El mutualismo mediático con el MOVADEF

Neptali Carpio

El fenómeno del mutualismo en la especie animal consiste en la coexistencia antagónica entre varios seres vivos. Unos necesitan de otros, pero se depredan entre ellos mismos. Algo similar viene ocurriendo en el Perú, ya desde hace muchos años, en la relación entre un sector mediático y político con el MOVADEF o Sendero Luminoso. Se despotrica contra estas fuerzas, pero se necesita de ellas para construir escenarios políticos y mediáticos. A tal punto que se requiere inventar ecosistemas de medias verdades o mentiras sobre un inminente resurgimiento del fenómeno terrorista, para construir un hábitat político conservador. Mientras tanto, los lideres senderistas encarcelados envejecen, evidentemente derrotados.

Pero, intentado volar a la altura de las águilas, muy lejos del revoloteo rapaz de aves carroñeras, los sectores democráticos más sanos, pero, más audaces, en las actuales condiciones, deberían tomar una opinión sobre que opción legal dar a los militantes del MOVADEF y a los 353,371 ciudadanos que firmaron los planillones, el año 2010, cuando pretendieron su inscripción legal. El hecho que se tenga una firme posición contra cualquier versión de terrorismo, no nos exime del hecho que un régimen democrático debe hacerse una operación para incorporar a ese sector de la sociedad a la legalidad, a condición que renuncien a sus nefastos propósitos. Será un proceso muy largo, tortuoso, complicado y quizás transcienda a la muerte del sanguinario líder Abimael Guzmán, pero debe hacerse.

¿Cuál debería ser la actitud de una posición democrática, mirando el largo plazo, frente a los miles de pobladores que firmaron el planillón del MOVADEF y de sus dirigentes? ¿Condenarlos al ostracismo y la exclusión perpetua de nuestro sistema legal o darle una salida legal y democrática, estableciendo abiertamente las condiciones para su incorporación definitiva en nuestro ordenamiento legal? Mi punto de vista es que un régimen democrático debe ofrecerle a este sector, por más minoritario que sea una salida legal y democrática. Pero, la condición central para ello es que los seguidores del MOVADEF, especialmente los dirigentes y quienes tuvieron una probada militancia en el grupo terrorista Sendero Luminoso, renuncien a la lucha armada, a las acciones terroristas y al pensamiento Gonzalo. Esta salida, por cierto, no puede incluir a quienes están condenados o procesados, por haber participado en atentados contra la vida de las personas y frente a militantes de izquierda, de Acción Popular, el Partido Aprista, el fujimorismo, así como contra personalidades, autoridades y dirigentes sociales como María Elena Moyano.

Esta postura, puede tener algo de ingenua, pero es central para decantar posiciones frente a los sectores conservadores de la sociedad, que en el fondo quieren prolongar el relato antiterrorista, para validar un discurso negacionista frente a otras acciones de violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, con el propósito de generar miedo, medias verdades y mentiras, con la intención de construir un escenario antidemocrático y golpista. Es un extraño síndrome, que linda con la patología social, ahí donde un sector quisiera que el fantasma del terrorismo se haga realidad, para validar un discurso maniqueísta que apele a los bajos instintos de la sociedad. Estoy seguro que una investigación seria del atentado en Vizcatán en el VRAEM, en plena segunda vuelta electoral, podría develar de manera cruda este extraño síndrome tanático.

Dar una salida legal al MOVADEF, es además una manera de formalizar el hecho que, por diversas circunstancias y vericuetos, gran parte de sus seguidores ya se están incorporando a la legalidad, como se puede observar en las relaciones y cercanías con Perú Libre, en las elecciones locales y regionales y en sus accionar en las últimas elecciones presidenciales. Lo que está muy mal es que esa incorporación sea sin autocritica de por medio, sin una renuncia explicita a un pasado violentista o de apología. Pero también es altamente criticable que un gran sector mediático del país fagocite de ese proceso, generando un morbo que no se condice con un tratamiento serio del problema. Esa nomenclatura mediática se ufana diariamente de denunciar las relaciones de ciertos personajes, con el MOVADEF, pero convive con un discurso catastrofista de la realidad, el que en realidad responde a otros intereses.

¿Qué preferimos los demócratas? ¿Qué durante décadas los militantes del MOVADEF permanezcan en la clandestinidad, en la marginación social, renuentes a renunciar a una ideología violentista o el Estado debería crear las condiciones para su arrepentimiento y renuncia de un pasado violentista e incorporarse a la legalidad?  Son preguntas que no caben en la mente de quienes hacen política levantando el fantasma del terrorismo a falta de imaginación para construir relatos diferentes que cierren un ciclo que hizo mucho daño al Perú. Después de todo, son situaciones históricas que afrontaron otras democracias, con sus propias particularidades, tal como ocurrió con las FARC en Colombia, los Tupamarus en Uruguay, los movimientos guerrilleros en Brasil o las Brigadas Rojas en Italia. En todos esos casos, las democracias supieron distinguir acertadamente entre la acción punitiva firme frente a los autores de acciones terroristas o guerilleras y la creación de mecanismos de arrepentimiento para quienes optaron por ingresar a la legalidad, renunciando a sus ideologías intolerantes.

En el Perú, aun no existe plena conciencia para encarar este problema, porque se piensa que es sinónimo de claudicación. No hay lideres, intelectuales, grupos mediáticos con la convicción y valentía para abordar un problema que a un determinado grado de desarrollo se debe enfrentar con una estrategia legal adecuada y en el marco del Estado de Derecho. Quizás tengan que venir otras generaciones más frescas, más objetivas y trascendentes en la historia para cerrar definitivamente el trauma de la época violenta de los años 80 y 90, del siglo pasado. Por algo debió ser que Francia tardó cerca de 100 años en llegar a determinados consensos sobre las causas de los horrores y excesos que se produjeron durante la Revolución Francesa, en el Siglo XVIII. En el subconsciente colectivo de varias generaciones aun no se ha logrado que un documento histórico como el Informe de la Comisión de la Verdad, en el Perú, haya adquirido un respetable consenso.

Mientras tanto, predomina en los medios de comunicación el populismo punitivo frente a cualquier personaje que en su juventud haya tenido relación con algún grupo violentista, sin que el poder judicial haya emitido sentencia ni la fiscalía haya siquiera emitido una acusación. Ahora resulta que es suficiente que alguien haya tenido un atestado policial que nunca termino en un proceso judicial o acusación fiscal, para liquidarla mediáticamente. Para los sicarios mediáticos, la presunción de inocencia no vale nada. Solo bastan algunos pequeños datos o declaraciones de miembros de Sendero Luminoso, que nunca aportaron pruebas para condenar a una persona. Eso solo basta para construir un escenario golpista y desestabilización de un gobierno que por ahora no pasa de los 40 días de gestión. Solo faltaría que alguien denuncie a Mario Vargas Llosa y lo tilde de terrorista, por su abierta militancia castrista en su juventud.