Ya es un lugar común decir que el presidente Castillo carece de los instrumentos básicos para gobernar el país, desarrollar e implementar políticas públicas o, simplemente mantener (ni siquiera mejorar) lo recibido.
Carente de una propuesta para el país, sin un programa concreto de acción que responda de manera efectiva e inmediata a la crisis económica y social post pandemia, agravada por los efectos de la guerra en Ucrania, el presidente se ha dedicado a lanzar fuegos artificiales, la última de ellas es su anuncio de proyecto de ley para consultar sobre una nueva constitución.
Pero su arsenal de bombardas, bengalas y cohetones no se queda ahí. Ante un execrable suceso en el norte del país, donde una niña de 3 años es secuestrada, torturada y violada, el presidente anuncia un proyecto de ley para instaurar la castración química contra los violadores de menores, un refrito que ya había sido utilizado en el pasado, con el mismo resultado, el archivo.
Medida que apela a la justa indignación de las víctimas y la repulsa de la sociedad en su conjunto; intenta manipular los legítimos reclamos de justicia, la sensación de impunidad e indefensión por parte de la sociedad en su conjunto.
Y no es para menos, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Perú se registra un promedio de 15 violaciones a menores cada día, lo que, seguramente, debe representar solo una parte de lo que sucede en la realidad. Otro indicador que refleja la gravedad del problema son los 10,014 presos por este delito, la segunda población penitenciaria más numerosa después de la de robo agravado.
No faltaron, por supuesto, aquellos que aprovecharon la situación pidieron pena de muerte y el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La castración química consiste en la administración de un medicamento, en forma periódica y regular, con la finalidad de reducir la producción de testosterona en los testículos y, por tanto, reducir la libido. Según sus proponentes, sin libido… no es posible la sexualidad.
Lo cierto es que la propuesta del presidente ha demostrado ser un fracaso rotundo ahí donde ha sido utilizada. Los datos de Indonesia, Corea del Sur, Estados Unidos, Polonia y Rusia así lo comprueban.
La medida, en primer lugar, es punitiva, no preventiva. Se instaura una vez producida la violación. En segundo lugar, es inefectiva, toda vez que, para administrar el medicamento, se debe contar con la autorización del “paciente”. La gran mayoría de ellos, por supuesto, lo rechaza. Tercero, el efecto del medicamento es reversible. Si deja uno de utilizar el medicamento, la producción de testosterona se restablece. Cuarto, no es 100% eficaz, toda vez que el componente hormonal es solo una parte de la sexualidad, la cual es fundamentalmente mental. Si el estimulo está presente, el violador volverá a perpetrar su delito, con o sin medicamento ya que, aunque se expresa sexualmente, en realidad es una manifestación de violencia.
La propuesta obvia el hecho que la mayor parte de los violadores tienen historias de una infancia y adolescencias traumáticas marcadas por el abandono y el rechazo afectivo; incluso, la mayoría han sido victimas sexuales a temprana edad o sometidos a entornos de hipersexualidad sin capacidad de desarrollar controles inhibidores. También son víctimas de la alteración de su socialización sexual, con patrones alterados de carácter cognitivo conductual.
Además de inútil, la castración química sería un despilfarro. En el hipotético caso que tuviésemos que medicar a los 10 mil presos, esto costaría unos 97 millones de soles al año, el equivalente a lo que gasta el MINSA en tratar el cáncer o el doble de lo que invertimos en el tratamiento de la tuberculosis y el SIDA.
Aún así, la propuesta logró su objetivo, distraer. Y lo hizo con el apoyo diligente de su ministro de justicia, quien ha desarrollado una propuesta de ley que, además, en el caso de aprobase, ¡recién sería aplicable el año 2057!
¿Y el ministro de salud? Bien, gracias.
Cuando el humo de esta propuesta se disipaba, otras bombardas fueron lanzadas, primero el anuncio de “un cambio radical de gabinete” y luego otra, el referéndum constitucional.
Mientras, la ejecutoria del gobierno sigue desmoronándose. Por ejemplo, al momento de escribir este artículo, se revela que unas 50,000 personas, la mayoría de ellas trabajadores de salud, habrían sido vacunadas, “por error”, con una dosis doble de vacuna COVID19. Un “error” más en un programa emblemático y exitoso que había logrado inocular más de 71 millones de dosis en un poco más un año y que languidece en manos inexpertas.
Por si esto fuera poco, se suma el anuncio hecho por el director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo por el Perú, Sr Silvio Rendón, que esta entidad bancaria y el Banco Mundial, estarían por cerrar el Proyecto de mil millones de soles destinados a fortalecer las redes integradas de salud (PCRIS), por falta de ejecución y desgobierno. El señor Rendón no es un miembro de la oposición, es un funcionario designado por el gobierno de Castillo.
Lamentablemente, en medio de una profunda crisis, el único castrado es el gobierno del presidente Castillo; sin norte y sin programa, se ha dedicado a fabricar humo.
Excelente artículo Dr Zamora