Hace algunos años se nos dijo que Lima podía convertirse en una “potencia mundial”, pero que para ello primero todos tenían que comer. Se prometió priorizar a quienes menos tienen y lograr el “Hambre Cero”. Sin embargo, la promesa fue tan enorm, que hoy ha quedado en una incertidumbre.
Si bien en los últimos años se han destinado alimentos, equipamiento y otros recursos para atender, por ejemplo, a las ollas comunes, no podemos confundir la asistencia con una verdadera política alimentaria. Combatir el hambre no puede limitarse a entregar bienes o responder de manera puntual cuando la necesidad ya está instalada, una política pública que busque garantizar realmente el derecho a la alimentación tiene que ir más allá y actuar sobre las condiciones que hacen que miles de personas dependan de manera permanente de la ayuda del Estado para poder alimentarse.
Y allí está la principal deuda, ya que garantizar el derecho a la alimentación no significa llegar con una bolsa de alimentos cuando una familia ya no tiene qué comer, significa crear las condiciones adecuadas para que las personas puedan se capaces de alimentarse dignamente todos los días, sin depender permanentemente de la asistencia. Eso supone ingresos suficientes, empleo dignos, acceso a alimentos saludables a precios asequibles, acceso a servicios básicos y políticas sociales que espondan a las verdaderas necesidades de la población.
Y las cifras de Lima muestran que todavía estamos lejos de conseguirlo, ya que actualmente el 28.6 % de la población de Lima Metropolitana vive en inseguridad alimentaria; es decir, casi tres de cada diez personas tuvieron dificultades para acceder alimentos suficientes y de una forma sostenida, a esto se suma que la anemia que hoy afecta al 35% de los niños menores de 3 años en Lima Metropolitana, mientras que la desnutrición crónica alcanza al 5.3 % de los menores de cinco años.
Entonces, ¿de qué Hambre Cero estamos hablando?
Parte de la respuesta también pasa por entender quiénes han sostenido la alimentación de miles de familias cuando el Estado no llegó a tiempo o no ha sido suficiente, como pasó durante la pandemia, como fueron las ollas comunes, las cuales no nacieron de una gestión municipal ni fueron creadas por una autoridad. Dichas organizaciones de base surgieron de la organización de miles de mujeres que, en plena emergencia sanitaria, tuvieron que encontrar una manera de alimentar a sus familias y a sus comunidades, siendo con el tiempo, reconocidas incluso legalmente.
Por eso resulta preocupante que ciertas personas que pretenden ser autoridades, sigan mirando a las ollas comunes desde una lógica paternalista, llamándolas “ollitas” o asumiendo que estas deben agradecer permanentemente cada entrega de alimentos. Esa mirada desconoce lo que realmente representan, organizaciones que surgieron desde el territorio, que han acumulado experiencia, que conocen las necesidades de sus comunidades y que tienen la capacidad de proponer soluciones. Ademas es importante reconocer que dichas organizaciones también tienen autonomía y el derecho de cuestionar, denunciar y fiscalizar las decisiones de quienes administran los recursos públicos.Y precisamente por eso es importante tener claro que el hambre no puede convertirse en una herramienta político-partidaria.
Los alimentos, hornos, cocinas, congeladoras o cualquier otro bien adquirido con recursos públicos no son regalos personales de una autoridad. Son recursos del Estado destinados a atender una necesidad pública. Ninguna organización social debería sentir que para acceder a ellos necesita demostrar cercanía, guardar silencio frente a aquello que considera incorrecto o dejar de cuestionar una decisión. Del mismo modo, ninguna debería ser relegada por denunciar deficiencias, incomodar o mantener una posición crítica.
Si realmente queremos enfrentar el hambre y la inseguridad alimentaria, necesitamos más participación, más diálogo con la sociedad civil y más puertas abiertas. Durante años, las organizaciones de base han demostrado que no solo conocen de cerca las necesidades de sus comunidades, sino que también han sido capaces de generar propuestas, aportar evidencia y construir soluciones concretas para mejorar la alimentación. Dar la espalda a esa experiencia, o relacionarse únicamente con quienes resultan cómodos o funcionales para una gestión, termina empobreciendo las decisiones públicas y debilitando las propias políticas que deberían responder a esas necesidades.
Tal vez ahí estaba el verdadero desafío detrás de aquella promesa de Hambre Cero. No se trataba simplemente de entregar más donaciones, sino de construir una ciudad donde cada vez menos familias tuvieran que depender de la asistencia estatal para poder comer y donde las organizaciones sociales que hoy sostienen esa respuesta comunitaria pudieran participar también en la construcción de las soluciones.
Ojalá quienes resulten elegidos para conducir Lima comprendan esa diferencia, ya que enfrentar el hambre exige mucho más que asistir, requiere políticas públicas sostenidas, participación real de la sociedad civil y la decisión de atacar las causas que mantienen a miles de familias en situación de inseguridad alimentaria. Lima necesita autoridades que entiendan que garantizar el derecho a la alimentación no es hacer un favor, sino cumplir una responsabilidad pública.
