Hasta el momento el Congreso no tiene los votos para aprobar una vacancia por incapacidad moral. Tampoco los argumentos. El presidente no ha planteado un adelanto de elecciones, que sería casi una renuncia, pero conjunta, y tampoco tiene los votos para promoverlo. Legislativo y Ejecutivo siguen sin mirar lo importante y la ciudadanía siempre al medio sin liderazgos siquiera sensatos. ¿Qué hacer?
Es difícil dar soluciones. Pueden existir muchas normas, pero si no hay voluntad política para cumplirlas, vamos a seguir en este entrampamiento. Recordemos al magistrado del Jurado Nacional de Elecciones que el año pasado no renunció, porque estaba prohibido, sino que “declinó” a ejercer su cargo. Pero también es cierto que nuestras reglas de juego político tampoco han ayudado. Entonces, tenemos dos grandes problemas: tanto reglas de juego como voluntad de cumplirlas han fallado.
Sobre lo primero, queda claro que nuestro sistema político necesita cambios urgentes. Desde diciembre de 2017, en promedio se ha tramitado una vacancia por incapacidad moral cada 09 meses. La simpatía por los expresidentes es totalmente subjetiva, así como la coincidencia con sus ideologías o la calificación de sus políticas. El problema no va por ahí, sino por la inestabilidad y la aplicación arbitraria de la ya famosa causal. Aquí reglas y voluntad van de la mano, pues un concepto amplio no significa siempre arbitrariedad en su aplicación.
El derecho constitucional cuenta con diversas herramientas que pueden ser vistas como un machete: bien empleadas, sirven para remover la maleza y permiten seguir avanzando. Pensemos en el juicio político, la censura a ministros, el cierre constitucional del Congreso o la vacancia por incapacidad moral. Sin embargo, un machete también puede ser usado para amedrentar, mutilar o incluso matar. En ese caso, el problema no es la herramienta, sino su uso arbitrario y antojadizo.
Entonces, es momento de cambiar ambas cosas. Congreso y Gobierno tienen altos índices de desaprobación a solo ocho meses de iniciados sus mandatos. El solo hecho de que se insinúe un adelanto de elecciones evidencia el alto desgaste político que han sufrido todos los actores. Pero el problema es más profundo, pues propuestas así socaban la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y generan un hartazgo frente a la política. Recordemos que desde el periodo 2011 – 2016 no se completan periodos congresales y presidenciales de cinco años. Lo que fue una excepción en el periodo 2016-2021 no puede convertirse en la regla general.
Nada asegura que unas nuevas elecciones resulten con un Congreso menos fraccionado (todo lo contrario) o con una sorprendente estabilidad política. Todo lo contrario: con los mismos partidos y sin reelección parlamentaria no hay incentivos para que el Congreso se modere en el uso de la vacancia o el Ejecutivo con la disolución o adelanto de elecciones. Sin un cambio de reglas, la posibilidad de un uso arbitrario seguirá siempre latente.
La sola sobrevivencia del Ejecutivo y del Legislativo no son suficientes para que se supere la crisis. Es necesario un pacto político que mire hacia el futuro y asegure un nuevo compromiso. Nuevamente, reglas y voluntad de la mano. Posibles puntos de partida hay muchos, por ejemplo, las reformas de la Comisión de Reforma Política que quedaron a medio camino. Espacios para impulsarlos también: el Consejo de Estado o un actualizado Acuerdo Nacional pueden ser propicios para ello.
Sin embargo, falta lo más difícil: la visión a futuro y dar el primer paso. Hasta el momento ni el Gobierno ni el Parlamento parecen tener intenciones de hacerlo. Tampoco parecen tener los incentivos ni la motivación. Tocará a la sociedad civil y las fuerzas de fuera del Congreso presionar para que las cosas sucedan. En medio de tanta oscuridad, ya no quedan faros. Nos van quedando solo velas.
