Desde 2016, gobernar en el Perú se convirtió en un ejercicio de supervivencia. Por primera vez en una década, la continuidad de un gobierno no parece ser la pregunta central. Pero la incertidumbre no desaparece, solo cambia de lugar: de su continuidad a su capacidad para gobernar. Y, a cien días del inicio del mandato de Keiko Fujimori, esa es todavía la principal incógnita.
Fujimori llegó a Palacio cargando dos expectativas opuestas. Quienes la respaldaron esperaban orden, firmeza y un antes y un después frente al crimen. Quienes la rechazaron temían el regreso del autoritarismo. Cien días son pocos para cerrar cualquiera de las dos lecturas, pero hasta ahora ninguna termina de cumplirse. Sus votantes no ven el orden prometido y sus adversarios no encuentran el régimen que anunciaban. Entre la esperanza de unos y el rechazo de otros ha aparecido una tercera posibilidad: un gobierno que corre el riesgo de ser uno más. Para quien dividió la política peruana durante dos décadas y buscó las riendas del gobierno en cuatro elecciones, pocas palabras pueden resultar tan incómodas como la que hoy elige casi la mitad de los encuestados para calificar su gestión: regular (47% según Datum, noviembre).
Sin embargo, hay algo que distingue a Fujimori de sus más recientes antecesores. Desde Pedro Pablo Kuczynski en adelante, los gobiernos convivieron con una amenaza de origen: no terminar su mandato, un riesgo casi cotidiano. Hoy esa sombra no parece estar sobre Palacio. A diferencia de lo que ocurría cuando Fuerza Popular lideraba la oposición, las bancadas opositoras no demuestran la articulación ni la solidez necesarias para poner en riesgo la estabilidad del gobierno. Además, en muchos casos, funcionan como sumas de individuos, cada uno con sus propios intereses y sus propios cálculos. En ese terreno, el oficialismo no necesita una mayoría estable. Le basta con saber con quién conversar. Así, parece haber un cambio decisivo respecto a lo ocurrido durante la última década: la fuerza que puso contra las cuerdas a varios presidentes ahora gobierna, y nadie ha ocupado su lugar.
Tampoco fuera del Parlamento, al menos hasta ahora, parece haber presión. Hay críticas y focos de protesta, pero ni la prensa ni la calle le han impuesto el ritmo de crisis que conocieron otros gobiernos. Es pronto, no obstante, y en el Perú esa calma suele ser breve.
Pero esta estabilidad no equivale a un respaldo. Continuidad y aprobación corren por carriles distintos. La primera depende hoy de la debilidad de quienes podrían amenazarla. La segunda depende de las expectativas, y ahí Fujimori ya paga un costo: una aprobación que disminuye (40% según Ipsos, octubre) y una mayoría que considera que este gobierno es “más de lo mismo” (52% según el IEP, setiembre). Puede sostenerse sin gustar. Lo que no puede es gustar sin cumplir.
Cumplir tiene, por ahora, dos vallas. La primera es El Niño, una prueba con tiempos y consecuencias visibles, en la que el Estado llegará a tiempo, llegará tarde o no llegará nunca. La segunda es la inseguridad, que no tiene una línea de meta clara: no hay una fecha en la que el problema se dé por superado, solo una experiencia cotidiana que mejora o empeora. En esas dos pruebas, Fujimori se jugará lo que queda de confianza. Según Datum, 41% todavía cree que la gestión mejorará, pero esa reserva puede agotarse pronto.
Durante una década, sobrevivir fue también una coartada: el Congreso, la vacancia o la crisis de turno justificaban lo que no se hacía. Si esa amenaza se aleja, tampoco queda a la mano la excusa. Fujimori puede seguir culpando a la herencia recibida o a la oposición, pero cada día esa explicación valdrá menos. Si los resultados tardan (o no llegan), corre el riesgo de confirmar lo que ni sus seguidores ni sus adversarios esperaban de un gobierno de Fujimori: que fuera más de lo mismo.
