LAS IZQUIERDAS QUE DESPRECIAN LA MERITOCRACIA

El problema que tiene un sector de las izquierdas en el Perú, sobre todo de aquellas ligadas al actual gobierno, es que no entienden que el ejercicio de los derechos sociales y sindicales no tiene por qué estar en entredicho, con una empleocracia estatal o una clase trabajadora del sector privado, que valore un régimen meritocrático. Si se quiere tener un estado eficiente para servir a los ciudadanos y una clase trabajadora que aumente los niveles de productividad, en el propio sector privado, una izquierda moderna debería asociar los derechos sociales con el deber de tener un estado eficiente y un renovado liderazgo sindical, que apueste por ponerse a tono con los desafíos de la cuarta revolución industrial.

Pero, hay una cultura en sectores de la izquierda, sobre todo de aquellas ligadas al sector sindical, que entiende que exigir méritos, alta productividad y capacitación permanente en los trabajadores forma parte de un esquema de explotación o maltrato de los trabajadores. Esa es una de las razones del anquilosamiento de esta tendencia ideológica y, explica la, cada vez más, débil presencia en los trabajadores, reduciendo casi todo su accionar a los trabajadores estatales. En el Perú, hay cientos de miles de trabajadores, los que simultáneamente son propietarios de micro o pequeñas empresas, lidiando diariamente con los retos de producir más, ahorrar, innovar y,  a la vez, respetar los derechos de los trabajadores, en unidades productivas que tienen entre 12 o 100 trabajadores. Un discurso de izquierda que solo abogue por derechos de los trabajadores, pero que no se comprometa con elevar la productividad, jamás tendrá empatía con ese sector.

Un ejemplo típico de este comportamiento es la decisión del gobierno de excluir a SERVIR de la Comisión Multisectorial encargada de elaborar un Informe Técnico que contenga una evaluación del proceso de implementación de la reforma del servicio civil, creada a través de la Resolución Suprema Nº 124-2022-PCM. La norma reduce la participación de la entidad, a un tercer nivel, solo para brindar información. En el fondo, los sectores sindicales que promovieron esta decisión y la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, tienen el temor de sentarse en una sola mesa con SERVIR para discutir los problemas de fondo que debe abordar una reforma del servicio civil. La verdad es que el propósito de esa comisión es de contra reforma de lo poco que se ha avanzado.

La ministra de Trabajo pretende trasladar SERVIR a ese ministerio, como si el problema del servicio civil estuviera reducido solo a relaciones laborales en el estado. No ha entendido que es un problema transversal al Estado, pero, intenta encapsularlo a una visión meramente sectorial. Ese enfoque meramente sindicalista no entiende que el comportamiento de los servidores estatales está relacionado a dos dimensiones. Por un lado, todos los servicios que brinda el aparato estatal se ejecutan por cada sector, pero, por otro lado, muchos de ellos se sustentan previamente en una coordinación entre varias entidades. Por ejemplo, si el estado quiere brindar bonos focalizados tiene que existir previamente una intensa coordinación entre el MEF (para ver el presupuesto), el MIDIS (para elaborar el padrón de beneficiados), el Banco de la Nación y SBS (para garantizar la entrega del producto). De igual manera, si el estado quiere proveer vacunas, requiere de la participación del Ministerio de Relaciones exteriores (para tomar contacto con los diferentes países que las producen); del MINSA (Que define las estrategias y los planes operativos de distribución); del MEF que provee de los recursos financieros, entre otras entidades. En ambos casos, el ente coordinador es la PCM.

Otros dos crasos errores de la propuesta de la ministra de trabajo, para trasladar SERVIR a su sector, estriba, por un lado, en el  hecho que ese ministerio no dirige ni controla los principales sistemas administrativos que ponen en movimiento en el estado. Esos sistemas, no solo en el Perú, sino en cualquier estado, están concentrados en la PCM y el MEF. Si SERVIR pasa al ministerio de trabajo, reducirá drásticamente su labor, perdiendo poder de regulación y autoridad, por el hecho de ser un ministerio esencialmente sectorial. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo tiene incidencia y actúa básicamente en el sector privado de las relaciones laborales. Pero, parece que la ministra y las organizaciones sindicales, que promueven esa propuesta, no se han dado cuenta de ello o se hacen los desentendidos.

A la ministra le preocupa solo la relación con las organizaciones sindicales, sin entender, que las propias relaciones laborales de los trabajadores son óptimas en la medida en estos actúan primero  detrás de la ventanilla (back office) previamente a la prestación de un servicio público y, luego fuera de ella, cuando se entrega una vacuna, un bono, un certificado, un brevete o un pasaporte. Por lo tanto, la esencia de una reforma del servicio civil tiene que abarcar ambas dimensiones. Si ahora, los médicos, enfermeras, tecnólogos y personal administrativo, se sienten bien y hasta orgullosos de participar de un exitoso proceso de vacunación es porque previamente también ha existido un óptimo proceso de coordinación intergubernamental, para generar una cadena de valor (la masiva entrega de vacunas) que en su efecto positivo ha reducido drásticamente la letalidad del Covid 19.

El objetivo central de una reforma del servicio civil es que el estado brinde buenos servicios a los ciudadanos. Es un contrasentido, en un discurso de una izquierda moderna, pretender mejorar los derechos laborales de los trabajadores, sin que estos se comprometan a superar los sistemas obsoletos, procedimientos costosos, que tardan mucho o una mala atención al público. Ningún ministro, viceministro o director puede ejercer una gestión eficiente, si no cuenta con el compromiso de una empleocracia comprometida, con una gestión compartida para mejorar la gestión estatal de cara a la demanda ciudadana de mejores servicios, obras o programas sociales. Llama por eso la atención que, frente a las diversas denuncias sobre el nombramiento de malos funcionarios o ministros, las organizaciones sindicales guarden silencio con la excepción última del Colegio Médico del Perú, que cuestionó desde el primer momento, la pésima calidad del entonces nombrado ministro de salud, Condori.

Diera la impresión que las centrales sindicales, generalmente dirigidas por sectores de izquierda, ponderan su apoyo a un ministro o un funcionario de alto nivel, no tanto por sus cualidades profesionales o por su experiencia exitosa en el sector público, sino por cuanto pueden ser tolerantes a sus demandas sindicales, varias de ellas promotoras del desorden normativo laboral que, al final de cuentas terminan por profundizar la desigual laboral en el estado. No debemos olvidar que las últimas leyes aprobadas por el parlamento y que fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucionales, tuvieron su origen en la presión de estas organizaciones sindicales para que determinadas demandas se conviertan en ley.

Me pregunto, ¿tienen verdadero intereses en reformar el servicio civil quienes promovieron desde el sector sindical que todos los trabajadores del CAS, pasaran a la condición de nombrado, sin previo concurso público, y que luego el TC declaró inconstitucional? ¿Tienen interés en esa reforma quienes en el sector salud, intentaron de un plumazo que diversos sectores pasaran al Decreto Legislativos 728, sin ninguna exigencia de por medio, iniciativa que también el TC declaro inconstitucional? ¿Tienen el interés de crear un sistema meritocrático y de derechos sociales, quienes postulan la desaparición de SERVIR y que no exista una autoridad nacional reguladora y modernizante? No lo creo, francamente.

La demanda de justicia social y de derechos laborales, no puede estar divorciada de la principal demanda de la población: tener un estado moderno, eficiente e inclusivo. Si se opta por lo primero, a costa de lo segundo, en el fondo se opta por intereses corporativos que reducen la acción sindical a un gueto social. En consecuencia, ese sindicalismo es incapaz de proyectar a la sociedad una voluntad universal de extender los derechos. En ese caso, ese discurso y práctica de izquierda, termina por ponerse del lado de la burocracia estatal, siempre resistente a producir cambios y dejar las cosas como están. Será por ello que, cada vez, con mayor frecuencia ese sector de izquierda, ahora presente en el gobierno y el parlamento, termine votando con los sectores más conservadores de la sociedad.