Por Luis Arias Minaya
Antes del COVID-19 el déficit fiscal convergía a 1% del PBI y la deuda pública, aunque creciente, no superaba el 30% del PBI. Con dichos niveles éramos la estrella de América Latina, solo superados por Paraguay, si usamos el indicador de deuda pública bruta. Además, según Bonato, un alto funcionario del FMI, con un techo de deuda de 30% del PBI y de déficit fiscal de 1% del PBI, Perú estaba en el lado conservador del espectro, es decir éramos “más papistas que el papa”.
Si miramos los indicadores de gasto social y gasto en infraestructura, los resultados, en cambio, no eran tan alentadores. Si bien el gasto social había crecido en el periodo 2011-2015, se estancó en los 4 años siguientes. Esto resultó particularmente grave si se tiene en cuenta que el gasto social de Perú es inferior al promedio del gasto social de América Latina. Comparemos el gasto social en tres rubros utilizando datos de CEPAL para el año 2018:
- a) El gasto social en salud fue equivalente al 2.5% del PBI. Este monto solo alcanzó al 68% de lo que en promedio se gasta en salud en los países de América Latina;
- b) En el caso de educación, el gasto fue equivalente a 3.8% del PBI. Dicho monto equivalía al 78% del gasto de los países de América Latina;
- c) Finalmente, el gasto en protección social fue equivalente al 2.5% del PBI, lo que solo alcanzó al 54% del gasto social promedio en América Latina.
En el caso del gasto en infraestructura, luego que en el periodo 2010-2014 estuviera en niveles equivalentes al 5% del PBI, lo que era insuficiente para cerrar el déficit de infraestructura, disminuyó a niveles de 4% del PBI en los últimos 5 años.
El éxito en el cumplimiento de las metas fiscales sacrificando servicios púbicos y gasto de infraestructura fue consecuencia de la disminución de los ingresos que recauda el Estado. Desde el año 2014 hubo una caída de la recaudación con una leve e insuficiente recuperación el período 2018-2019. Al igual que en el caso del gasto social, esta caída en los niveles de recaudación nos ha alejado muy por debajo de los niveles promedio de América Latina.
Las limitaciones para aumentar la recaudación y el objetivo de sostenibilidad fiscal se alcanzaron así a costa del gasto social y el gasto en infraestructura. Este dilema se resolvía temporalmente en periodos como el del boom de precios minerales en los que se puede aumentar el gasto de infraestructura e inclusive tener superávit fiscal. Pero en general el MEF y la SUNAT han tenido dificultades para resolver el dilema en los últimos 20 años.
En el futuro el objetivo de la política económica debe cambiar. El objetivo debe ser alcanzar niveles de gasto social similares a los niveles promedio de América Latina. Esto asegurará niveles adecuados de educación, salud y protección social para los más vulnerables. Para que ello vaya acompañado de la necesaria sostenibilidad fiscal se requiere dos políticas: a) La de reducción de gastos improductivos con metas anuales claras; y b) La de incremento efectivo de la recaudación.
La reducción de gastos improductivos debe comprender: viajes; servicios de telefonía; publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional; servicios de limpieza; servicios de seguridad y vigilancia; servicios de mantenimiento de vehículos; alquileres de muebles e inmuebles; servicios profesionales y técnicos. Se estima que se podría obtener un ahorro anual equivalente a 1% del PBI.
El incremento efectivo de la recaudación se debe basar en acciones en 3 frentes: (i) Reducción de exoneraciones tributarias sobre todo de aquellas que no benefician a los pobres; (ii) Plan concreto para reducir la evasión y elusión tributaria: avanzar con mayor rapidez en la facturación electrónica, consolidar las medidas antielusivas, gravar con IGV las operaciones digitales; y (iii) Algunos ajustes en la política tributaria con énfasis en un sistema más equitativo, lo que incluye fortalecer la recaudación de los impuestos patrimoniales y del impuesto a la renta personal.
Solo una acción decidida en estos tres frentes permitirá resolver el dilema de mayor gasto social y de infraestructura con sostenibilidad fiscal, en beneficio de los más vulnerables.
