Estamos en un nuevo escenario. Ya el JNE ha proclamado como Presidente de la República al profesor Pedro Castillo. A pesar de la alegría de los que votaron por él y las tristezas de los que no, existen una serie de problemas que el nuevo presidente deberá enfrentar. Y las proyecciones nos hacen decir que será un gobierno con muchas dificultades en el camino, debido tanto a los grandes problemas nacionales que hemos acumulado, como a un congreso con una fuerte oposición y a las exigencias de los que votaron por el profesor Castillo. Utilizaré, libremente, los dos principios freudianos, el principio de placer y principio de realidad, para orientarnos en esta situación en la que estamos.
La idea central es: si queremos resolver algunos de los principales males de nuestra sociedad, debemos dejarnos orientar por el principio de realidad, aunque sostenido por un medido principio de placer. Las ideologías políticas o religiosas y los intereses personales o grupales, reúnen mucho del principio de placer, es decir, acentúan lo que desean, lo que quisieran que se realice. Las ideologías políticas quisieran un país con unas características generales, aunque frecuentemente difieran en qué tipo de país. Y en la medida que se realizan nuestros deseos, nos sentimos bien, nos da placer. Este principio de placer se ha exacerbado en la cultura consumista y hedonista, pues deseamos y obtenemos lo que deseamos. Y frente a una crisis global que ha puesto en cuestión esta cultura, buscamos mecanismos para protestar por nuestros deseos incumplidos. En este marco, podemos pensar los retos de la política actual.
Por un lado, es comprensible el malestar de los que sienten que han perdido. Aunque sabemos que muchas personas apoyaron a la señora Fujimori no porque fueran fujimoristas, sino que resultaba ser el mal menor. No obstante, sus deseos se han visto incumplidos y sienten, comprensiblemente, los estados emocionales correspondientes: tristeza, rabia, miedo, etc. Pero su principio de placer debe ceder paso al principio de realidad. Existen leyes e instituciones que debemos respetar, si queremos que este país funcione. Además, la política no se acaba con no haber tomado el poder, sino que continúa en el ejercicio del necesario contrapeso de los grupos políticos y de la ciudadanía. Desde el Congreso, el Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades, se puede hacer mucho por el país. Pero también desde las organizaciones civiles, que puedan hacer propuestas a los poderes políticos.
En otras palabras, debemos reconocer que ya las elecciones terminaron y que, de modo realista, asumamos nuestras tareas con un objetivo común, el bienestar y la justicia social del país.
Por otro lado, si bien es entendible las alegrías y celebraciones de los que han ganado las elecciones, pues sus deseos se han visto realizados, ahora les toca, a los que van a tomar las decisiones políticas, asumir sus responsabilidades con el país, no sus exigencias ideológicas o intereses grupales. Reconocer el tamaño y peso de los problemas y demandas sociales, pero también los límites materiales y temporales para resolver todos los problemas. Más aún si se asume un país dividido. Por eso, ha sido importante que el proclamado Presidente haya empezado con el llamado a la unidad, que debiera concretarse de distintas maneras: conversaciones con los líderes políticos y con líderes sociales y, sobre todo, unir a los peruanos entorno a una agenda mínima, que nos permita unificar nuestros intereses y actividades.
Dicho de otro modo, el principio de placer se ha incrementado en la mayoría que ha ganado, como en otras elecciones. Pero la realidad siempre ha ido más allá y hemos terminado con presidentes que no cumplieron sus promesas o metidos en actos de corrupción. Y, volvemos a señalar, los problemas que tenemos como sociedad son muchos, por lo que el poder ejecutivo y legislativo tendrán que priorizar, como la salud, la economía y cerrarle el paso a la corrupción. Así que lo razonable será dejarse guiar por el principio de realidad, aunque inspirado por el principio de placer que, en política, siempre debiera ser el bien común.