Los primeros cien días muestran el agotamiento de una fórmula de gobierno que, de persistir, comprometerá su estabilidad. El Niño exige poner al frente la política como encuentro: acordar una agenda conjunta y movilizar una tecnocracia capaz y honesta para proteger a la población durante la emergencia y conducir la reconstrucción.
Víctor Zamora
La semana pasada se cumplieron cien días del gobierno de la señora Fujimori. Entre los analistas predominan los balances críticos: promesas pendientes, equipos cuestionados y anuncios que no se traducen en resultados. Roque Benavides, voz de las familias ultrarricas del Perú, le puso quince sobre veinte y la describió como una gestión ordenada.
Después de cuatro candidaturas presidenciales, cabía esperar que Keiko Fujimori llegara al poder con algo más que lo ofrecido. Tuvo tiempo para escoger reformas emblemáticas, ubicar a El Niño entre sus prioridades, preparar equipos y construir los acuerdos necesarios para gobernar desde el primer día.
Sus primeros cien días revelan, sin embargo, una distancia preocupante entre la perseverancia para ganar una elección y la capacidad para conducir el Estado. Ese fracaso inicial responde a seis características que, de persistir, amenazan con prolongarlo: vaciamiento programático, gestión mediocre, improvisación, continuismo, frivolidad y confrontación.
Las reformas se diluyen, los resultados no llegan
La primera es la pérdida del impulso reformador. Las propuestas transformadoras de Fuerza Popular fueron descafeinadas, si no eliminadas, al tomar decisiones de gobierno. Entre las más resistidas, la reforma policial. En salud, la digitalización y la anemia desplazaron las propuestas de separar el financiamiento de la prestación, revisar la descentralización y relanzar los Comités Locales de Administración de Salud. Estas desaparecieron de las presentaciones del premier y del ministro ante el Congreso. El discurso perdió el norte y se convirtió en un listado de actividades. Quedó sin explicar qué se quiere cambiar, qué intereses habrá que enfrentar y cómo sostener el cambio.
El segundo rasgo es una gestión mediocre. Ninguno de los 68 compromisos para los primeros cien días figura como cumplido en el seguimiento documental de Gob360. Hay anuncios y avances parciales, pero Fuerza Popular eligió las metas y el plazo. El balance obliga a examinar tanto el diseño de sus promesas como su capacidad para ejecutarlas. Incluso Pedro Castillo, su némesis político, pudo exhibir avances concretos en vacunación durante sus primeros cien días.
Dos eventos retratan esa mediocridad: el burdo manejo de los ministros de Defensa, Belaunde, y del Interior, Astudillo, del secuestro de un empresario norteño y el asesinato de cuatro personas; y la instalación del hospital de campaña promovido por Dyer en Tumbes, cuyo terreno terminó inundado. La Defensoría pidió esclarecer si se había evaluado ese riesgo. Una respuesta sanitaria frente a las lluvias debía empezar por resistirlas.
Equipos improvisados, rostros conocidos
La tercera característica es la improvisación al construir los equipos. Gobernar desde el primer día exigía llegar con funcionarios preparados para asumir responsabilidades. Desde la juramentación hubo cuestionamientos a la experiencia sectorial de los elegidos: un ingeniero de la industria del acero a Salud, un periodista deportivo a Cultura, un exempleado de relaciones públicas de la embajada norteamericana a canciller, un economista y gestor inmobiliario a Defensa y una promotora de turismo al Ministerio de la Mujer. La profesión no basta para descalificarlos, pero el Gobierno debía explicar qué experiencia los habilitaba para conducir esos sectores. Su ejecutoria tampoco ha despejado las dudas.
En Interior, el relevo de Óscar Arriola fue un parto: se concretó en el día cincuenta, mediante su pase al retiro a solicitud propia. Las restricciones legales para removerlo debían estar previstas. En Salud, completar la conducción demoró: un mes para designar a la viceministra de Salud Pública, clave frente a las epidemias y El Niño, y 47 días para nombrar a la presidenta de EsSalud. Se consumió así buena parte del plazo ofrecido para mostrar resultados. El plan sanitario frente a El Niño llegó en septiembre, con cargo a recursos existentes: una emergencia extraordinaria enfrentada inicialmente con financiamiento ordinario.
La cuarta característica es el continuismo. El Gobierno ha incorporado exministros de administraciones anteriores a ministerios, organismos públicos y puestos de confianza. La experiencia acumulada podría servir para corregir errores, pero debe explicar qué proyecto reúne a esos cuadros y por qué una organización que buscó durante tantos años la Presidencia depende de ellos para conducir el Estado.
En salud, la contradicción tiene nombre. Dyer califica de “catastrófica” la herencia recibida y entrega su jefatura de gabinete a Luis Quiroz, ministro de Jerí y Balcázar. Las administraciones precedentes sirven como explicación del fracaso y cantera del equipo de confianza. Si el Gobierno considera valiosos a esos funcionarios, debería precisar qué desempeño rescata y qué responsabilidades les atribuye cuando condena el pasado.
La escenificación y el enfrentamiento
Cuando escasean los resultados aparece la quinta característica: la frivolidad tiktokera. La presidenta pide “tap taps” a sus sombreros para suavizar su imagen. Mientras cae su aprobación, cambia de personaje: se rodea de militares encapuchados y armados hasta los dientes para anunciar cero tolerancia con las faldas, el maquillaje y el cabello escolar. Luego visita a Bukele para bañarse con su popularidad. El viaje acaba envuelto en cuestionamientos por el trato recibido de Bukele. Al regresar, presenta a diez reclusos rapados, vestidos de blanco y esposados.
Sus ministros alimentan la escenificación. El canciller difunde mensajes callejeros desde Moscú o posa para videos ante la Cancillería. Dyer promociona hospitales de campaña mientras el terreno de Tumbes se inunda, aparece en programas cómicos o invita a escolares de una zona de emergencia a salir en su TikTok. El ministro de Defensa posa en una escena de rescate con militares armados como actores secundarios.
La sexta característica es gobernar desde la confrontación. El pedido de facultades enfrentó al Ejecutivo con el Congreso, especialmente con Diputados. Antes que negociar acuerdos, el fujimorismo recurrió al chantaje político amplificado mediáticamente: cuestionar su solicitud equivalía a ser “obstruccionista” y cargar con la responsabilidad por la inseguridad y El Niño. Convirtió la discrepancia en una conducta contra el país y deterioró el terreno donde debía negociar.
Siguieron la captación de votos opositores y la fractura del bloque contrario. El Senado añadió siete materias a las veinte autorizadas por Diputados, mediante un procedimiento cuestionado por su constitucionalidad. El Gobierno obtuvo menos facultades de las solicitadas y dañó una relación que necesitará durante cinco años.
Con regiones y municipios ha predominado el señalamiento de deficiencias ajenas. El 13 de octubre, transcurridos 77 días desde su asunción y con El Niño en curso, la presidenta se reunió con autoridades en Cusco para atender incendios forestales. El próximo relevo de gobernadores y alcaldes exigía acordar una agenda compartida y asegurar la continuidad de la respuesta. Su experiencia territorial merecía recogerse antes de que la transición añadiera dificultades.
Un acuerdo para proteger y reconstruir
La oposición tampoco puede limitarse a administrar el desgaste presidencial. El Niño exige un armisticio entre peruanos para proteger el agua, asegurar alimentos y atención sanitaria, mantener el abastecimiento y preparar la reconstrucción. Ese acuerdo debe proteger los ingresos de quienes perderán cosechas o empleos, mientras se enfrenta la extorsión con investigación e inteligencia. La presidenta tiene que convocarlo y las fuerzas democráticas asumir su responsabilidad.
Para ejecutarlo hace falta movilizar una tecnocracia capaz y honesta, seleccionada por sus competencias y con libertad para señalar errores y proponer correcciones. Esos equipos necesitan recursos y autoridad para actuar, además de una conducción política que defina prioridades y responda por sus decisiones. El conocimiento técnico debe orientar las soluciones; corresponde a las autoridades democráticas decidir a quiénes proteger primero y cómo distribuir los recursos.
El acuerdo debe dejar, asimismo, políticas de Estado que sobrevivan a sus protagonistas. Reformar la salud, la Policía o la gestión del territorio exige continuidad presupuestal y compromisos que ningún ministro puede asegurar por sí solo. La emergencia ofrece una oportunidad para construirlos. Desperdiciarla significaría dejar a las familias expuestas al siguiente desastre con las mismas instituciones que hoy les llegan tarde.
