La obesidad se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud pública del mundo y del Perú. Esta enfermedad crónica aumenta el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, daños osteoarticulares y algunos cánceres[1]. Durante años se atribuyó a la falta de disciplina o voluntad por parte de las personas, pero hoy sabemos que también intervienen la biología, los ingresos, los precios, la publicidad y la oferta alimentaria[2]. Mantener una respuesta centrada en el individuo es la excusa perfecta que permite al Estado eludir su responsabilidad sobre esas condiciones.
En 2024, uno de cada cuatro peruanos de 15 años o más tenía obesidad; al sumar el sobrepeso, eran seis de cada diez[3]. La preocupación alcanza también a los adolescentes: según datos del Ministerio de Salud recogidos por La República, fue la segunda causa de enfermedad registrada en sus atenciones durante el primer semestre de 2026[4]. El dato describe atenciones, no a toda la población adolescente.
En un estudio en el que participé, liderado por Armando Mendoza y Risof Solís, que tuve la oportunidad de presentar en el Congreso Internacional de Obesidad en México[5], mostramos que el impacto también es económico. Para el 2023 estimamos casi 589.000 años de vida saludable perdidos por sobrepeso y obesidad, debido a muerte prematura, enfermedad y discapacidad. Las pérdidas de ingresos laborales se estimaron en S/ 7.689 millones, equivalentes al 0,76% del producto bruto interno, sin incluir gastos médicos y otros costos sociales.
El estudio también identificó que seis de cada diez años de vida saludable perdidos correspondieron a mujeres. Sin embargo, sus menores ingresos y su menor participación laboral reducen la valoración monetaria del daño en el modelo, que además excluye el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. La enfermedad agrava así desigualdades que el Estado tiene el deber de reducir.
Esa obligación exige superar una respuesta limitada a consejos de autocuidado, probadamente inefectiva. Una familia puede saber qué debería comer y carecer de ingresos, tiempo o acceso para hacerlo. La miopía política consiste en responsabilizar a las personas, mientras se dejan intactas las condiciones sociales y comerciales que favorecen la obesidad.
La Organización Mundial de la Salud recomienda impuestos sobre bebidas azucaradas y alimentos no saludables[6], restricciones obligatorias a su publicidad dirigida a menores[7] y alimentación escolar saludable[8]. México muestra que es posible actuar: grava esas bebidas[9] y, desde 2025, prohíbe venderlas en las escuelas, junto con productos con sellos de advertencia[10]. De hecho, no las usa en sus programas sociales[11].
El Perú debe fortalecer sus impuestos, regular los ultraprocesados según su perfil nutricional y excluir productos perjudiciales de las compras alimentarias subsidiadas. Estas medidas deben acompañarse de atención integral y alimentos saludables asequibles. Para cumplirlas, Salud, Economía, Educación y los programas alimentarios deben asumir compromisos respaldados por presupuesto, metas y rendición de cuentas.
Frente a esa agenda, las apariciones de la presidenta con Coca-Cola[12] y PepsiCo son una mala señal, especialmente al considerar los antecedentes del fujimorismo, que impulsó sustituir los octógonos por un inútil semáforo nutricional[13]. José Recoba, defensor de esa alternativa y crítico de los octógonos[14], fue vocero de salud del fujimorismo[15] y ha sido nombrado representante del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra[16].
Mi lectura es que el gobierno no está dispuesto a regular las prácticas comerciales que favorecen la obesidad. El ministro tampoco la incluye entre sus prioridades anunciadas[17] ni ha presentado medidas de efectividad comprobada para enfrentarla. El Congreso debiera llenar ese vacío legislando y fiscalizando, porque proteger la salud exige confrontar intereses económicos cuando perjudican a la población.
Las emergencias demandan atención inmediata, pero la obesidad requiere una política sostenida: postergar decisiones acumula enfermedad, empobrece hogares y presiona los servicios. Defender el derecho a la salud obliga a proteger a quienes tienen menos recursos. Mirar a otro lado es abandonar esa responsabilidad.
Lima, 02 de octubre del 2026
- Organización Mundial de la Salud. Consecuencias del sobrepeso y la obesidad para la salud.
- Organización Mundial de la Salud. Obesidad y sobrepeso.
- Instituto Nacional de Salud. Herramientas digitales para enfrentar el sobrepeso y la obesidad en el Perú.
- La República. Obesidad como segunda causa de morbilidad entre adolescentes en el Perú.
- Altavoz. Estudios peruanos sobre el impacto económico de la obesidad en el Congreso Internacional de Obesidad 2026.
- Organización Mundial de la Salud. Publicación sobre políticas fiscales para promover una alimentación saludable.
- Organización Mundial de la Salud. Publicación sobre políticas para proteger a los menores de la publicidad alimentaria.
- Organización Mundial de la Salud. Publicación sobre alimentación escolar saludable.
- Secretaría de Salud de México. Acuerdo para establecer el IEPS a bebidas calóricas y endulzadas.
- Secretaría de Gobernación de México. Disposición sobre alimentos y bebidas en las escuelas.
- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, México. Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario 2024, tomo 3.
- El Peruano. Declaraciones de la presidenta sobre la inversión de Coca-Cola en el Perú.
- TV Perú. Proyecto que modifica la Ley de Alimentación Saludable.
- El Comercio. Artículo de José Recoba sobre semáforos nutricionales y octógonos.
- El Comercio. Declaraciones de José Recoba como vocero de Fuerza Popular.
- El Peruano, Normas Legales. Dispositivo legal sobre el nombramiento de José Recoba.
- El Peruano. Prioridades anunciadas por el ministro Luis Dyer para el sistema de salud.
