Al igual que la decreciente tendencia de la fecundidad y de los nacimientos, tratados en una entrega anterior, el “envejecimiento” viene concitando el interés de comentaristas, de la academia, legisladores y autoridades. Su irrupción en las elecciones de los últimos años ha ido más allá de su solo peso electoral, visibilizándose ya sus necesidades y demandas en las propuestas de las distintas opciones políticas.
Desde donde sea que se mire, hable, escriba y se viva, se suele abordar el envejecimiento como “problema”, incluso como una “carga”. Sin embargo, el envejecimiento constituye una buena noticia. A pesar de múltiples reveses, el más trágico vivido durante la pandemia por la COVID-19, vivimos cada vez más, si bien no necesariamente mejor, y con persistentes desigualdades. Por cierto, también constituye un desafío, o hasta una oportunidad, dependiendo desde dónde y con qué marco sea abordado.
Pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos al envejecimiento? Por lo general, lo hacemos aludiendo a la proporción de la población que, según la ley peruana, tiene 60 y más años, el llamado envejecimiento demográfico. Al sostenido descenso de los nacimientos se suma la creciente supervivencia, incluyendo la de adultos mayores, con lo cual esa proporción solo puede ir en aumento.
En el Perú, esa proporción se ha mantenido en torno al 7% durante la segunda mitad del siglo XX, habiéndose ya duplicado en el primer cuarto del siglo XXI. En números absolutos, se prevé que del 2025 al 2050 esa población se duplique, habiendo ya aumentado de dos a casi cinco millones desde el año 2000. Un problema de fondo, por lo tanto, es por qué sabiéndolo, el país no se prepara para sacar mayor ventaja de este logro. Es ese marco, que la sociedad y las políticas públicas asimilan o, por el contrario, ignoran, el que termina definiendo cómo se afrontan sus desafíos y oportunidades, o si se continúa viendo al envejecimiento como un “problema”.
Siendo el envejecimiento un proceso heterogéneo, el promedio nacional resulta insuficiente para describirlo, explicarlo, y gestionarlo. Más allá de su expresión global, también se puede abordar este proceso poniendo el foco en el envejecimiento doméstico. Éste se expresa en la proporción de hogares entre cuyos miembros hay algún adulto mayor (dos de cada cinco al 2025; uno de cada once con una persona de 80 y más), o aquellos en los que los adultos mayores viven solos, sea voluntariamente o no.
Del total de personas que en el Perú viven en hogares unipersonales, la mitad tiene 60 y más años, con un ingreso promedio mensual que no supera los S/.500. Del total de mujeres que viven solas, siete de cada diez tienen 60 y más años. Uno de cada seis peruanos y peruanas que en ese tramo de edad vive sola y tiene una enfermedad crónica, tiene además alguna discapacidad.
A esas soledades contribuyen la emigración, internacional e interna y la movilidad estacional, sobre todo rural, de hijos y nietos. Esto configura la dimensión territorial, que entre porcentajes y volúmenes de población adulta mayor, variable por sexos, se manifiesta en un panorama complejo y heterogéneo. Más aún cuando el acceso geográfico, y las normas de gestión provincial y distrital se implementan con diversidad de recursos y capacidades. Dieciocho (1%) de los distritos más poblados concentran la cuarta parte de la población adulta mayor, mientras que en 1 600 (84%) de los menos poblados habita otra cuarta parte.
Lo anterior ha derivado en desigualdades e inequidades, no obstante los logros. En las últimas décadas el Perú invirtió parte de su presupuesto público en intervenciones (vacunaciones, saneamiento, educación, carreteras, etc.) que posibilitaron que vivamos más. Pero tanto o más han aportado las familias. Una de las formas que adoptan esos aportes es el trabajo doméstico no remunerado, a través del cual quienes integran un hogar realizan tareas de cuidado, preparación de alimentos, acompañamiento, aseo, limpieza, lavado, entre otras que hacen posible la reproducción social. Mención aparte merece destacar el hecho de que son las mujeres las que predominantemente realizan estas tareas.
Cuando una persona adulta mayor lleva al nieto/a al colegio, hace posible que sus hijos e hijas trabajen y generen ingresos para sus familias, eventualmente incluso a costa de su propio bienestar. El costo de no hacerlo sería muy alto: el niño/a no estudiaría, y el padre/madre no generaría ingresos. Siendo conservadores con las estimaciones, cada año esa contribución equivale, aproximadamente, al 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. En números gruesos, y en referencia al PBI del 2025, el trabajo no remunerado aportado por la población adulta mayor equivale a unas quince veces el presupuesto de Pensión 65 del año 2027.
Parte de la explicación de cómo se gestionan las políticas estaría en que los planes, estrategias y políticas suelen enfocarse en quienes ya cursan ese tramo, sin considerar que a lo largo del siglo XXI se prevé que sigamos viviendo más. Por lo tanto, gestionar los envejecimientos requiere iniciar intervenciones en quienes hoy son adolescentes y adultos jóvenes que llegarán a ser adultos mayores a lo largo del siglo XXI, con menos parentela que sus padres y abuelos, y quizás con familias más dispersas. Gestionar esa mayor supervivencia y sus múltiples implicancias deviene uno de nuestros mayores desafíos de política pública del siglo. Sería una forma de no perder los logros que en las últimas décadas nos permitieron alcanzar edades mayores.
Llevamos décadas de sostenido envejecimiento, sobre cuyas implicancias no venimos respondiendo con diligencia, tratándola más como un problema, o como “gasto inútil”. En el campo de la atención médica, cada año en el Perú se forman veinte veces más pediatras (y sus subespecialidades) que geriatras, siendo el número de pediatras diez veces el de geriatras. No obstante, la población con menos de 18 años es el doble de la de 60 y más años. No se trata, obviamente, de formar menos pediatras, ni de creer que con la sola formación de más geriatras viviremos más y mejor, sino de hacer que los cambios poblacionales deriven en mayor inclusión.
Desde una perspectiva de gasto, contraria al enfoque de derechos, los “problemas” solo irían en aumento, a la par del incremento de la población adulta mayor. Visto así, resultaría más difícil establecer como política de estado un sistema de cuidados que beneficie a la población adulta mayor. No obstante, los cuidados que nos prodigamos generan no solo ahorros, sino también bienestar y sentido de comunidad, que redundan en nuestra salud mental, dándole más vida a la vida. Costará mucho hacerlo, pero no tanto como ya viene costando dejar pasar la oportunidad, mientras nuestros envejecimientos discurren en un país que sigue dejando de ser joven.
