En su primer mensaje a la nación, la presidenta Keiko Fujimori asumió compromisos importantes en materia social, como reducir a la mitad la anemia y la desnutrición crónica infantil, relanzar el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria y garantizar el abastecimiento de alimentos, agua y medicamentos frente a las emergencias climáticas. Fueron anuncios relevantes en un país donde el 30.5% de la población enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa y el 25.7% vive en situación de pobreza monetaria. Sin embargo, cien días después, resulta necesario contrastar esas promesas con las decisiones adoptadas y, especialmente, con sus resultados.
La presidenta recibió un país con graves problemas nutricionales, donde el 34.9% de los niños menores de 3 años presenta anemia y el 12.1% de los menores de cinco años padece desnutrición crónica. A ello se suma que seis de cada diez peruanos tienen sobrepeso u obesidad. Estas cifras reflejan distintas expresiones de la malnutrición que requieren políticas públicas articuladas. No basta con garantizar que existan alimentos en los mercados; también es necesario asegurar que las familias puedan comprarlos, que estos sean nutricionalmente adecuados y que las condiciones de vida permitan aprovechar sus nutrientes.
Sin embargo, apenas iniciado el gobierno, una imagen presidencial dejó una contradicción que merece atención. Durante una visita a una planta de la industria alimentaria, la mandataria celebró un anuncio con una gaseosa en las manos, aunque podría parecer un gesto protocolar, los mensajes de quienes gobiernan también comunican prioridades. En un país donde el exceso de peso y las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen importantes problemas de salud pública, resulta poco coherente que desde la Presidencia se normalice simbólicamente el consumo de bebidas azucaradas mientras el propio Ministerio de Salud recomienda reducirlas. No se trata de cuestionar una decisión individual ni de oponerse a la inversión privada, sino de reconocer la responsabilidad que tiene la máxima autoridad del país al comunicar mensajes vinculados con la alimentación y la salud.
Esta contradicción volvió a manifestarse cuando la presidenta participó en la inauguración de un centro logístico de la industria alimentaria y destacó las oportunidades de generar “valor agregado” a productos originarios como la papa, la yuca y el camote. Promover la transformación de alimentos puede generar ciertas oportunidades, pero es necesario diferenciar el valor comercial del valor nutricional. No toda transformación representa una mejora para la salud, cuando determinados productos terminan convirtiéndose en ultraprocesados con cantidades elevadas de sodio, azúcares o grasas saturadas, su promoción entra en tensión con las políticas de prevención de enfermedades crónicas.
Con el avance de la gestión, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Salud anunciaron la conformación de espacios de trabajo con especialistas y actores de diversos sectores para fortalecer la lucha contra la anemia infantil. La iniciativa resulta pertinente; sin embargo, después de anunciar una meta tan ambiciosa como reducir su prevalencia a la mitad, el Gobierno debe demostrar que la articulación institucional está produciendo avances concretos. Las reuniones son importantes, pero también lo son los acuerdos adoptados, los presupuestos comprometidos y los mecanismos de seguimiento. La ciudadanía necesita conocer públicamente los resultados de ese trabajo y cómo contribuirá a mejorar la atención de los niños y las gestantes. Una política pública no puede evaluarse únicamente por los espacios de coordinación que instala, sino por su capacidad de transformar esas decisiones en intervenciones efectivas.
Mientras tanto, las emergencias ambientales comenzaron a evidenciar otras dificultades para proteger la producción de alimentos y los medios de vida de las comunidades. Los incendios forestales se extendieron por distintas regiones del país, afectando especialmente a Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho y otras zonas del territorio nacional. Solo en Cusco, los reportes regionales dieron cuenta de aproximadamente 16 mil hectáreas afectadas y cinco personas fallecidas. Las llamas arrasaron pastizales, bosques y áreas utilizadas para actividades agropecuarias, mientras las brigadas, los bomberos y los propios pobladores enfrentaban enormes dificultades para controlar el fuego. Finalmente, las lluvias contribuyeron a extinguir los incendios que permanecían activos, sumándose a los esfuerzos de respuesta desplegados. Esta situación evidencia las limitaciones que todavía enfrenta el Estado para prevenir y atender oportunamente emergencias de gran magnitud. Los incendios forestales no solamente destruyen ecosistemas, también comprometen sembios, fuentes de agua, actividades productivas y medios de vida de las familias rurales.
La inseguridad ciudadana, otra de las grandes prioridades del discurso presidencial, también empezó a mostrar consecuencias directas sobre las actividades que sostienen nuestra alimentación. Los pescadores artesanales de Tumbes denunciaron públicamente extorsiones, amenazas y presuntos secuestros en altamar por parte de organizaciones criminales. Esta situación evidencia que la delincuencia no solamente afecta a comerciantes y transportistas, sino también a quienes producen y abastecen alimentos. Cuando los pescadores no pueden desarrollar sus actividades con seguridad, se comprometen sus ingresos y el acceso de la población a alimentos importantes por su aporte nutricional. A ello se suman las alteraciones de las condiciones del mar asociadas a El Niño, que afectan la disponibilidad de distintas especies pesqueras. La inseguridad ciudadana y los riesgos climáticos terminan agravando la vulnerabilidad de un sector fundamental para la alimentación de los peruanos.
A estas dificultades se suma la creciente preocupación por el fenómeno El Niño. El ENFEN mantuvo la alerta de El Niño Costero y advirtió que el calentamiento del mar podría conservar una magnitud extraordinaria hasta el 2027. Las consecuencias previstas no son homogéneas, ya que mientras determinadas regiones enfrentan lluvias intensas e inundaciones, otras experimentan déficit hídrico que compromete la actividad agrícola. Esto representa una amenaza directa para la producción y el abastecimiento de alimentos. La combinación de eventos climáticos extremos, pérdidas productivas y dificultades de transporte puede profundizar las condiciones de inseguridad alimentaria que ya afectan a millones de peruanos.
En ese contexto, la más reciente denuncia de Conveagro resulta especialmente preocupante, ya que advirtió que los pequeños productores continúan sin recibir respuestas efectivas por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego frente a las consecuencias de El Niño. Aunque se han producido encuentros institucionales previos, Conveagro cuestionó la falta de medidas concretas para atender sus necesidades y alertó que la ausencia de lluvias podría ocasionar reducciones de hasta el 50% en determinados cultivos, como la papa, la cebolla y el ajo. Se trata de estimaciones gremiales que requieren seguimiento técnico, pero que evidencian la gravedad del riesgo.
Esta amenaza también exige una respuesta sanitaria. Las inundaciones, las interrupciones del abastecimiento y la contaminación de las fuentes de agua pueden incrementar el riesgo de enfermedades transmitidas por agua y alimentos. Frente a El Niño, el Gobierno debe garantizar agua segura, vigilancia sanitaria, almacenamiento adecuado y continuidad de los servicios de salud, especialmente en los territorios más vulnerables. No podemos hablar de prevención de la anemia, de nutrición infantil o de alimentación saludable sin abordar las condiciones de saneamiento que permiten proteger la salud de las familias.
El balance de estos primeros cien días llega, además, con un problema que sintetiza buena parte de estas preocupaciones, el encarecimiento de los alimentos. Según el último reporte del INEI, la inflación anual nacional alcanzó el 4.83%, mientras que en Lima Metropolitana llegó al 5.25%. Solo durante el periodo mensual evaluado, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1.49% a nivel nacional. Productos como el choclo, la arveja verde, la zanahoria, la papa y el bonito registraron incrementos importantes, asociados, entre otros factores, a condiciones climáticas que afectaron la producción agrícola y pesquera.
Para millones de familias, estos incrementos no representan únicamente variaciones estadísticas. Significan reducir la cantidad de alimentos que compran, sustituir productos nutritivos por alternativas más económicas o disminuir la diversidad de sus preparaciones. Cuando los ingresos no alcanzan, la alimentación termina siendo una de las primeras dimensiones del bienestar familiar que se ajustan. Esta situación puede profundizar las distintas formas de malnutrición que ya enfrenta el país. Si El Niño continúa afectando la producción y el abastecimiento, la presión sobre los precios podría intensificarse, comprometiendo todavía más el acceso a una alimentación adecuada.
Los primeros cien días del gobierno de Keiko Fujimori dejan un balance en el que existen anuncios y algunas medidas iniciadas, pero también importantes desafíos pendientes, ya que la gestión necesita demostrar que los esfuerzos que se mencionan en los discursos, se están traduciendo en protección efectiva para quienes producen alimentos y para las familias que enfrentan mayores dificultades para acceder a ellos.
Cien días no son suficientes para resolver problemas estructurales que el Perú arrastra desde hace décadas, pero sí permiten evaluar las prioridades de un gobierno y la coherencia de sus primeras decisiones. La alimentación no puede continuar ocupando un lugar secundario frente a los anuncios de inversión, las actividades protocolares o las respuestas improvisadas ante cada emergencia.
Porque mientras desde Palacio se anuncian inversiones y estrategias, en miles de hogares peruanos las familias siguen haciendo cuentas para decidir qué alimentos podrán comprar al día siguiente. Y esa distancia entre el discurso político y la realidad de los hogares es, probablemente, una de las principales deudas de estos primeros cien días.
