A propósito del triste accionar de un congresista que nuevamente ha puesto en evidencia el abierto boicot al aborto terapéutico, vale la pena precisar algunos conceptos para entender de qué estamos hablando y lo que significa para la salud y la vida de una gestante que necesita interrumpir un embarazo.
El aborto terapéutico no es una concesión reciente. Con más de 100 años en nuestra legislación, es la única causal de aborto no punible y está permitido cuando constituye el único medio para evitar un mal grave y permanente en la salud o salvar la vida de la gestante. Es decir, estamos ante una intervención médica y humanitaria, que puede involucrar incluso embarazos profundamente deseados.
Sin embargo, este principio básico de la atención de la salud se omite en muchos casos y se obliga a la gestante a continuar el embarazo hasta demostrar el daño consumado, dejando de lado algo elemental en salud: la prevención. Pretender que una gestante tenga que agravarse para demostrar que realmente necesitaba un aborto terapéutico no solo constituye una grave falta a la ética médica, sino que desconoce uno de los pilares básicos de la medicina: evitar o reducir el daño.
Por eso resulta particularmente grave que personal de salud, o peor aún, personas sin responsabilidad clínica, pretendan sustituir el buen uso de la medicina para hacer prevalecer otros principios que tal vez la gestante ni siquiera comparta.
El argumento utilizado para justificar estas restricciones gira en torno a la “defensa de la vida”. Por supuesto, la vida de la gestante parece no estar incluida: solo se refieren como “vida” a la del feto. Pero, aunque nuestra legislación diga lo contrario, a estos defensores tampoco les mueve demasiado si esa vida que dicen “salvar” presenta anomalías incompatibles con la vida extrauterina, o si la enfermedad o el tratamiento que debe recibir la mujer puede generar un aborto espontáneo o una muerte intrauterina. Eso no parece importar. La meta es hacer parir a la mujer, aun sabiendo que podría dar a luz a un recién nacido muerto o incapaz de sobrevivir.
La contradicción es todavía mayor frente a las niñas embarazadas como consecuencia de una violación. La evidencia muestra que cuanto menor es la edad de la niña gestante, mayores son los riesgos del embarazo: eclampsia, infecciones y otras complicaciones obstétricas. Pero no solo ellas enfrentan mayores riesgos. También sus fetos y recién nacidos, con mayor probabilidad de prematuridad, bajo peso y enfermedad neonatal grave. Todo esto aparte de los gravísimos daños a la salud mental, ya no solo por la violación, sino la revictimización.
Entonces, ¿de qué “defensa de la vida” estamos hablando?
Porque si se acepta que una mujer enferme hasta demostrar la urgencia, si se la obliga a continuar un embarazo que amenaza gravemente su salud, que podría también terminar en muerte fetal o si se fuerza a una niña violada a gestar y parir, sometiéndola a ella y al recién nacido a mayores riesgos, allí no hay defensa de la vida: hay crueldad.
Si la “defensa de la vida” es solo un cascarón, entonces, ¿Qué es lo que está realmente en disputa? El control sobre la vida de las mujeres. Es el imaginario del marianismo, que sectores antiprogresistas tratan de imponer, fomentando el modelo cancelatorio de derechos y como único destino, ser dependiente y estar representada por quién debería tener la autoridad para el dominio patriarcal. En ese modelo, una mujer que piensa resulta peligrosa y una mujer autónoma, una osada. Nuestra misión sería hacer felices a nuestros hombres, tal como sostiene la hoy senadora Aguayo.
Pero hay un problema: el Perú de hoy ya no es el de hace cincuenta años. Hoy somos muchas más las que tenemos educación, construimos hogares más igualitarios, usamos anticonceptivos, demandamos relaciones placenteras y postergamos cada vez más la maternidad. Y aunque muchas somos madres, también hacemos muchas otras cosas que dan sentido y llenan nuestras vidas.
Es cierto: no todo está ganado, ni todas lo hemos logrado. Pero son conquistas que debemos defender, porque no estamos solamente ante la disputa por un servicio de salud. Es mucho más que eso: es una disputa de poder y es una lucha por la igualdad.
Tal vez por eso el aborto terapéutico provoca tanta resistencia. No por el procedimiento médico en sí mismo, sino por lo que representa: reconocer que las mujeres desde nuestra diversidad, tenemos derechos, agencia y capacidad para decidir sobre nuestras propias vidas.