El informe sobre pobreza multidimensional publicado este mes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Oxford deja un dato difícil de aceptar: de los 1.200 millones de personas que viven en esa condición en los 108 países estudiados, 617 millones son niños.[1] Más de la mitad de quienes padecen estas privaciones están comenzando la vida. Sus posibilidades de crecer con salud dependen de decisiones sobre la alimentación, la educación, la vivienda y la protección de sus familias. Desde la salud tenemos razones suficientes para ocuparnos de este informe. En el Perú, la pobreza monetaria afectó a 8,8 millones de personas en 2025, y su incidencia todavía supera la registrada antes de la pandemia.[2]
La pobreza es uno de los determinantes sociales más poderosos de la salud: expone a enfermar y dificulta recuperarse. Pero una enfermedad también puede destruir el esfuerzo de una familia que consiguió mejorar sus condiciones de vida. En un país donde siete de cada diez trabajadores tienen empleo informal, esperar una consulta puede significar perder el ingreso del día, y la recuperación puede prolongar esa pérdida. Si además deben comprar medicinas o pagar los análisis que necesitan, muchas familias tienen que decidir entre seguir el tratamiento o sacrificar la alimentación, el alquiler o los gastos de los hijos. Para quienes ya viven en pobreza, esos pagos pueden profundizar las privaciones y llevarlos a la pobreza extrema. Estos desembolsos por medicamentos, consultas y exámenes constituyen el gasto de bolsillo en salud.
La protección financiera es una responsabilidad central del sistema de salud. El derecho a la salud exige que sus servicios mejoren la vida de las personas, las atiendan con calidad y seguridad y eviten que el costo de recibir atención las empobrezca. Los marcos de evaluación del desempeño desarrollados por la Organización Mundial de la Salud reconocen esta protección entre sus resultados.[3] Sin embargo, en la discusión política suele prestarse mayor atención a los hospitales que se construirán, los equipos que se instalarán o las consultas que se producirán que al sacrificio económico de quienes necesitan atenderse.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la protección financiera mejora cuando los pagos directos de las familias se reducen por debajo del 15–20 % del gasto total en salud del país.[4] Esa referencia, sustentada en estudios internacionales, exige financiar una mayor parte de la atención mediante recursos que permitan compartir el riesgo de enfermar, en lugar de concentrar el costo en quien necesita atenderse.
Esta responsabilidad forma parte de los compromisos que el Perú ha asumido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La meta 3.8 incluye la protección frente a los riesgos financieros de enfermar, y el indicador 3.8.2 permite medir las dificultades económicas que ocasionan los pagos directos por salud.[5] El país tiene, por tanto, un compromiso por el cual debe rendir cuentas: demostrar avances en la protección de las familias y reducir el riesgo de que atenderse las empobrezca o agrave su pobreza.
Aunque poco discutidos, el Perú ha realizado progresos. Según la serie de la OMS difundida por el Banco Mundial, el gasto de bolsillo pasó de representar el 40,3 % del gasto corriente en salud en 2000 al 27 % en 2023.[6] Su peso en el financiamiento sanitario se redujo aproximadamente en un tercio, con alzas y bajas durante ese periodo. La reducción acompañó la expansión del aseguramiento público. La OCDE documenta que el Seguro Integral de Salud (SIS) pasó de cubrir al 14,1 % de la población en 2005 al 60,7 % en 2022.[7] Reconocer esa contribución obliga también a enfrentar las dificultades que impiden convertir el aseguramiento en servicios completos, oportunos, seguros y de calidad.
Detrás de esas cifras existe una política con raíces de casi tres décadas. El Seguro Escolar Gratuito de 1997 y el Seguro Materno Infantil de 1998 precedieron a la creación del SIS.[8] La protección fue ampliándose mediante sucesivas decisiones: ya en 2002 incluía a integrantes de organizaciones sociales y lustradores de calzado; en 2005, una ley extendió la cobertura a población adulta en pobreza y pobreza extrema. Se abrieron también mecanismos para poblaciones amazónicas y altoandinas, y en 2010 se anunció la incorporación de canillitas al aseguramiento universal.
Las ampliaciones posteriores facilitaron la afiliación de grupos que seguían excluidos. En 2019, el Decreto de Urgencia 017-2019 autorizó incorporar a residentes sin otro seguro, independientemente de su condición socioeconómica.[9] La protección subsidiada alcanzó así también a personas no pobres que carecían de cobertura. Gobiernos de distinto signo sostuvieron una política cuya continuidad merece ser defendida y mejorada.
Los faltantes de medicamentos muestran cuánto queda por cumplir. El informe de DIGEMID sobre gasto de bolsillo calcula que las medicinas representaron el 38,1 % de los pagos directos en salud durante 2023.[10] Esa cifra comprende todas las compras de medicamentos. Una parte del problema aparece cuando el establecimiento no entrega una medicina cubierta y el paciente debe comprarla fuera: la familia termina financiando una prestación para la cual debía contar con protección. Cuando el tratamiento es prolongado o requiere productos de alto costo, los desembolsos pueden consumir ahorros, generar deudas y comprometer el sustento del hogar.
Los presupuestos públicos de salud, incluidos los recursos del SIS y los destinados a programas presupuestales, financian la atención y el suministro de medicamentos. Su disponibilidad depende también de una gestión que comienza por estimar correctamente las necesidades y continúa con la compra, el almacenamiento, la distribución y la entrega. En septiembre, DIGEMID anunció una actualización de su sistema de suministro para conocer existencias y anticipar necesidades.[11] Estas herramientas deben permitir corregir los faltantes antes de que obliguen al paciente a pagar. Si una medicina cubierta no llega a sus manos, corresponde establecer dónde falló esa cadena y corregirlo. Cuando se obliga a comprarla por cuenta propia, el costo del incumplimiento se traslada a las familias.
El ministro de Salud ha cuestionado públicamente la situación financiera que recibió y ha incluido los medicamentos entre sus compromisos para los primeros cien días.[12] Debe explicar cómo financiará lo prometido y demostrar qué ha cambiado para el paciente. La discusión presupuestal para 2027 hace más urgente esa exigencia. Según Acción Internacional para la Salud, participante en una mesa de trabajo sobre abastecimiento, CENARES advirtió que el proyecto de presupuesto no incluía un artículo que financiara la compra centralizada de medicamentos y dispositivos médicos para los afiliados al SIS. El Gobierno y el Congreso deben esclarecer y resolver esa alerta antes de aprobar el presupuesto.
Las dificultades heredadas exigen reconocer también las capacidades disponibles. El aseguramiento público es una de ellas. El país ha dedicado décadas a ampliar su cobertura y dispone de instituciones, recursos y experiencia para fortalecerla. Al Gobierno de Fujimori y al Congreso debemos exigirles que hagan cumplir esa protección. El Ejecutivo debe asegurar financiamiento suficiente y oportuno, conducir el abastecimiento y responder por las prestaciones que los asegurados terminan pagando. Al Congreso le corresponde respaldar esos recursos y fiscalizar su resultado. La ejecución presupuestal tiene que examinarse junto con las recetas atendidas completas y los tratamientos que las personas consiguen continuar.
Fortalecer el SIS y garantizar los medicamentos cubiertos es también defender a las familias de la pobreza. La utilidad de esta política se reconoce al atender a un hijo o continuar un tratamiento sin retirar ese dinero de otras necesidades. El Gobierno y el Congreso deben preservarla y hacerla cumplir. Cada vez que una familia se endeuda para pagar una prestación cubierta, el Estado deja sin efecto, en la práctica, una parte del derecho que dice garantizar.
Lima, 18 de octubre del 2026
Fuentes
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). 2026 Global Multidimensional Poverty Index.
Ver fuente - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria, 2016-2025.
Ver fuente - Organización Mundial de la Salud (OMS). Financial protection.
Ver fuente - Organización Mundial de la Salud (OMS). The World Health Report 2013. La OMS señala como referencia que cuando los pagos de bolsillo descienden al 15–20 % o menos del gasto total en salud, la incidencia de gasto financiero catastrófico tiende a ser muy baja.
Ver fuente - Organización Mundial de la Salud (OMS). Universal health coverage (UHC), SDG Target 3.8.
Ver fuente - Banco Mundial. Out-of-pocket expenditure (% of current health expenditure). Perú.
Ver fuente - OCDE. Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025.
Ver fuente - Seguro Integral de Salud. Seguro Integral de Salud: 24 años al servicio del país. Reseña histórica del Seguro Escolar Gratuito, Seguro Materno Infantil y creación del SIS.
Ver fuente - Ministerio de Salud. Decreto de Urgencia N.º 017-2019, que establece medidas para la Cobertura Universal de Salud.
Ver fuente - Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Gasto de bolsillo en salud y medicamentos. Periodo 2022-2023.
Ver fuente - Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Ministerio de Salud moderniza sistema para fortalecer suministro de medicamentos en establecimientos de salud y evitar su desabastecimiento. 11 de septiembre de 2026.
Ver fuente - Ministerio de Salud. Ministro anuncia cinco acciones en 100 días para transformar el sistema de salud.
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