En el Perú, pareciera que algunas tragedias tienen que llegar a Lima para merecer la atención del país. Mientras los incendios forestales avanzan por Cusco, Apurímac, Ayacucho, Junín y otras regiones, cientos de familias ven amenazadas sus tierras, sus cultivos, sus animales y, con ellos, sus medios de subsistencia. Y ahí radica la indiganción, que quienes ya están perdiendo tanto tengan, además, que enfrentar prácticamente solos una emergencia frente a la cual el Estado debería actuar con prevención, recursos y una respuesta oportuna.
¿Qué significa un incendio para una familia agricultora? No es únicamente una hectárea perdida en una estadística. Es el terreno trabajado durante meses, el pasto que alimentaba a sus animales, la cosecha destinada al mercado y la parte reservada para comer en casa. Es mirar un suelo en llamas y preguntarse de qué vivirá mi familia mañana. Y, en ocasiones, es algo todavía más irreparable, una vida que no vuelve.
Los datos confirman que no estamos ante una emergencia menor. Los reportes difundidos por Defensa Civil registran miles de hectáreas agrícolas perdidas y cientos de animales de ganado afectados. Detrás de esas cifras hay agricultores que no solo han perdido ingresos, han perdido una parte de su seguridad alimentaria y de su posibilidad de recuperarse económicamente. El fuego destruye en horas lo que a una familia puede costarle años construir.
Por eso me indigna que sigamos hablando de incendios forestales como si fueran exclusivamente un problema ambiental. Son también un problema agrario, social y alimentario. En un país donde la inseguridad alimentaria ya golpea a millones, perder producción es otra presión sobre hogares que compran comida con lo justo y sobre mujeres que, además de trabajar la chacra, sostienen cada día la alimentación familiar.
¿Y dónde estaba la política antes de las llamas? Las condiciones de riesgo no aparecieron de la nada. Había alertas sobre sequias, calor y vientos, y el país ya conocía la devastación de temporadas anteriores. Sin embargo, seguimos organizándonos mejor para anunciar intervenciones que para evitar tragedias.
Tampoco sirve reducir todo a culpar al campesino. Muchas quemas están vinculadas a prácticas agrícolas y pueden convertirse en incendios incontrolables bajo condiciones climáticas extremas. Eso exige responsabilidad, pero también asistencia técnica, alternativas viables, brigadas comunitarias equipadas y coordinación real entre instituciones. Castigar después no equivale a prevenir antes.
Y los grandes medios también tienen que responder una pregunta incómoda: ¿cuánto espacio ocupa esta tragedia frente al espectáculo político cotidiano? ¿Cuántos minutos de sus programas estelares han dedicado a escuchar a las familias que perdieron sus chacras? Nos acostumbramos a mirar el país desde los estudios de televisión, mientras quienes producen nuestros alimentos parecen invisibles hasta que necesitamos una imagen dramática del desastre.
El Gobierno debe actuar ahora con un registro transparente de daños, atención a las familias, recuperación de semillas, pastos y medios de vida, acceso oportuno a los seguros agrarios y recursos concretos para prevenir nuevos incendios. Y el Congreso debe fiscalizar resultados y presupuestos, no limitarse a declaraciones.
Porque el problema no es solamente cuántas hectareas hemos perdido. Es cuánto sufrimiento estamos dispuestos a normalizar. Si el país que nos alimenta está ardiendo y reaccionamos tarde, lo que queda es la manera en que la política peruana sigue abandonando a quienes sostienen nuestra mesa.
