Este jueves la Comisión de Fiscalización debatirá y abrirá camino al primer paso del informe que recomienda denunciar constitucionalmente al jefe de Estado, Pedro Castillo.
Luego de que el mandatario desistiera a última de hora de declarar ante dicha comisión por el “caso Sarratea” se conoció el informe final que señala que Castillo habría incurrido aparentemente en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
Héctor Ventura, quien lidera este grupo de trabajo, señala dentro de las conclusiones que el presidente de la República junto al prófugo Bruno Pacheco, el detenido Zamir Villaverde y la empresaria Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones ganadas en el MTC en el caso «Puente Tarata».
El informe también precisa que Castillo despachó de manera paralela en el domicilio del Pasaje Sarratea pese a que se pidió que se transparente la lista de personas con las que se reunió. En dicho caso se incorpora a los parlamentarios Alex Paredes y Lucinda Vásquez, por incumplimiento de la ley de transparencia.
El documento precisa que el jefe de Estado realizó estas reuniones para infringir en actos de corrupción. No obstante, hay una contradicción ya que añaden que existe una investigación fiscal.
“Ha quedado corroborado por esta comisión fiscalizadora que el presidente José Pedro Castillo (…) ha mantenido reuniones fuera del domicilio legal del Despacho Presidencial (…) con exministros de Estado, congresistas de la República, funcionarios y empresarios, con el propósito de planificar de manera conjunta actos de corrupción en la administración pública, en el contexto de una organización criminal; hechos criminales que, a la fecha, vienen siendo materia de investigación fiscal”, se lee en el oficio.
Para tomar en cuenta
Este informe final posee 361 páginas en las que además de los casos “Puente Tarata” y “Sarratea” se abordan temas como las de las supuestas injerencias en la Sunat y ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.
Con una notaria ruptura de la bancada de Perú Libre, que piden la renuncia de la militancia de Castillo, la Comisión de Fiscalización debatirá y votará este informe.
De ser positivo para los intereses de este grupo de trabajo, la denuncia oficializada sería enviada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para posteriormente -de seguir esa tendencia – se lleve a la Comisión Permanente y luego al pleno del Congreso.
Con la legislatura pronto a terminar, una posible sanción constitucional contra el mandatario sería evaluada en el próximo periodo legislativo 2022-2023.
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