Ayer se cumplió 1 año del fallecimiento de Inti Sotelo y Bryan Pintando, jóvenes que formaron parte de las marchas en contra del nombramiento de Manuel Merino como presidente de la Repúblico.
El paso 12 de noviembre, el ministro del Interior, Avelino Guillén, comentó para el programa “No Hay Derecho” que la investigación que tenían 11 policías por las acciones tomadas durante las protestas del año pasado fueron archivadas en segunda instancia. La decisión fue dada por la Inspectoría de la Policía Nacional.
Ante este panorama, el Tribunal de Disciplina de la Policía, decidió iniciar un nuevo proceso de investigación para hallar a los responsables de la PNP que producto de la represión que emplearon dejaron dos muertos, más de 70 heridos y desaparecidos.
Precisiones
Guillén había señalado que el caso pasó en segunda instancia por Inspectoría que discrepó de la opinión de la investigadora de primera instancia y se pronunció por la absolución de todos los 11 investigados.
Fueron absueltos quien ese entonces era el subcomandante de la Policía Nacional del Perú, general Jorge Lam Almonte; el exjefe de la Región Lima general Luis Cayas Medina; y nueve oficiales más.
La República informó que en el documento, de 123 páginas, precisan que el procedimiento administrativo inicial obvió una serie de procedimientos indispensables, por lo que anuló la primera resolución administrativa, que hallaba responsabilidades en los once oficiales, así como la decisión de Inspectoría, de absolverlos. Es decir, todo vuelve a fojas cero.
Uno de los argumentos expuestos es que se contravino la normatividad al no haber descrito los hechos concretos imputados y la tipificación de las presuntas infracciones en la resolución de inicio.
El Tribunal
Entonces, el Tribunal de Disciplina Policial ha decidido reiniciar el proceso administrativo disciplinario. Alfonso Salas, quien preside este órgano, comentó para el medio de comunicación que no se valoró de forma idónea todos los puntos necesarios.
“No se valoró de forma adecuada los indicios de la presunta comisión de infracciones muy graves vinculadas al uso de la fuerza en forma innecesaria o desproporcionada así como que se actuó con negligencia, lo que trajo como consecuencia muertes y lesiones graves”, enfatizó.
La resolución advierte que durante la investigación no se tomó en cuenta una serie de partes policiales sobre hechos importantes, como los disparos al aire con arma de fuego realizados por un suboficial en la marcha del 12 de noviembre del 2020, y que “denotaría la existencia de indicios de una infracción grave” por no haber habido causa justificada para ello.
Finalmente, la primera sala del Tribunal de Disciplina Policial precisó que la nulidad no alcanza las acciones probatorias y de investigación realizadas por la Oficina de Asuntos Internos.
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