La formalización se sirve en una mesa de cuatro patas: tributaria, laboral, inclusión financiera y desarrollo productivo.
El Banco Mundial indicó recientemente que reducir la informalidad puede acelerar el crecimiento económico del Perú en 1.8 puntos porcentuales anual[1]. Esto es la mitad de todo el presupuesto del sector educación. El mismo Banco indica que el PBI informal asciende a 38% de la economía. Esto es superior al 20% que calcula el INEI pues considera no solo la producción informal del sector informal sino también la del sector formal, y esto es muy superior a la región[2]. Lo mismo ocurre con la informalidad laboral que superaba el 70% pre-pandemia.
Por ello, es necesaria una reforma estructural. Debemos reconocer que la única forma de avanzar en la formalización es logrando que los individuos modifiquen su conducta según incentivos o seguiremos insistiendo en propuestas de política conservadoras e incompletas. Tenemos que volver a conversar de estos temas y sumarlos a la discusión de propuestas para aumentar la productividad y competitividad.
En la primera pata, la tributaria, tenemos mucho por hacer no solo en los regímenes de impuesto a la renta aplicados a personas y a negocios, pero también en los incentivos que tienen los individuos para pedir un Comprobante de Pago Electrónico (CPE). Sobre esto quiero comentarles, bajo una mirada de tres generaciones de políticas de incentivos.
Tenemos décadas dando solo incentivos a la oferta: regímenes tributarios especiales para los micro y pequeños negocios con la esperanza de que crezcan y se formalicen, pero estos regímenes ofrecen pocos incentivos para crecer y las posibilidades de evadir y eludir impuestos son enormes (no estoy proponiendo eliminarlos, deben ser parte de una reforma estructural).
En lo que se refiere a incentivos a la demanda, una primera generación se enfocó por décadas a concursos de comprobantes de pago. Recientemente innovamos permitiendo a las personas reducir parcialmente su pago anual de impuesto a la renta por compras en restaurantes, entre otros, siempre que pidan CPE. A eso le podríamos llamar una segunda generación de incentivos a la demanda. No obstante, ambas generaciones resultan insuficientes. La segunda generación fue muy buena, pero no se concibió como parte de una reforma estructural. Solo a unas 5 de cada 100 personas y negocios le sirve un CPE para algo; para las otras 95, este no tiene utilidad, por lo que es necesario sumar más esfuerzos en modificar conductas.
Necesitamos empezar a discutir ya la tercera generación de incentivos a la demanda, no solo porque su implementación tomará tiempo, sino porque debe ser parte de una reforma tributaria estructural, e idealmente sumada a reformas en las otras patas de la mesa de la formalización. La informalidad es un problema complejo, que no se resolverá solo con reformas en una de las patas.
En algunos momentos se discutió que parte de los pagos de IGV de un individuo se conviertan en aportes a su cuenta de pensiones. Siempre me gustó la idea, más que todo porque nos familiarizó con la conversación para que las aportaciones sociales (pensiones y salud) se desvinculen de la planilla y se financien con impuestos generales como el IGV, otra reforma necesaria para impulsar la formalización. No obstante, es una propuesta insuficiente para formalizar en el corto plazo: los individuos no pensamos en el largo plazo. Es necesario traer a valor presente los beneficios.
La propuesta: Un consumidor está siempre mejor mientras más opciones tenga y cada uno tiene diferentes preferencias. Una reforma tributaria en este aspecto tiene que reconocer ello. Lo que necesitamos es crear una cuenta individual en la SUNAT y que el saldo que vaya acumulando producto del reconocimiento parcial de sus pagos de IGV pueda ser usado para una lista cada vez más amplia de aplicaciones. Eso permitirá que cada individuo maximice mejor su bienestar. Pensemos algunas de las siguientes aplicaciones:
- Devolución con depósito en cuenta
- Impuesto predial y arbitrios
- Impuesto vehicular
- Tasas administrativas (por ejemplo, por la emisión de antecedentes que se suelen requerir para aplicar a un empleo)
- Transporte: bus metropolitano, metro
Consumidores pidiendo un CPE con su DNI. ¿Qué ganamos con esto? Al menos 3 beneficios que suman a formalizar y a recaudar más:
- Ese CPE muy probablemente no se hubiera emitido sin el incentivo, y significa una venta formal de un negocio, que a su vez tendrá el incentivo de formalizar sus compras a proveedores. Este efecto es en cadena. Para que esto funcione mejor se requiere reformar los 4 regímenes tributarios aplicados a negocios para que se basen todos en márgenes.
- Con ello, la administración tributaria obtendrá información virtual de los grandes proveedores de la cadena, donde una acción de inducción o fiscalización virtual (en lugar de presencial) rendirá más frutos.
- Hay un efecto positivo sobre las aplicaciones contra las que se pueda acreditar el saldo a favor. Por ejemplo, individuos prefiriendo usar un transporte formal o pagando otros impuestos o tasas que no hubiesen pagado.
- Bono: son sabidas las reformas que requieren el impuesto predial y el vehicular, es probable que un mecanismo como este las viabilice en parte.
Una reforma tributaria estructural puede dar ex ante números positivos o de pérdida potencial cero de recaudación, incluso en el primer año, para evitar una oposición conservadora. Para ello se calibran los parámetros. La clave siempre: reconocer que solo los incentivos modifican conductas.
[1] https://fb.watch/6idTtdRV6F/
[2] Loayza, Norman and Claudia Meza-Cuadra. 2018. “A Toolkit for Informality Scenario Analysis.” Washington, DC: The World Bank. http://www.worldbank.org/informality
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