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COP31: negociar para poder seguir negociando

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Hace casi cinco años escribí en Pata Amarilla sobre la COP26 de Glasgow y una tradición de las negociaciones climáticas: «no avanzar mucho y resolver poco». Regreso a este espacio en plena COP31 con una pregunta parecida: ¿estamos negociando para enfrentar el cambio climático o para poder seguir negociando?

El 9 de noviembre comenzó en Antalya, Turquía, la COP31, reunión anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y principal foro mundial de negociaciones climáticas. Durante dos semanas se discute cómo implementar el Acuerdo de París mediante la reducción de emisiones, la adaptación, el financiamiento y una transición energética justa.

La primera semana volvió a mostrar un desacuerdo presente desde el origen de las negociaciones. Los países desarrollados, responsables de gran parte de las emisiones históricas, buscan movilizar financiamiento de distintas fuentes, incluida la inversión privada. Esta puede aportar recursos, pero confiar excesivamente en ella corre el riesgo de dejar necesidades esenciales, como la adaptación de las poblaciones más vulnerables, sujetas a criterios de rentabilidad. Los países en vías de desarrollo reclaman, en cambio, que los países desarrollados cumplan sus obligaciones de proporcionar financiamiento y facilitar tecnología. No son concesiones voluntarias: la Convención de 1992 reconoce que la capacidad de los países en vías de desarrollo para cumplir sus compromisos depende de que los desarrollados cumplan los suyos. Sobre esa condición se construyó buena parte de la legitimidad del proceso.

En Antalya continúa la discusión sobre cómo hacer efectivo el compromiso financiero acordado en 2024 de movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para 2035 destinados a la acción climática en los países en vías de desarrollo. El antecedente está en Copenhague (2009), donde los países desarrollados prometieron 100.000 millones anuales para 2020. Según la OCDE, ese compromiso se cumplió tarde; Oxfam cuestiona además el valor real de los recursos contabilizados, porque incluyen préstamos.

En materia energética, el debate sigue centrado en cómo dejar atrás los combustibles fósiles. La COP28 reconoció la necesidad de esa transición, sin pactar su eliminación progresiva. La Presidencia turca promueve que la electricidad represente el 35 % del consumo final de energía para 2035 mediante la electrificación del transporte, la industria y los edificios. Su efecto climático dependerá de que provenga de fuentes menos contaminantes.

El jueves, las delegaciones retomaron un debate antiguo sobre cómo reformar las negociaciones. Se propone simplificar agendas, evitar duplicaciones e incluso espaciar las COP, mientras siguen acumulándose mandatos y programas que dificultan la participación de delegaciones pequeñas. También quedó pendiente para 2027 una decisión sustantiva sobre agricultura y seguridad alimentaria, un sector que genera emisiones y, a la vez, sufre los impactos climáticos.

Cabe preguntarse si tanta actividad produce los cambios necesarios. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aun si se cumplen los compromisos actuales y continúan esfuerzos semejantes, el calentamiento podría alcanzar 2,6 °C este siglo, lejos del objetivo de limitarlo a 1,5 °C del Acuerdo de París.

Esta contradicción se relaciona con un fenómeno que vengo estudiando y denomino «Estado climático procedimental». Para cumplir sus compromisos internacionales, los países aprueban leyes, crean instituciones, elaboran planes y presentan informes. Aunque necesarios, estos instrumentos no garantizan menos emisiones ni poblaciones mejor protegidas. El riesgo es confundir el cumplimiento de procedimientos con la solución de los problemas.

Algo semejante sucede en el plano internacional. Cuando los desacuerdos bloquean decisiones sustantivas, en ocasiones surgen nuevos diálogos o programas que luego se prolongan o reemplazan. Una maquinaria creada para enfrentar el cambio climático corre así el riesgo de crecer para sostener su propio funcionamiento, en lugar de mejorar su capacidad para resolver el problema para el cual fue creada.

El tamaño alcanzado por las COP plantea una pregunta parecida. Según las listas provisionales de la ONU, hay 92.934 inscritos para asistir presencialmente, cifra que podría convertir a la COP31 en la conferencia climática más concurrida de la historia. Muchos desempeñan funciones necesarias, pero ¿se traduce esta participación creciente en mejores decisiones y resultados? Las conferencias también ofrecen una vitrina a gobiernos, empresas y organizaciones que exhiben sus credenciales ambientales; cuando esa visibilidad no va acompañada de cambios concretos, puede convertirse en greenwashing.

Para el Sur Global, la diferencia entre anuncios y resultados es decisiva. Un compromiso financiero que no llega o una transición sin acceso a tecnología perpetúan desigualdades. El mejor resultado de Antalya sería acordar medidas verificables para reducir emisiones y apoyar la adaptación; el peor, postergar decisiones y abrir nuevos mecanismos de diálogo. Por lo visto en la primera semana, me parece más probable lo segundo.

El Perú, aunque no tiene un papel central, apoyó prolongar el Programa de Trabajo sobre Mitigación más allá de 2030. Junto con Nepal, pidió atención a los riesgos climáticos de las montañas, una posición que defendió en la COP30 y que importa para los Andes y el retroceso de sus glaciares.

La influencia de estas negociaciones no termina en Antalya, pues en el Perú una parte importante de la política climática se ha construido de afuera hacia adentro, a partir de compromisos internacionales que orientan normas, planes e instituciones. Ese impulso puede reforzar su carácter procedimental cuando prevalece cumplir requisitos sobre evaluar efectos. El MINAM reconoció, en su evaluación correspondiente a 2025, dificultades para medir resultados por falta de información actualizada y en 2026 aprobó un plan de monitoreo de adaptación. Son avances, pero necesitamos saber cuánto contribuyen estas políticas a reducir nuestra vulnerabilidad frente a inundaciones, sequías y otros peligros climáticos.

Precisamente porque estas negociaciones orientan políticas nacionales, reformarlas no debería limitarse a simplificar reuniones. Deben ayudar a convertir los compromisos en financiamiento accesible, medidas ejecutables y resultados verificables. De lo contrario, el proceso corre el riesgo de sostenerse a sí mismo sin responder suficientemente al cambio climático.

Después de casi cinco años, retomo con gusto mis columnas en Pata Amarilla. Seguiré escribiendo sobre asuntos internacionales y ambientales, especialmente aquellos que tienen consecuencias para el Perú. Muchas gracias por leer.

Jose F. Pinto-Bazurco
Escrito por

Jose F. Pinto-Bazurco

Doctor en derecho internacional público y especialista en derecho ambiental y del cambio climático. Ha asesorado al Estado peruano y colaborado con organismos internacionales. Integra el Comité de Implementación y Cumplimiento del Acuerdo de París y es autor de diversas publicaciones sobre derecho internacional y política ambiental.

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