Con un Comando Unificado para la seguridad ciudadana y un Centro de Gobierno que todavía no muestran resultados verificables, Keiko Fujimori cumple cien días al frente de un Ejecutivo del que se espera mucho más.
Keiko Fujimori tuvo tiempo de sobra para prepararse, como pocas figuras de la política peruana. Fue primera dama desde 1994, con apenas 19 años, hasta la caída del gobierno de su padre en noviembre de 2000. Entre 2006 y 2011 fue congresista por Lima, elegida con la votación individual más alta del país. Después condujo el partido que había fundado y disputó la presidencia en cuatro elecciones. Lo intentó en 2011, 2016 y 2021. En 2026 finalmente ganó.
Con semejante recorrido, se esperaba que llegaría con políticas trabajadas y un equipo capaz de ponerlas en marcha desde el primer día. El mensaje del 28 de julio fue una sorpresa. La Autoridad Nacional Digital se anunció sin mayores precisiones. El plan frente a El Niño tuvo también vacíos. No precisó cuánto se invertiría ni qué cuencas serían intervenidas; el calendario de ejecución quedó pendiente. Incluso anunció un alza del sueldo mínimo que había criticado en campaña cuando la propuso su rival. Costaba reconocer allí un plan madurado durante años.
La conformación del gabinete tampoco despejó las dudas. La Cancillería fue para Carlos Espá, abogado y periodista, también conductor de televisión, que meses antes había sido su rival en la primera vuelta. Defensa quedó en manos de Rafael Belaunde Llosa, otro excandidato presidencial, cuyo nombramiento fue cuestionado por asociaciones de militares en retiro.
En un país fragmentado, buscar acuerdos y recomponer alianzas es parte de gobernar. Pero haber competido por la presidencia dice poco sobre la preparación para conducir una cartera.
Hay una distinción que ayuda a ordenar este balance. Un gobierno puede dar continuidad a lo que recibió, modificar la intensidad de las políticas existentes o emprender reformas estructurales. Subir una prestación pertenece al segundo grupo. Cambiar las reglas con que funciona el Estado entra en el tercero.
El primer grupo es el más silencioso: el Estado sigue andando aunque cambie el gobierno. Los ministerios ejecutan sus presupuestos y los gobiernos regionales continúan licitando. Los programas sociales pagan, las obras iniciadas años atrás se terminan. Todo eso puede producir buenos indicadores, incluso mejores que los del período anterior, sin que se haya modificado una sola política. Atribuirle al nuevo gobierno todo lo que ocurrió en cien días es tan injusto como negarle cualquier mérito.
Más de lo mismo, con más dinero
Las decisiones incrementales tienen efectos visibles. La remuneración mínima subió a S/ 1.230 desde el 1 de octubre, con un segundo tramo hasta S/ 1.300 previsto para 2027. Pensión 65 duplicará su subvención, de S/ 350 a S/ 700 bimestrales. El primer pago está previsto para el 30 de noviembre y será financiado dentro del crédito suplementario que el Congreso aprobó.
Son decisiones reales y avanzan en el cumplimiento de promesas explícitas. Ojo, avanzar no equivale a haber entregado ya todos los beneficios anunciados. En Pensión 65, por ejemplo, el pago todavía tiene una fecha por delante.
Ambas medidas recurren a instrumentos disponibles desde antes. Para subir la remuneración mínima se utiliza un decreto supremo. En Pensión 65 se aumenta el monto de una transferencia existente. Esa mayor asignación, por sí sola, no acredita una ampliación de cobertura ni una mejor focalización. Tampoco demuestra que haya cambiado el modelo de protección social. El beneficio económico puede ser importante para quien lo recibe, pero la discusión sobre la reforma del Estado queda abierta.
Las apuestas estructurales
En seguridad aparece la apuesta estructural más clara. El 7 de octubre la presidenta creó un Comando Unificado de 1.350 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía, con un centro de operaciones en el Cuartel General del Ejército. Hay allí un cambio en la organización de la respuesta al crimen. Su alcance, sin embargo, debe compararse con los mecanismos de coordinación que ya existían.
Lleva cerca de un mes funcionando. En su presentación no se precisó quién lo dirige ni qué papel cumplen las autoridades civiles. A estas alturas, esas preguntas deberían tener respuesta. Después vendrá la prueba más difícil, medir si redujo extorsiones y homicidios en los territorios donde opera. Contar intervenciones resulta bastante más sencillo.
Las primeras cifras de seguridad ciudadana preocupan. Según el Sinadef, en estos cien días hubo alrededor de 600 homicidios, unos seis por día: prácticamente igual que en el mismo periodo de los dos gobiernos anteriores.
Según Datum, el 68% de los peruanos cree que no se ha avanzado nada contra la inseguridad. Por ahora, la violencia sigue su propia inercia.
La otra apuesta institucional ha recibido menos atención y quizá termine siendo más importante. El 28 de agosto, mediante el D.S. 122-2026-PCM, el gobierno creó la Secretaría Estratégica Presidencial. Este Centro de Gobierno debe proponer y hacer seguimiento a la Política General de Gobierno, aprobada una semana después. Tiene previstas metas, cronogramas y alertas tempranas. Los ministerios y organismos están obligados a proporcionarle información.
En septiembre, el gobierno inició con el BID un diálogo técnico para poner en marcha las unidades de Cumplimiento y de Destrabe Administrativo. Una instancia así podría mejorar la coordinación del Ejecutivo. Para lograrlo tendría que aportar capacidades distintas de las existentes y conseguir que las prioridades presidenciales se traduzcan en gestión cotidiana. Sus metas y tableros de seguimiento permitirían empezar a juzgar si lo está haciendo.
El mismo decreto creó una Comisión Consultiva que incluye a figuras históricas del fujimorismo, como Jaime Yoshiyama y José Chlimper. Su presencia plantea una duda atendible sobre el peso de la afinidad partidaria en la selección.
En el resto de la agenda estructural hay menos que mostrar. El mensaje del 28 de julio prometió reorganizar la administración pública y crear una Autoridad Nacional Digital. Ofreció transformar el sistema de contrataciones, que según la propia presidenta mueve el 24% del gasto nacional. También anunció una reforma del servicio civil basada en el mérito.
Esas promesas difícilmente avanzarán con la sola marcha de la administración. Necesitan cambios normativos y capacidad para ejecutarlos. Y obligan a enfrentarse a intereses establecidos, algo bastante más incómodo que aprobar un aumento.
En la Autoridad Nacional Digital, el primer paso comprobable sería su norma de creación. Para compras públicas y servicio civil habría que identificar los proyectos concretos y revisar en qué punto de su tramitación se encuentran. Hay que darles el beneficio de la duda: que este balance no disponga de esa información tampoco autoriza a dar por hecho que nada avanzó.
Las comisiones de alto nivel instaladas para reformas en formalización laboral y financiamiento apuntan en una dirección atendible. Lo mismo ocurre con las de inversión pública y cumplimiento tributario. Falta ver qué propuestas producen y qué recorrido les dará el gobierno.
Las facultades y la responsabilidad compartida
El Congreso tiene su cuota de responsabilidad. Recibió el pedido de facultades el 28 de agosto y recién el 21 de octubre aprobó una delegación limitada a seguridad y El Niño. Las reformas que requieran cambios legales fuera de esas materias tendrán que tramitarse mediante proyectos de ley ante el Parlamento, con los acuerdos y las demoras que ello supone.
Pero conviene separar ese problema del uso de las facultades concedidas. A la fecha no se ha publicado ningún decreto legislativo al amparo de las facultades otorgadas; solo se ha anunciado que el Consejo de Ministros empezará a evaluarlos.
Hasta ahora, la plana sigue en blanco.
Lo que deberíamos preguntar
Cien días no alcanzan para exigir resultados definitivos de una reforma profunda. Alcanzan, en cambio, para observar qué asuntos reciben atención y si el gobierno empieza a organizarse para cumplir sus promesas.
El balance de la administración Fujimori obliga a mirar por separado las decisiones incrementales adoptadas con instrumentos existentes y las dos apuestas institucionales, el Comando Unificado y un nuevo Centro de Gobierno, todavía sin resultados verificables. Queda además la agenda de reformas pendientes. Para acreditar su avance harán falta normas y proyectos concretos, acompañados de medidas de ejecución.
La aprobación se ha deteriorado durante este período. Según Ipsos, pasó del 57% al inicio del mandato al 40% en octubre. Datum, en una medición diferente, registra que solo el 10% califica estos cien días como buenos. Las preguntas son distintas, por lo que esos porcentajes deben leerse por separado. Al gobierno, de todas maneras, deberían preocuparle.
Cuando llegue el balance oficial, cada cifra merece una pregunta incómoda. ¿Qué hizo específicamente este gobierno para producir ese resultado y qué habría ocurrido sin su intervención?
En septiembre, la propia presidenta cambió su plazo: ya no cien días, sino los 1.826 de su mandato, indirectamente pasar piola estos primero cien días. ¿Tenemos que esperar a que termine el gobierno para pedirle cuentas a la presidenta? No creo. El país requiere de continuos y sistemáticos reportes de gestión. Es el deber de la presidenta, y es nuestro derecho ciudadano.
