La ganadería familiar en el sur del Perú comprende las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna; se desarrolla en un escenario de extrema vulnerabilidad socioeconómica y ambiental que en los espacios de debate público se suelen ignorar.
Esta actividad tiene un papel relevante en la economía de las familias rurales, pues complementa los ingresos de los agricultores familiares frente a los riesgos que enfrentan en el desarrollo de la actividad agrícola. Se estima que 1 millón 59 mil productores agropecuarios[1] se dedican a esta actividad en nuestro país. De ese total 334.708 productores agropecuarios realizan como actividad central la ganadería familiar en Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Moquegua y Tacna. Puno concentra la mayor cantidad, con aproximadamente 158.619 productores, seguido de Cusco, con 97.732[2]. Estas cifras permiten dimensionar la importancia de esta actividad en una región donde la disponibilidad de agua y pastos resulta fundamental para sostener la producción ganadera.
Durante 2008 y 2009, el sur del país enfrentó un episodio crítico de escasez hídrica y heladas prolongadas que afectó severamente las campañas agrícolas y la actividad pecuaria en las regiones altoandinas del sur y centro del Perú. La crisis hídrica ocasionó la pérdida de los medios de vida de los ganaderos, debido a que la sequía destruyó las fuentes naturales de alimentación del ganado. Esto provocó la descapitalización de los hogares por la muerte de animales y la pérdida de peso del ganado, lo que redujo su capacidad para generar ingresos. También se identificó una afectación directa en la disponibilidad y el acceso a los alimentos de las familias rurales más pobres, incrementando los riesgos de desnutrición crónica en una población que actualmente enfrenta serios problemas nutricionales. Recordar lo ocurrido permite identificar medidas de política pública que puedan aplicarse para enfrentar la actual crisis climática y evitar que sus consecuencias se repitan.
La respuesta actual del Gobierno se ha centrado principalmente en la declaratoria de emergencia de 607[3] distritos a nivel nacional por peligro inminente ante el déficit hídrico durante el periodo de lluvias 2026-2027. La medida busca reducir los niveles de riesgo y facilitar las acciones de respuesta y rehabilitación. Sin embargo, no contempla una asignación de presupuesto adicional, lo que puede limitar la capacidad de las entidades públicas para ejecutar las intervenciones necesarias.
La estrategia gubernamental se centra en asegurar la alimentación y contribuir a mantener la condición corporal de los animales frente a la escasez de forraje, mediante la entrega de kits con alimento para el ganado y semillas para promover la siembra de pastos. Sin embargo, la adquisición estatal de forraje en algunas localidades puede distorsionar el mercado e incrementar los costos de producción de una actividad que ya enfrenta una crisis estructural. En ese sentido, resulta necesario revisar los mecanismos de compra y distribución para evitar que las medidas de emergencia terminen perjudicando a los propios productores.
Asimismo, se vienen desarrollando acciones de siembra y cosecha de agua con la finalidad de garantizar la disponibilidad del recurso hídrico. Esta es una actividad que ya se realizaba previamente y que ahora adquiere mayor relevancia frente a la emergencia climática. En materia de protección financiera, se ha planteado el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), que brinda una compensación de S/ 1.000 por hectárea para cultivos priorizados y S/ 500 para los no priorizados. Sin embargo, estos montos no representan ni el 10 % de la inversión realizada por los productores. Asimismo, se ha incluido el seguro pecuario en una resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), cuyas condiciones y alcances deben ser materia de análisis.
Por otro lado, FONGALSUR, gremio de pequeños y medianos ganaderos, demanda la implementación urgente de cinco medidas para proteger la actividad pecuaria. Entre ellas, propone habilitar una línea de crédito a través del fondo AGROPERÚ, con un periodo de gracia de 12 meses y un plazo de tres años para devolver el capital; importar forraje, como alfalfa y cebada, mediante AGRO RURAL para garantizar la alimentación del ganado y evitar la especulación de precios; e incorporar a las distintas especies ganaderas en el seguro catastrófico, estableciendo indemnizaciones según el tipo de animal y su valor. Asimismo, solicita la entrega de bombas solares para abastecer de agua a las zonas afectadas del altiplano y la modificación de las normas presupuestales del MIDAGRI, a fin de ampliar los recursos y garantizar que los pequeños y medianos ganaderos del sur puedan acceder a estas medidas de apoyo.
La política pública debe orientarse a atender la emergencia mediante respuestas oportunas, pero también a evaluar las posibles distorsiones que pueden generar algunas de las medidas implementadas. Además, esta crisis representa una oportunidad para impulsar acciones estructurales que permitan resolver los problemas que limitan la rentabilidad de la ganadería familiar, como los elevados costos de producción y la concentración del mercado de compra de leche, que impide a los ganaderos recibir precios justos. También es necesario impulsar la industria quesera como una alternativa para agregar valor a la producción, fortalecer el manejo genético del hato para mejorar la calidad de la carne y la leche, y ampliar el acceso al mercado estatal, considerando la normativa que establece la obligación de adquirir un 30 % de productos provenientes del sector de la agricultura familiar.
El desafío no termina con superar la sequía. La recuperación debe poner en el centro la recapitalización de las unidades productivas familiares, la protección de sus animales y el fortalecimiento de su capacidad para generar ingresos. De lo contrario, cada nueva crisis climática volverá a poner en riesgo el patrimonio y los medios de vida de miles de familias ganaderas. La respuesta del Estado no puede limitarse a atender la emergencia: debe contribuir a recuperar la rentabilidad y garantizar la sostenibilidad de la ganadería familiar.
[1] Según el procesamiento de los microdatos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI
[2] Idem
[3] DS que declara el Estado de Emergencia en varios distritos por peligrp inminente ante déficit hídrico para el periodo de lluvias 2026-2027 8511252-ds-n-116-2026-pcm.pdf
