumió su Secretaría.
Sus cuatro ejes parecen inocuos: salud de las mujeres, protección de la vida, fortalecimiento de la familia y soberanía de los Estados. Pero las palabras importan por lo que significan políticamente. La Declaración busca restringir el alcance de la autonomía reproductiva que los países han ido reconociendo; afirma que no existe un derecho internacional al aborto, excluye el aborto de su concepción de salud sexual y reproductiva y propone actuar coordinadamente dentro del sistema de Naciones Unidas para promover estos principios.
Algo que no podemos perder de vista: pese a su nombre, el Consenso de Ginebra no es un consenso de Naciones Unidas. No fue adoptado por la Asamblea General ni por ninguno de sus órganos. Es una coalición de gobiernos que pretende actuar dentro de esos espacios multilaterales y, cuando resulta conveniente, también paralelamente a ellos.
Y aquí aparece una paradoja notable: quienes denuncian permanentemente el “globalismo” y la imposición de agendas extranjeras no tienen reparos en organizar internacionalmente la suya.
Un ejemplo cercano fue el II Encuentro Regional de Foro Madrid realizado en Lima en 2023, articulado alrededor de la Carta de Madrid e impulsado por sectores vinculados a VOX. Rafael López Aliaga figura entre sus firmantes originales y dirigentes de Renovación Popular han participado activamente en estos espacios. A ello se suma la “Red Política por los Valores”, que llegó a ser presidida por José Antonio Kast, hoy presidente de Chile. Esta red internacional articula dirigentes políticos alrededor de la defensa de “la vida”, “la familia” y determinadas concepciones de libertad, y plantea explícitamente incidir en políticas públicas, legislación y cambios culturales. No estamos, por tanto, ante movimientos nacionales aislados, sino ante una agenda transnacional organizada.
La segunda pieza es más preocupante porque ya toca el dinero. Se llama Promoting Human Flourishing in Foreign Assistance: Promoción del Florecimiento Humano en la Asistencia Exterior.
¿Quién podría estar en contra del “florecimiento humano”? El problema aparece cuando se lee la letra pequeña. Desde 2026, las reglas de asistencia exterior estadounidense incorporan condicionamientos relacionados con el aborto, con lo que la administración Trump denomina “ideología de género” y con determinadas políticas de diversidad, equidad e inclusión.
La vieja regla de la mordaza ha dejado de estar sola. Ahora forma parte de una política mucho más amplia.
Dicho de otro modo: el Consenso de Ginebra ofrece un marco político e ideológico y el “florecimiento humano”, un instrumento financiero para trasladar esa orientación a la cooperación internacional.
Hay una tercera pieza que debemos mirar con atención: el Escudo de las Américas, la coalición impulsada por Trump para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y las amenazas a la seguridad hemisférica. El Perú acaba de anunciar su incorporación.
Sería incorrecto afirmar que el Escudo es una iniciativa antigénero. No lo es. Pero expresa una forma de construir alianzas entre gobiernos afines, privilegiando acuerdos políticos y de seguridad que pueden desplazar o debilitar los espacios multilaterales tradicionales.
Y es aquí donde deberíamos encender las alarmas y dejar de pensar que la regresión antigénero es un asunto que solo compete a las feministas.
Seguridad, narcotráfico, migración, cooperación, salud, género y derechos humanos pueden dejar de funcionar como agendas separadas y convertirse progresivamente en componentes de una misma concepción de política exterior.
No estamos, entonces, frente a una simple reacción conservadora. Estamos frente al intento de construir un nuevo orden normativo, capaz de disputar los consensos alcanzados durante décadas desde El Cairo y Beijing, respaldado por mas de 170 estados y de convertir esa disputa en política exterior, cooperación y alianzas geopolíticas.
Sus consecuencias no recaerán solamente sobre las mujeres y las personas LGBTIQ+. También alcanzarán, lo que ya viene sucediendo, a las organizaciones que defienden derechos, a la cooperación que las sostiene y al espacio cívico en el que actúan y eso, ya lo estamos viviendo en el Perú.
Por eso esta discusión no trata solamente de género. Trata de democracia, de soberanía, de la vida de las personas y de quién tendrá derecho a participar en ellas.
