El hambre aumenta en la región. El último informe de la Organización de las Naciones Unidas, “América Latina y el Caribe: Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional” muestra una situación complicada para nuestra región. El hambre está en su punto más alto desde el año 2000, después de un aumento del 30 % en el número de personas que padecen hambre entre 2019 y 2020; el gran golpe de la pandemia ha conllevado que, en tan solo un año, 13.8 millones de personas padezcan hambre, sumándose un total de 59.7 millones en América Latina y el Caribe.
En 2020, la prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe fue de 9,1%, la cifra más alta en los últimos quince años. Entre 2019 y 2020, la prevalencia del hambre en la región aumentó en 2 puntos porcentuales, lo que podría explicarse en parte a causa de los efectos de la pandemia de COVID-19, según explican en el estudio. Esto significa que, en 2020, 59,7 millones de personas en la región estaban subalimentadas, es decir, 13,8 millones más que en 2019.
El 47.8 % de peruanos sufre inseguridad alimentaria
Como precisan en el estudio, los niveles de hambre e inseguridad alimentaria han aumentado en la región desde 2015, los que podría verse incrementados por los efectos de la pandemia de COVID-19. Actualmente, la región está aún más lejos de alcanzar la meta 2.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria.
En Sudamérica, durante 2020, la inseguridad alimentaria grave llegó a 12,9%, 7,5 puntos porcentuales más que en 2014, o un aumento de 139% en seis años. Solo el año pasado (entre 2019 y 2020), este indicador creció 4,3 puntos porcentuales en la subregión.
En Mesoamérica (México a Costa Rica) por otra parte, la prevalencia en 2020 fue de 11,2%, 3,9 puntos porcentuales más que en 2019.
Para el Perú, el estudio revela que el 47.8% de la población sufre inseguridad alimentaria entre moderada y grave; donde cerca de seis millones de personas están en condiciones de malnutrición severa, afectando seriamente contra su salud.
Para comprender mejor esta problemática conversamos con la presidenta de la Comisión Metropolitana de Salud Pública y Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima, Jessica Huamán, quien nos señala que “tener seguridad alimentaria es tener acceso físico, económico y social a alimentos seguros y nutritivos para cubrir los requerimientos que puede tener la población o persona”.
Además, como comparte Huamán, cuando se habla de seguridad alimentaria nos referimos al acceso de alimentos nutritivos y no de alimentos ultra procesados, los cuales, lamentablemente, “están causando que coexistan el hambre, anemia, bajo peso, con la obesidad y sobrepeso. El 69.9 % de la población adulta en Perú tiene sobrepeso u obesidad y es algo que está en paralelo, y esto lo hemos visto en las zonas más altas donde han tenido donaciones de algunas empresas que han consistido en alimentos procesados y la población ha priorizado este tipo de alimento para dárselo a los niños y niñas”, alerta.
En comparativa con el 2019, se ha incrementado en 2.9 % la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave (44.9 % a 47.8 %) y en 1.2 % en la inseguridad alimentaria grave (18 % a 19.2%). Las implicancias de la pandemia son los principales causantes de este aumento; desde su experiencia, Jessica Huamán relata cómo el acceso físico a los alimentos se ha visto mermado por el cierre de mercados; el acceso económico también se ha visto afectado por el cierre de negocios, quiebre de empresas y despidos.
“Asimismo, hay datos en relación a los peruanos que se dedican a actividades informales, casi el 70 % de la población vivía del día a día, en las actividades o trabajos informales en las calles; y al darse una cuarentena total no se tenía la posibilidad de mantener a las familias y, en ese sentido, había una inseguridad alimentaria por la falta de acceso económico y físico”.
Los problemas en el acceso a la buena alimentación
La ONU advierte que a nivel región estamos perdiendo la batalla contra todas las formas de malnutrición, pues hemos vuelto a los niveles de hace 15 años. “Queda mucho por hacer para garantizar una dieta saludable para toda la población a lo largo de la vida. Estas tendencias no se revertirán si no transformamos nuestros sistemas agroalimentarios para que sean lo suficientemente eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles como para proporcionar una dieta saludable para todos, sin dejar a nadie atrás”, sostiene el organismo.
En el contexto nacional, Huamán alerta que el no haber tenido acceso a las zonas más altas hizo que no puedan llegar alimentos de manera adecuada (o a tiempo) a las ollas comunes; esto desencadenó una inseguridad alimentaria. “También se habla de un factor cultural, según los datos en Lima Metropolitana, vemos que hay un 22% de niños y niñas menores de cinco años alimentados por las ollas comunes que no reciben un alimento especial, se les brinda un alimento que carece de proteínas; por ejemplo, porque se tiene la creencia de que quien necesita estos alimentos son los adultos que trabajan y los niños y niñas, no”.
Además, la especialista considera que se debe tener en cuenta el incremento en el sobrepeso y obesidad. Actualmente, 106 millones de personas (1 de cada 4 adultos) padece obesidad en América Latina y están expuestos a enfermedades como diabetes, cáncer y otras de tipo cardiovasculares. Su preocupación nace a razón de un problema poco visibilizado, las donaciones por parte de las empresas – en algunos casos- a asentamientos humanos u ollas comunes, son alimentos no nutritivos.
“En relación al tema de donaciones, desde el Equipo Técnico de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, siempre hemos hecho notar que la población que recibe alimentos donados es población sujeta de derechos, y el derecho a la alimentación saludable es sumamente importante que se visibilice y se respete. La empresa privada debe tener responsabilidad en donar productos o alimentos que realmente nutran, no gaseosas, no galletas de chocolate; y hemos visto que esto se ha donado, y el mensaje que se da por su parte es ´estamos combatiendo el hambre´, y lo que se ha donado son productos ultra procesados que – si se quiere hablar de hambre de una manera muy superficial – se podría decir que están brindando calorías, pero no son las más saludables ni aportan a la salud de la población”.
El factor empresa y regulaciones. Desde el Estado se tienen regulaciones como la Ley Nº 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene como objeto la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas, aquí se incluyó que diversas empresas que comercializan alimentos y bebidas procesadas en el Perú comiencen desde el 2019 a colocar etiquetas negras, llamadas octógonos, en sus empaques. Los octógonos son advertencias publicitarias que se encuentran en las etiquetas y publicidad de los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas que exceden los parámetros técnicos (medida) establecidos por la autoridad sanitaria, en nuestro país el Ministerio de Salud (Minsa). Estas etiquetas advierten a los consumidos que el producto alimenticio es alto en sodio, azúcar, grasas saturadas o contiene grasas trans.
Sin embargo, como presentamos en el informe “Indecopi contra los consumidores”, hay muchos casos en el que las empresas han aprovechado vacíos legales – u otras estrategias- para evitar sanciones por el incumplimiento de la ley 30021. Casos como Bimbo donde según la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de Indecopi, se difundió publicidad en el empaque del producto “Pan Blanco Sin Bordes, 690g” sin consignar la advertencia publicitaria “Contiene grasas trans: Evitar su consumo”, pese a que el rotulado de dicho alimento indica que el 0.7% del total de grasas corresponde a grasas trans. Lo antes señalado contravendría el artículo 10 de la Ley 30021 – Ley de promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes.
Pese a esto, para la nueva sala encargada de recibir las apelaciones del caso, el producto Pan Blanco Sin Bordes 690g no pasa el parámetro previsto por la FDA en cantidad de grasas trans y, por lo cual, “no es exigible incluir en este la advertencia publicitaria “Contiene grasas trans: Evitar su consumo”, una decisión rechazada incluso por el Ministerio de Salud.
Para la presidenta de la Comisión Metropolitana de Salud Pública, debería haber una co responsabilidad en relación a los municipios o gobiernos locales que son, al fin y al cabo, los que pueden recepcionar estos alimentos, y; como segundo agente, la empresa privada que tiene que garantizar que los productos que se le van a brindar a la población no necesariamente van a ser excesivos en grasas, azucares, sodio; para no afectar la salud de la población. “Es importante que la empresa pueda ir migrando hacia los productos saludables, pero también sincerar la información; tiene mucho que ver con la regulación de la publicidad, se debe mostrar a la población cuales son los componentes reales de los productos y su porcentaje”.
Una forma de facilitar el acceso
Desde su cargo, Huamán comenta que ha venido dialogando con ministerios y autoridades para lograr estrategias relacionadas en brindar mayor acceso no solamente a la población local, sino también a los productores locales a espacios públicos para que puedan vender sus productos a precio justo.
“Se ha visto por conveniente que el Midagri tome en cuenta la posibilidad de llevar a los productores locales hacia las zonas altas para que puedan tener una venta directa a un precio justo, es un ganar – ganar para el productor local y para las ollas comunes o comedores populares”.
Además, precisa que este tipo de actividad debe ser sostenible en el sentido en que todos los espacios que se pueden utilizar para estos productos también tengan en cuenta la recuperación y rescate de alimentos. “Todo alimento que no se llega a vender, que no se llega a comercializar por algún motivo, pueden ser donados por el productor para que puedan usarse no solamente en el consumo de la comunidad, sino en la alimentación de animales. Hemos estado conversando con Midagri y en el nuevo Proyecto de Ley de Ollas Comunes, se está consignando esto, el trabajo conjunto con los productores locales”.