Por Erick Iriarte
Una de las formas más comunes de violencia contra la mujer es la publicación de videos íntimos sin autorización en medios digitales, acción que no solo vulnera la privacidad (y los datos personales) sino que cuestiona a la sociedad donde vivimos. Los casos son miles, muy pocos se denuncian, y de los casos denunciados son una ínfima cantidad en los que logran sancionar a los culpables.
La libertad de toda persona de poderse grabar con su consentimiento es clara; la forma de resguardar dicha información o de compartirla es determinada por la persona cuya imagen se ve involucrada, más aún asumiendo la persona que graba o almacena la información la responsabilidad del resguardo de dichas imágenes.
Es cierto también que en la escuela no se enseñan materias como protección de datos personales o ciberseguridad, que deberían ser parte integral del currículo, más en estos tiempos digitales donde cualquier dispositivo móvil incluye una cámara. Tarea pendiente (y urgente) para el Ministerio de Educación.
La obtención de imágenes de terceros por robo de dispositivos o acceso por cuestión profesional (por ejemplo, una reparación del computador) o porque se grabó sin autorización, implica que la divulgación de las imágenes así obtenidas va contra la ley y está penado. Entra en una zona gris que debe ser adecuadamente analizada el reenvió por parte de personas diferentes al divulgador inicial de dichas imágenes en redes sociales (como YouTube, Facebook u otros) y canales de comunicación (como Whatsapp, Telegram u otros). Hemos de añadir que subir los contenidos a paginas pornográficas se considera como publicación de las imágenes y también estaría sancionado.
La revelación de videos por despecho (revenge porn) es otro tipo de ilícito que han aparecido y que también deben ser desterrados de los entornos digitales.
El Ministerio de la Mujer debe tomar seriamente este tema y convocar a las diversas plataformas tecnológicas a desplegar instrumentos de control tras la publicación de dichos contenidos, con mecanismos ágiles protegiendo a las víctimas. La recientemente creada Fiscalía de Cibercrimen y la Divindat tiene que enfrentar estos actos que vulneran los derechos humanos, protegiendo a la victima y logrando que no queden impunes estos hechos.
