Por Patricia Donayre
El año 2011 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión social (MIDIS), un Ministerio al que todos voltean a mirar cuando se piensa en “ayuda social”. Y esto ha sido así durante todos estos años, sin entender la dimensión y la importancia que tiene como ente rector de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Tremenda tarea que hasta el momento no se ha cumplido en la medida de los objetivos planteados desde su creación. Y ahora lo tiene más difícil por varios motivos.
El primero de ellos, porque en medio de la pandemia no cuenta con una Padrón Nacional de Hogares actualizado.
Segundo, porque la forma de medir la pobreza no es efectiva y no refleja la cifra real de personas en esa situación.
Tercero, porque las estimaciones de incremento de la pobreza alertan de una cifra que nos remonta al 2010, 29.5% y uno de cada tres peruanos en situación de vulnerabilidad, es decir en riesgo de ser pobres. Sumando porcentajes, estamos ante una preocupante cifra de aproximadamente 60% de la población.
Cuarto, porque no se entiende hasta ahora qué significa INCLUSION.
La inclusión se ha visto hasta el momento como un mecanismo para contener la pobreza, con asistencialismo y no con una mirada de combatirla y hacer que quienes están excluidos salgan de ella para insertarse en la actividad económica y productiva. La mirada de escritorio, desde la academia, desde lo teórico, impone sus diagnósticos, lineamientos y estrategias reclamando perfección. La academia ayuda, pero tiene sus límites. Y cuando se trata de una política tan importante no se puede quedar en el escritorio, debe actuarse en función a la realidad y buscar soluciones, aunque a muchos parece no convenir que se resuelva el problema.
La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, cuyo borrador da vueltas desde el año 2019 para su aprobación, está ahora en consulta. Nos preocupa que no esté actualizada a la circunstancia COVID, pues el escenario y los retos que enfrenta son absolutamente distintos al de hace dos años. Nos preocupa también que, faltando tan poco tiempo para el cambio de Gobierno se pretenda aprobarla marcando el derrotero hasta el 2030 al que entrará a gobernar sin haber participado en su elaboración o sin estar de acuerdo a sus lineamientos de trabajo. Sería un gesto necesario, siendo una política que involucra a todos los sectores, que sea revisada y aprobada por quien asumirá el gobierno del Perú hasta el 2026.
Ya que hablamos de un nuevo Gobierno, es no menos preocupante que en el discurso de los candidatos presidenciales se dé poca importancia a la inclusión y el desarrollo. Y es precisamente porque no se entiende qué es. En el Perú señores candidatos, no solo se necesita de la inversión privada para fortalecer la economía, se necesita que el Estado se la juegue por la gente excluida, por aquellos que no tienen oportunidades de una mejor educación, un servicio de salud adecuado, por aquel que carece de una pensión, que necesita un ingreso económico para subsistir. Para eso, contar con una política nacional es imprescindible. Todo no se soluciona con bonos; decir que con dos bonos para todos bajará la pobreza sustancialmente es recurrir al facilismo de dar por dar, sin el mínimo esfuerzo de contar con una base de datos en el que se encuentre la población que realmente necesita de esa inyección económica. Es que dar a todos es más fácil, así le toque al Presidente, a su familia entera, al gerente de un banco, no importa. A todos por igual, dejando de dar más al que más lo necesita. Y así seguimos con discursos de espaldas a la realidad.
Una verdadera inclusión apuesta porque todos los excluidos en sus diferentes manifestaciones, crezcan, reciban los instrumentos para incorporarse a la vida económica, social, productiva, una verdadera inclusión no da dádivas, busca y logra el desarrollo.
