La importancia de hacer un balance de los primeros cien días de gobierno va más allá de los compromisos que la presidenta Keiko Fujimori asumió el 28 de julio. Este periodo permite identificar el enfoque y las verdaderas prioridades de su gestión.
No se trata de exigir que los problemas acumulados de la educación peruana se resuelvan en este periodo, pero sí de examinar si las decisiones adoptadas contribuyen a garantizar el derecho a una educación de calidad, tanto para los millones de estudiantes que hoy asisten a nuestras escuelas como para los jóvenes y adultos que no concluyeron la educación básica.
Para ello, debemos tener claro qué evaluamos y desde qué marco de política educativa realizamos este balance. En el Perú, tenemos que hacerlo desde lo que propone el Proyecto Educativo Nacional al 2036 (PEN), cuyo horizonte es la ciudadanía plena.
Durante estos primeros cien días se han combinado anuncios de inversión, mejora de infraestructura y conectividad así como iniciativas vinculadas al desarrollo docente el liderazgo directivo. Sin embargo también ha cobrado especial importancia un enfoque centrado en la disciplina escolar y la revisión de contenidos curriculares
La pregunta de fondo es si estas medidas contribuirán a formar personas capaces de aprender, convivir, dialogar y participar en democracia, que respeten y valoren la diversidad en todas sus expresiones y asegurar la sostenibilidad ambiental, tal como lo propone el PEN al 2036.
Veamos dos ejemplos que nos permiten analizar la coherencia entre las decisiones gubernamentales y los objetivos de nuestra política educativa.
El primero, es la aprobación de los nuevos lineamientos de disciplina escolar[1] presentados como respuesta a la situación de violencia escolar que enfrentan nuestras instituciones educativas, sin embargo la propuesta está centrada en la disciplina y no en los factores que la generan, ya que centra el fortalecimiento de la autoridad docente en una norma y establece procedimientos y sanciones para ordenar la conducta de los estudiantes, Preocupa que la respuesta gubernamental otorgue un lugar tan destacado a las reglas de conducta y a las medidas sancionadoras que a combatir las causas que la generan y plantear e invertir en estrategias pedagógicas que generan aprendizjaes con bienestar.
El PEN por su parte, apuesta por Formar ciudadanía, desarrollar el potencial de cada persona y asegurar derechos, inclusión y bienestar. Desde esa perspectiva, cabe preguntarnos si una regulación uniforme de la disciplina responde adecuadamente a la diversidad de nuestras escuelas y fortalece su autonomía para construir una convivencia democrática.
La autoridad docente es indispensable, pero no se fortalece solamente mediante una norma. Se construye también con condiciones adecuadas de trabajo, respaldo institucional, formación y relaciones de respeto dentro de la comunidad educativa.
El segundo ejemplo a mirar, es el anuncio de retirar de los textos escolares los contenidos considerados «ideológicos».
Esta decisión plantea una preocupación fundamental: ¿quién determina qué contenidos son ideológicos? ¿Con qué criterios se realiza la evaluación? ¿Cómo se garantizará que la revisión no termine restringiendo el pensamiento crítico y la pluralidad de perspectivas?
No es acaso que los contenidos parten de hechos objetivamente verificables como por ejemplo saber cuando existe un golpe de estado o no? Una educación democrática no impone una doctrina: hace visibles sus perspectivas, contrasta evidencias y enseña a pensar críticamente. Esta decisión claramente nos pone a la otra orilla de lo que propone el Proyecto Educativo Nacional.
Antonio Gramsci, nos ayuda a comprender que las ideas no son elementos separados de la vida social: participan en la formación del sentido común con el que una sociedad interpreta su historia y organiza su convivencia. Por eso, las decisiones sobre los contenidos educativos nunca son irrelevantes para la formación ciudadana.
Estamos frente al desafio de educar en democracia. Esto supone enseñar historia con rigor, reconocer la pluralidad del país y discutir los conflictos sin ocultarlos ni imponer una versión oficial. Supone también aprender a escuchar, argumentar, disentir y construir acuerdos. Esto adquiere especial importancia cuando se trata de la memoria de la violencia política, la igualdad entre mujeres y hombres y los derechos de las personas. La formación cívica no se fortalece suprimiendo temas incómodos, sino ofreciendo herramientas para comprenderlos y debatirlos con respeto.
Por ello, el balance educativo de estos cien días debe responder dos preguntas complementarias: el plan de gobierno propuesto ¿permitirán mejorar las condiciones para que cada estudiante aprenda, desarrolle su autonomía, se valore a sí mismo y respete a los demás? ¿La escuela protege el derecho de los, niñas y adolescentes el derecho a pensar, expresarse y participar?
Si la promesa de modernización se traduce en mejores escuelas, docentes respaldados y aprendizajes pertinentes, será un avance. Si la disciplina deriva en uniformidad y la revisión curricular en control del debate, se debilitará la formación ciudadana que el país necesita.
Los primeros cien días no son suficientes para conocer todos los efectos de las decisiones y medidas que evidencias retrocesos en materia educativa, sin embargo, los próximos cien días serán decisivos por que marcarán la forma en que se inicie el nuevo año escolar 2027, con nuevas reglas de juego, decisiones de política e inversión, en medio de escuelas que sufrirán las consecuencias del fenómeno del niño.
Entre las propuestas que requieren especial atención y que demandará un debate en el parlamento, aparece nuevamente el retorno a la llamada “nota 14” como requisito para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial, sin embargo, la experiencia peruana nos deja límites claros de esta propuesta y es que la nota 14 no garantiza por sí solo la calidad docente. Clasificar en una prueba escrita no equivale a demostrar capacidad para enseñar en el aula, ni se constituye en el único mecanismos para demostrar calidad docente ya que podría excluir a muchos postulantes sin probar sus capacidades y competencias reales.
Tener mejores maestros demanda mas que una nota de ingreso a la carrera, se requiere de una política de desarrollo y formación docente que responda a los diversos talentos, distintos ritmos de aprendizajes de nuestros estudiantes y a la diversidad territorial. Este desafío involucra a los cerca de 290.000 docentes que están dentro de la Carrera Pública Magisterial lo que equivale a un 72% aproximadamente, mientras que cerca de 109,000 docentes son contratado (27,2%) estos últimos su mayoría en contextos rurales.
La pregunta es si realmente la nota garantizará a los mejores docentes con los criterios que hoy se evaluan para los territorios que históricamente han quedado excluidos del sistema y en el que se han carecido de una educación que garantice trayectorias educativas para todos los estudiantes, así como condiciones para ejercer el magisterio de manera plena.
Esta decisión de prosperar no se justificaría con la evidencia disponible en el Perú. El ingreso debe reconocer el mérito y proteger la calidad del servicio, sin confundir el resultado de un examen con la calidad futura de la enseñanza. Los próximos 100 dias sin duda serán claves, consdiderano que ya se cuenta con un horizonte de política educativa: el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Sus propósitos no pueden quedar reducidos a un documento, mientras las decisiones de gobierno avanzan en otra dirección. Necesitamos escuelas seguras, pero también democráticas; docentes con autoridad y a la vez acogedores con dominio de su área; evaluados con exigencia para el propósito de educar con pensamiento critico; y estudiantes capaces de pensar por sí mismos, no solo para cumplir consignas y obedecer.
El verdadero balance de un gobierno en educación no se mide por cuántas normas anuncia o aprueba, sino por cuánto contribuye a garantizar el derecho a aprender, a convivir y a ejercer plenamente la ciudadanía, tal como lo establece el Proyecto Educativo Nacional.
[1] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/10927438/8801855-ds-021-2026-minedu.pdf?v=1794115763
