Por aparentemente haber incurrido en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda acusar constitucionalmente al jefe de Estado.
Fueron 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención con los que el documento ha sido validado.
El informe final implica a Pedro Castillo en diferentes casos como las injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas, el haber despachado paralelamente en el domicilio de Sarratea y el «Puente Tarata III».
Héctor Ventura, quien lidera este grupo de trabajo, señala dentro de las conclusiones que el presidente de la República junto al prófugo Bruno Pacheco, el detenido Zamir Villaverde y la empresaria Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones ganadas en el MTC en el caso «Puente Tarata».
Con la aprobación de este documento y la denuncia oficializada será el turno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para posteriormente -de seguir esa tendencia – se lleve a la Comisión Permanente y luego sea el pleno del Congreso que defina la sanción constitucional que pueda recibir el mandatario.
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