Los pedidos por el retorno a clases escolares – en modo de semipresencialidad en 2021 y de presencialidad en 2022 – por parte de varios padres de familia han merecido dos tipos de respuesta. De un lado, otro grupo de padres, asustados por las posibles consecuencias de la exposición de sus hijos al virus – o que han empatado estos temores con aquellos que ya tenían sobre el mundo – que brindan respuestas desaforadas en redes sociales a los colectivos o voceros más visibles de la causa. De otro lado, la mirada hacia el techo de diversas instancias del Ministerio de Educación, más temerosas de posibles conflictos con los sindicatos de maestros o los apoderados contrarios al regreso a las aulas.
Hay que indicar que la evidencia está a favor de quienes abogan por un retorno seguro a, por lo menos, modalidades parciales de presencialidad. Distintos organismos internacionales han señalado los impactos en aprendizajes, salud mental y sociabilización de los menores de edad que no han acudido a las aulas en un periodo prolongado de tiempo. Por tanto, la causa no solo es justa, sino también es urgente que, al menos para contar con ciertos espacios de recreación y educación ciudadana, se busque tener cierto regreso a lo que teníamos antes de marzo de 2020.
Anatemizar esta demanda como una “causa de padres y madres hartos de sus hijos” es un argumento poco empático. Varias de las entidades multilaterales que han alertado sobre el impacto del encierro en los menores de edad también han indicado que las mujeres han incrementado su tiempo de “trabajo no remunerado” – el eufemismo para las labores domésticas – tanto para quienes se dedicaban exclusivamente a su hogar como para quienes tenían un empleo fuera de casa. El machismo imperante en la sociedad peruana no solo recrudece este dato, sino que también lo invisibiliza.
Los padres de familia que son más favorables al retorno pronto a las aulas también deberían demostrar un poco más de empatía con los padres que aún están temerosos de contagios, así como analizar de mejor modo las razones sobre estos medios, que pueden ir desde la desinformación, la existencia de hogares con personas vulnerables a la Covid 19 o la proyección de recelos previos. Además, se requiere una variedad de voceros que muestre las distintas realidades educativas del país, para que una legítima demanda no quede confinada a los centros escolares privados de élite, cuyos alumnos han sido los más visibilizados en estas semanas. Y no ayuda menospreciar el esfuerzo de los maestros para tratar de brindar el servicio educativo en condiciones difíciles (en muchos casos, heroicas).
A su vez, el Ministerio de Educación debería ser el encargado de transmitir mensajes que ayuden a reducir los miedos de los padres de familia y de un sector de maestros. A la par, atendiendo parcialmente a las demandas de los dos sindicatos magisteriales y considerando las condiciones de la caja fiscal, deberá evaluar la concesión de un bono o un aumento salarial a los profesores, en reconocimiento al esfuerzo hecho durante los últimos dos años. Del lado de los sindicatos, deberán considerar que la más reciente Encuesta Nacional de Docentes señala que la inmensa mayoría de ellos quiere volver a las aulas.
Finalmente, urge hacer un esfuerzo serio por repensar los objetivos y modos de la educación peruana. El retorno a clases debe implicar una reflexión sobre lecciones aprendidas de la formación a distancia y la incorporación de algunas particularidades de la misma en adelante. A la par, los padres deberán preguntarse si lo que quieren de las escuelas son guarderías glorificadas, meros centros de preparación para la universidad o si, de verdad, apuestan por una formación integral de sus hijos que contemplen distintos modos de aprendizaje que no se circunscriban a estar 6 horas en un aula. Ha llegado el momento de hacer una evaluación profunda de lo vivido en estos años de distanciamiento social y de contemplar que, en efecto, varias costumbres, hábitos y metodologías han llegado para quedarse.